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Ada Conde (al centro) Conde celebró la extensión que le confirió Gelpí a la decisión. (Archivo / GFR Media)
En una vista efectuada en el Tribunal Federal, ubicado en el Viejo San Juan, el juez Gustavo Gelpí ratificó hoy, lunes, la orden que declara inconstitucional cualquier prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo.
De inmediato, la licenciada Ada Conde y miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual y transgénero (LGBTT) celebraron el reconocimiento de lo resuelto la semana pasada por el Primer Circuito de Apelaciones en Boston en contra de la determinación del juez federal Juan Pérez Giménez, quien declaró que en la Isla no aplica la constitucionalidad de ese tipo de unión, según establecida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Gelpí, no obstante, consignó que el Tribunal Federal, Sala de San Juan retendrá jurisdicción en el reconocimiento de la constitucionalidad del matrimonio igualitario hasta que se enmienden leyes locales que lo prohiben.
El juez hizo referencia al Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, que establece que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. Algunos sectores de la población de la Isla, en su mayoría con justificaciones religiosas, defienden esa disposición, aunque la determinación del Tribunal Supremo la anula. Al menos un precandidato a gobernador, Ricardo Rosselló del Partido Nuevo Progresista, pronunció que cree y defiende que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer.
Después de ratificar la orden que declara inconstitucional cualquier prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, Gelpí manifestó que teme a lo que podría pasar si después de las elecciones entra una nueva administración al Gobierno que intente aplicar nuevamente el mencionado artículo.
El juez destacó la orden ejecutiva que aprobó el gobernador Alejandro García Padilla para reconocer los matrimonios igualitarios, tras la decisión del Tribunal Supremo federal. Pero, agregó que no quería ver este mismo caso de vuelta en el tribunal, en la eventualidad de que algún funcionario de una futura administración vuelva a decir que "está obligado" a cumplir con el Artículo 68. 
Asimismo, recordó que lenguajes discriminatorios de otras leyes de Puerto Rico en el pasado han tardado décadas en ser enmendados.
"Este tribunal mantiene la jurisdicción para la aplicación de esta decisión hasta que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico revoque o enmiende la versión actual del Artículo 68 del Código Civil o que la corte decida lo contrario", expone la orden emitida por Gelpí.
Al respecto, durante la vista, dijo que "no se necesita una ciencia en cohetes para hacerlo, pero son oficiales electos".
Las expresiones de Gelpí fueron parte de la vista que cerró el extenso caso que se inició cuando la licenciada Ada Conde demandó al Gobierno de Puerto Rico por no reconocer el matrimonio que contrajo con Ivonne Álvarez Vélez en Estados Unidos.
Conde y otros demandantes celebraron luego que el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconociera el verano pasado el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse. Fue entonces que el gobernador Alejandro García Padilla emitió la orden ejecutiva, que permitió a que muchos comenzaran a casarse en Puerto Rico.
Sin embargo, el juez federal Pérez Giménez, quien había manejado el caso desde el principio, no acató la orden y en un memorando indicó que la orden del Supremo no le aplicaba al Estado Libre Asociado de Puerto Rico por ser un territorio y no un estado.
Pérez Giménez no solamente fue revocado por el Primer Circuito de Apelaciones de Boston, sino que se ordenó que fuese removido del caso por la forma en que erró en su decisión. Entonces, le fue transferido a Gelpí, quien ratificó que es inconstitucional prohibir el matrominio igualitario.
"El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través de sus oficiales, empleados y agentes, tienen prohibido aplicar el Artículo 68 del Código Civil en su versión actual", lee la decisión emitida este lunes por Gelpí.
Añadió que los funcionarios tienen que "garantizarle a las parejas del mismo sexo casadas exactamente los mismos derechos que las parejas casadas de sexo opuesto".
Conde celebró la extensión que le confirió Gelpí a la decisión, porque lo extiende a todas las disposiciones relacionadas al Artículo 68 y se asegura que "nadie la cuestione".
"Después podrían decir que enmiendan el Artículo 68, pero por otro lado dicen que no aplica, porque la adopción es distinto, etcétera", sostuvo Conde. "Todos los derechos, obligaciones y responsabilidades que concede el Artículo 68 están cubiertos por la orden del tribunal (federal)", agregó.
Señaló que lo mismo aplica a otras áreas, como asuntos de servicios de salud del cónyuge, beneficios de retiro y herencias, entre otros.
"Por lo menos en el día de hoy se hizo valer la Ley de Relaciones Federales que reconoce los derechos fundamentales que garantiza la Constitución de Estados Unidos en Puerto Rico a todos estos residentes y ciudadanos y ciudadanas norteamericanas que muy orgullosamente están aquí reclamando sus derechos y han ganado en el día de hoy", expresó Conde, al salir del Tribunal Federal en el Viejo San Juan.
"Con esa amplitud y reteniendo esto hasta el día que decidan enmendar el artículo 68 del Código Civil, podemos decir que hay igualdad en el matrimonio", afirmó. "El matrimonio igualitario ha triunfado y definitivamente el amor ha triunfado también", puntualizó.
La decisión de Gelpí también se adelantó a cualquier reclamo al precisar que se reconoce la validez de las parejas que se casaron después de la decisión del Supremo federal, el 26 de junio de 2015.
Mientras, la decisión de Gelpí señala que un oficial de una institución religiosa, que tiene autorización del Gobierno para llevar a cabo matrimonios, no está obligado a casar parejas del mismo sexo, si va en contra de sus creencias religiosas.
"Aunque entendemos que no era necesario que lo hiciera (incluirlo en la decisión), porque lo tenemos claro en la legislación, es muy bueno que lo incluya porque sabemos que hay candidatos políticos que han hecho acuerdos para traer aquí lo que son las leyes de libertad religiosa y negarle libertad a las parejas", dijo Conde. "Y definitivamente tenemos una parte que no pueden decir que hacía falta que eso se dijera. El juez ha sido bien específico", concluyó.