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El presidente ejecutivo de la AAA, Alberto Lázaro, alertó que el en proceso es necesario tomar en cuenta los acuerdos con los bonistas y acreedores de la corporación pública. (Teresa Canino)
El proyecto de revitalización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) aún confronta obstáculos en el Senado, pues el presidente senatorial, Eduardo Bhatia, advirtió hoy que no le dará paso a la medida hasta que se establezcan mayores controles para fiscalizar y regular las operaciones de la corporación pública. 
En la víspera de la reunión en que la Junta de Gobierno de la AAA discutiría la posibilidad de comenzar un nuevo proceso de revisión tarifaria, Bhatia pidió tiempo adicional para diseñar el nuevo mecanismo regulador que, según anticipó, podría parecerse a la Comisión de Energía creada, entre otras cosas, para velar por el ajuste de tarifas en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Durante la única vista pública del Senado sobre el Proyecto de la Cámara 2786, Bhatia le propuso al presidente ejecutivo de la AAA, Alberto Lázaro, crear un “comité de diálogo” que discuta durante los próximos días cuáles serán los controles adicionales que le añadirán a la pieza que proveería a la entidad pública un nuevo instrumento financiero para saldar la deuda de cerca de $140 millones que tiene con contratistas y suplidores, y que le permitiría reactivar su Programa de Mejoras Capitales.
“Tiene que ser urgente. Sé que este proyecto de la AAA es importante, pero que se sepa que no se va a aprobar si no se incluyen unos controles. La época en que las corporaciones públicas venían a pedir dinero y apoyo de la Legislatura sin un control de eficiencia, de innovación, sin unos controles y unas consecuencias de no cumplir, eso se acabó”, manifestó Bhatia a los periodistas al salir de la audiencia pública de la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua del Senado.
“Me gustaría que hubiera una comisión que tuviera los mismos poderes de que, si al ciudadano se le va a subir la tarifa, tiene que ser justificado, como tiene que ser justificado ahora en la AEE. Ese tipo de control es bueno para el País, pero no lo quiero hacer de una forma improvisada, sino que habría que sentarnos, dialogarlo, pensarlo, hacerlo de una forma correcta, pero es el tipo de control que quisiéramos incluir. Y eso es indispensable, algún tipo de control en este proyecto”, añadió el líder legislativo.
Por virtud de una enmienda incluida en la Cámara de Representantes, la legislación ya establece que la AAA no podrá aplicar ningún aumento en la tarifa de agua hasta el año fiscal 2018. 
Lázaro, por su parte, acogió la propuesta con cautela, aunque con disposición al diálogo. A juicio del titular de la AAA, las leyes vigentes, así como algunas disposiciones del proyecto de ley bajo discusión, establecen ciertos límites y garantías en los procesos de revisión tarifaria. Además, alertó que, en el análisis, es necesario tomar en cuenta los acuerdos con los bonistas y acreedores de la corporación pública. 
“Es algo que tenemos que estudiar bien y discutir. Hay unas repercusiones legales en los acuerdos con los bonistas ya establecidos de cómo se regula, cómo se modifican las tarifas, y hay que ver que no se afecten los contratos ya establecidos”, subrayó. 
Lázaro dedicó buena parte de su exposición durante la vista pública a distinguir las circunstancias por las cuales la AAA requiere un proceso de titulación de activos (“securitization”) similar el que se aprobó recientemente para la AEE, al destacar que en el caso de esta última se creó el mecanismo en el contexto de un impago de sus obligaciones, lo que no ha ocurrido en la entidad que dirige. 
“La AAA cuenta con suficientes ingresos para continuar pagando sus gastos operacionales y continuar cumpliendo sustancialmente con sus acuerdos con acreedores y bonistas. Ello le permite mantenerse operando y supliendo los servicios esenciales que brinda a la comunidad. Lo que no puede la Autoridad, en este momento, es pagar los $140 millones que adeuda a sus suplidores y contratistas ni continuar sus obras del Programa de Mejoras Capitales”, enfatizó.
En agenda posible revisión tarifaria
La Junta de Gobierno de la AAA se reunirá este viernes a las 9:00 a.m. En la agenda, está la posibilidad de iniciar un proceso de revisión tarifaria, pues la aprobación del proyecto de ley antes del 31 de marzo era una de las condiciones necesarias para disipar la amenaza del alza en el servicio de agua potable. 
Lázaro advirtió que la aprobación de la pieza legislativa es indispensable para eliminar esa posibilidad, y reiteró que, si eso no ocurre, los abonados podrían experimentar un aumento “significativo” en la tarifa tan pronto como julio próximo.
El presidente de la Junta de Gobierno de la AAA, Kenneth Rivera, estuvo presente en la vista pública, y a su salida del salón comentó que él estaría en posición de darle al Senado el espacio que ha solicitado para considerar la medida.
“La Legislatura ve la urgencia de esto, ve la importancia de esto. Nos dijeron que van a tratar de resolver esto los próximos días… Mi posición particular… es que les daría un poco de espacio para que ellos hagan su trabajo responsablemente. Veo la apertura, veo la oportunidad, así que me gustaría pensar que, si les damos un poquito de espacio, va a salir la legislación que nos hace falta, y eso nos va a permitir accesar el mercado”, dijo Rivera al recalcar que la junta directiva tiene ocho integrantes adicionales.
Durante la audiencia pública comparecieron, además, representantes de la Asociación de Contratistas Generales y la Asociación de Constructores de Puerto Rico, quienes favorecieron la aprobación del proyecto de ley por entender que permitirá el desarrollo de mejoras capitales que cumplan los estándares de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) y del Departamento de Salud estatal, además que representan la oportunidad de invertir en obra pública necesaria. 
Mientras, la Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la AAA advirtió que la pieza podría agravar la situación financiera de la instrumentalidad gubernamental. 
“Esta medida simplemente abre una nueva fuente de endeudamiento, la cual en el corto plazo podrá representar la posible ejecución del Programa de Mejoras Capitales, pero en el mediano plazo, representa un grave riesgo para el pueblo de Puerto Rico, el cual sigue sufriendo los embates económicos de una pésima política financiera y macroeconómica”, señaló Daniel Garavito, asesor legal del grupo.
El Banco Gubernamental de Fomento no compareció a la vista pública, pero informó que sometería sus comentarios por escrito. El senador Ramón Luis Nieves, presidente de la comisión legislativa, catalogó la ausencia como una “irresponsabilidad”, y dijo que la entidad no sería excusada de los trabajos.