La fiscal Leilani Vargas (horizontal-x3)
La fiscal Leilani Vargas le planteó al tribunal que en ninguno de los dos casos se cumple con las enmiendas requeridas por la Regla 240. (Gerald López Cepero)
El inicio del juicio por el crimen de la fiscal Fracelis Ortiz, pautado para comenzar hoy miércoles, fue pospuesto debido a los planteamientos sobre la procesabilidad de dos de los tres imputados y por la falta de varias pruebas periciales que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) no ha entregado.
La jueza Gema González Rodríguez, del Tribunal de Fajardo, señaló para el 26 de abril una vista de conferencia con antelación a juicio para que los abogados de defensa le informen si culminó el proceso de descubrimiento de prueba y si el juicio se va a ver por tribunal de derecho o por jurado. 
Abraham Rodríguez Cruz, Rafael Aponte Peña y Daniel Vázquez Cubilete están acusados por el asesinato de Ortiz Pagán, ocurrido el pasado 18 de enero, frente a su hogar en Río Grande. Los tres permanecen sumariados.
El tribunal le concedió cinco días laborables al licenciado Edmundo Ayala Oquendo, quien es el representante legal de Vázquez Cubilete, para que presente una moción justificando la asignación de un perito psiquiatra que determine si su representado es procesable. 
Este abogado de oficio solicitó la asignación de un psiquiatra para poder interpretar los expedientes que le entregó el padre de su cliente. Anteriormente, había hecho el pedido sin someter los récords médicos. Al presente, no ha establecido si existe un diagnóstico de alguna condición mental y qué tratamiento médico ha sido sometido. 
“Es pertinente porque hay un récord médico que se me trajo a mi atención y yo, pues no sería diligente si no lo planteo. El Ministerio Público se va a oponer, claro, pero es mi trabajo. Además, hay una inferencia de que si hay un récord médico, algo pasa con ese joven y, para salir de dudas, espero que corran los procedimientos”, declaró Ayala Oquendo, a su salida de sala. 
“Como estrategia, se trae la procesabilidad, pero lo que perseguimos es que al final del día podamos llevar una defensa de insanidad mental, si es que se puede levantar, pero eso depende de lo que diga el facultativo médico, por lo que yo insistí en que se nombre”, expuso Ayala Oquendo. 
El licenciado Gustavo A. Quiñones Pinto, por su parte, quien es el abogado de Rafael Aponte Peña, también le solicitó a la jueza que se asignara un perito para establecer si su cliente es procesable, pero la petición recibió un no ha lugar debido a que no le fundamentó al tribunal su pedido ni tampoco cumplió con los términos establecidos por las Reglas de Procedimiento Criminal. 
Sin embargo, el abogado le adelantó a este medio que presentará una moción con un planteamiento diferente que no quiso divulgar. 
“Presentaremos una moción por escrito y ahí ustedes sabrán qué es lo que nosotros vamos a solicitar”, se limitó a decir Quiñones Pinto, amparándose en una orden de mordaza. 
La fiscal Leilani Vargas, a su vez, le planteó al tribunal en varias ocasiones que en ninguno de los dos casos se cumple con las enmiendas requeridas por la Regla 240 de procesabilidad. 
“Se le dio un término a la defensa para que nos provea el récord médico donde alegadamente tiene lo que él indica y así nuestro perito podrá evaluarlo. Entendemos que en este momento, según mi opinión, no cumplía con las reglas y por eso la jueza le dio la instrucción que le dio”, explicó Vargas, tras aclarar que esta determinación solo fue emitida para el abogado de Vázquez Cubilete. 
Al inicio de la vista, el ministerio público informó que les entregó a los abogados de los tres acusados más de 50 piezas de evidencias y alrededor de 16 discos compactos.
Vargas le informó a la jueza que todavía faltan dos pruebas de ADN, la aclaración de varios aspectos de los análisis de balística en poder el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), la entrega a la defensa de una grabación extensa que requiere que se pase a una memoria USB y una solicitud del registro de llamadas telefónicas de un celular que la compañía no les ha provisto. 
También se dio a conocer que los abogados Nélida Negrón y Humberto Mercado de la Sociedad para la Asistencia Legal, asignados a la defensa de Abraham Rodríguez Cruz, fueron los únicos que le solicitaron mediante moción a la Fiscalía la entrega de la evidencia y solicitaron tiempo para poder evaluarla. 
El licenciado Fermín Arraiza, viudo de la fiscal, estuvo en sala observando el proceso y abandonó el tribunal tras manifestar que no deseaba hacer expresiones. Tres banquillos de su lado derecho estaban ocupados por familiares de los acusados, a los cuales no miró. 
El 26 de febrero, la jueza Ada López Santiago, del Tribunal de Fajardo, determinó causa para arresto contra los tres hombres por cargos de robo de auto, asesinato, tres violaciones a la Ley de Armas y posesión de un vehículo hurtado. 
Un cuarto hombre, que es testigo y no ha sido acusado por estos delitos, testificó que el 18 de enero pasado, el grupo salió de San Lorenzo en dirección hacia Juncos a robar un carro para James “Pilín” Santana González, identificado por las autoridades como el líder de una banda dedicada al hurto de vehículos.
De camino, le dieron paso al vehículo de la fiscal, un Mini Cooper blanco. La siguieron por unos cinco minutos y la interceptaron cuando puso la señal para virar hacia la izquierda en espera de que abriera el portón eléctrico de su hogar. Entonces, uno de ellos trató de abrir la puerta y, según el testigo, Vázquez Cubilete le disparó.