(horizontal-x3)
Pagan por los servicios privados que desean. (GFR Media)
Marie Soto, de 35 años, con sus contribuciones sobre ingreso, en teoría, aporta unos $440 al presupuesto del Departamento de Educación. Esto es si se sigue la lógica que el 22% de lo que pagó en este tributo pasó a esta agencia que consume poco más de una quinta parte del Fondo General. 
Es una contribución que le hace al País, puesto que no le saca beneficio alguno. Sencillamente no confía en el sistema público de enseñanza. En un momento contempló matricular a su hija en una de las escuelas identificadas como de excelencia en el área de Manatí. El primer día que fue a evaluar el plantel, la directora no estaba. El segundo día, había faltado una maestra de inglés, por lo que estaba haciendo las veces de educadora sustituta. El tercer día le explicaron el complicado panorama en la escuela.
Su hija cualificaba para educación especial. Lo primero que supo era que faltaban recursos, por lo que nunca terminaban el material del semestre. También había solo una maestra para atender los estudiantes de educación especial y no siempre podía dedicar todo su tiempo a esa tarea. Faltaban maestros y, por lo que pudo percibir, había un problema grave de ausentismo. 
“Conseguí una escuela privada pequeña que tenía un currículo individualizado y que podía tener la atención necesaria para desarrollarse. La escuela pública que tenía disponible, aunque era de excelencia, no era una opción real para que ella se pudiera desarrollar”, dijo Soto. 
Como consecuencia, además de los $440 que con sus contribuciones aporta al sistema público de enseñanza, tiene que sacar de su bolsillo dinero para la matrícula, los libros, los uniformes y la mensualidad del colegio privado. En total saca $3,500 anuales para la educación privada de su hija. 
“Es un asunto que te indigna, pero uno no tiene opciones reales si lo que busca es la mejor educación que pueda tener tu hija. Es la misma indignación que siento cuando voy a una oficina de gobierno y siento que me tratan como si me estuvieran haciendo un favor cuando ellos están cobrando de lo que pagamos nosotros en contribuciones”, dijo Soto.
La indiferencia
Felipe Colón pasa por una situación similar con el mayor de sus hijos, de unos cinco años. Con su salario de empleado del gobierno hace lo imposible para pagarle un colegio privado, a pesar de que esto implica una inversión de $3,400 anuales.
“La escuela pública sería mejor en lo económico, pero la atención no es la misma. La escuela en que está el nene ahora mismo está siempre pendiente del nene y lo empujan para que aprenda más. Cuando llegó casi no hablaba y ahora está que habla español e inglés perfecto. Yo estuve en la escuela pública y sé que no es así”, dijo Colón. 
“Yo creo que el problema es de nosotros los padres que no exigimos algo mejor en el gobierno a pesar que lo pagamos (con las contribuciones)”, añadió el policía de profesión.
El tributo sin servicios
La educación pública no es el único servicio que muchos contribuyentes pagan a pesar de la desconfianza que tienen en el sistema. El expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados Kermit Lucena explicó, por ejemplo, que la contratación de servicios de seguridad en actividades o en urbanizaciones cerradas no existiría si hubiese confianza en las agencias y gestiones de seguridad del gobierno. Del mismo modo, si los servicios de salud públicos fueran accesibles y eficientes, no habría una industria completa de seguros de salud privados. 
“Eso es algo que se escucha mucho y que en mayor o menor grado todos los saben. Aquí, si los servicios fueran eficientes, tal vez no fuera tan difícil este periodo (de contribuciones) porque uno vería que recibe un servicio a cambio, pero no es así. Pasa mucho en la educación, en la seguridad y en la salud”, dijo Lucena. 
Este problema de “doble tributación” –porque se paga doble por los mismos servicios– se ve mucho entre los trabajadores que tienen una expectativa de calidad de servicios en áreas como la seguridad y educación y cuenta con recursos –aunque muchas veces implicando serios sacrificios– para costearlos en el sector privado cuando se encuentran con la inefectividad del gobierno. 
Lucena indicó que el sacrificio no fuera tan grande si el sistema tributario fuera más justo y menos oneroso con el contribuyente.
De hecho, cálculos recientemente publicados por El Nuevo Día, apuntan que dependiendo del nivel de ingresos, entre el 33% y el 56% del salario de una persona puede terminar en manos del gobierno ya sea mediante el pago de contribuciones o de algún tipo de servicio. Este cálculo no contempla los servicios pagados al gobierno pero que luego son contratados en el sector privado.
“Es un problema de eficiencia y también de falta de recursos o de mala distribución de recursos que impide una mejor calidad en los servicios", expresó el contador público autorizado Kenneth Rivera. 
Añadió que la expectativa es que si el sistema contributivo impone un peso grande en la población, a cambio el ciudadano reciba servicios de calidad. 
Sin embargo, ese no necesariamente es el caso en Puerto Rico. Por ejemplo, puede que en algunas comunidades del país, la escuela que atiende la zona sea de excelencia y supere los estándares. Esto, sin embargo, suele ser, más que una norma, una excepción. 
“Ahora, con el aumento del IVU (Impuesto sobre las Ventas y Uso) subió a un 11.5%, las personas se resienten porque ven que pagan mucho en impuestos, pero no ven que mejoren las cosas”, expresó Rivera.  
Lucena indicó que la alternativa debe ser revaluar la carga contributiva de los ciudadanos. Señaló que la propuesta de reducir o eliminar las contribuciones sobre ingresos y sustituirla por un tributo al consumo relativamente alto, como se propuso el año pasado, podría aliviar lo suficiente a las familias en situaciones como esta. 
También indicó que los puertorriqueños deberían participar más de los procesos de distribución presupuestaria porque de eso depende, en gran medida, la calidad de los recursos que se pueden prestar. 
“Yo lo que creo también es que la ciudadanía debe participar más en cómo se usan las contribuciones en Puerto Rico. Aquí todas las contribuciones pasan a un pote que llamamos Fondo General y de ahí se reparten los fondos. Y muchas veces lo que se ve son prioridades invertidas. Ese no es el único modelo. En otros lados, algún impuesto específico es el que costea el programa. El problema aquí es que cambios a lo que estamos acostumbrados no se hacen porque rápido salen los grupos de oposición a intimidar a los políticos que lo que quieren es salir reelectos”, dijo Lucena.
El otro factor a considerarse es la imposición de métricas de efectividad en las agencias. Estos medidores deben estar acompañados de consecuencias si no se cumplen. 
Actualmente en la Legislatura se evalúa un proyecto de reforma educativa propuesto por el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, que, entre otras cosas, buscaba condicionar los fondos en una escuela a la matrícula que logran atraer por su eficiencia.
Esta medida, sin embargo, ha generado el rechazo de los grupos profesionales de maestros puesto que ven la iniciativa como un intento de privatización del sistema público de enseñanza. 
Esto porque el proyecto de ley dispone que si una escuela está entre las peores en el renglón de aprovechamiento académico, su administración podría pasar a manos de organizaciones sin fines de lucro, grupos profesionales, cooperativas o municipios.