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La pieza legislativa, de la autoría del senador Aníbal José Torres (derecha), dispone que la nueva oficina se encargará de atender reclamaciones, proteger y garantizar los derechos civiles de todos los ciudadanos. (Ramón Tonito Zayas)
El Senado aprobó hoy, jueves, un proyecto de ley que faculta al Secretario de Justicia a crear la Oficina de Derechos Civiles.
El Proyecto del Senado 1383, que fue aprobado de forma unánime con 22 votos, dispone que la nueva oficina se encargará de atender reclamaciones, proteger y garantizar los derechos civiles de todos los ciudadanos, en coordinación con las instituciones existentes. 
De igual manera, se crea un organismo de primera instancia al que cualquier persona podrá acudir a presentar una reclamación que conduzca a evitar o denunciar una violación de derechos civiles.
La pieza legislativa, de la autoría del senador Aníbal José Torres, subraya que en coordinación con la Comisión de Derechos Civiles u otras agencias, esta nueva oficina adscrita al Departamento de Justicia contribuirá a la concienciación y educación en torno al significado y alcance de los derechos civiles.
Lupa a compra de terrenos en el Corredor Ecológico del Noreste
Por otra parte, el Alto Cuerpo recibió el informe final de la Comisión de Recursos Naturales, presidida por el senador Cirilo Tirado, que a tenor con lo establecido en la Resolución del Senado 177 en torno a una investigación sobre todo lo relacionado con la adquisición por parte del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de los terrenos ubicados en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN).
“Hubo un pago extremadamente excesivo en la compra de esos terrenos”, apuntó durante el debate el portavoz del Partido Nuevo Progresista, Larry Seilhamer, autor de la Resolución del Senado 177.
“Se utilizaron unas condiciones hipotéticas y se compraron esos terrenos para su preservación por su valor ecológico, como si allí estuviera construido lo propuesto por varios desarrolladores”, agregó Seilhamer al exponer las razones por las cuales el valor de los terrenos se sobredimensionó.
El informe recomienda referir los hallazgos al Departamento de Justicia para que investigue la actuación de los funcionarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales entre los años 2007, 2008 y 2010 en cuanto al uso juicioso de fondos públicos en la compra de tierras por parte de la citada agencia en el CEN.
Igualmente se sugiere referir a Justicia para que se investigue a la firma McCloskey, Mulet & Bonnin, así como a la firma del tasador José V. Hernández, por su proceder en la valoración y tasación de los terrenos de la finca San Miguel, acción que aparentemente se tradujo en gastos extraordinarios de fondos del erario en la compra de dichos terrenos.
Además, hace una exhortación para que se someta a las firmas antes señaladas ante la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces de Puerto Rico, por violación al Código de Ética.
Asimismo, se recomienda referir los hallazgos a Justicia Federal para que investiguen el uso que se dio a fondos del gobierno de Estados Unidos en la compra de terrenos por parte del Departamento de Recursos Naturales en el CEN.
Por otro lado, el Senado confirmó a José Arrillaga García como miembro de la Junta Examinadora de Evaluadores profesionales de Bienes Raíces para un nuevo término.