Impago a empresas provoca efecto en cadena (semisquare-x3)
La deuda del Gobierno con contratistas es de $2,098 millones y se espera que suba a $2,200 millones al cierre del año fiscal. (Archivo / GFR Media)
Reducir jornadas y gastos, cerrar divisiones y hasta despedir  empleados son varios de los ajustes que los contratistas y suplidores del Gobierno han tenido que implementar desde hace un año para paliar la falta de pagos por servicios prestados.
Según admitió ayer la secretaria de la Gobernación, Grace Santana, la deuda con estas firmas asciende a $2,098 millones y se espera que suba a $2,200 millones al cierre del año fiscal el próximo 30 de junio.
En opinión de Neyssa Varela, presidenta de la Asociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico (AGC-PR), la situación es “tan difícil” que las compañías están, literalmente, subsistiendo.
“Estamos sufriendo la falta de pago del Gobierno. Las compañías tienen que despedir masivamente a la gente en todos los niveles, desde los obreros de construcción hasta ingenieros y jefes de proyectos. Se afecta toda la industria”, dijo Varela. 
“De las 300 compañías que agrupa la AGC-PR, el 80% hace negocios con el Gobierno y han tenido, incluso, que cerrar divisiones completas. Otras han optado por exportar su conocimiento y mano de obra”, agregó.
Una de esas compañías afectadas es  Del Valle Group, cuyo presidente, Humberto Reynolds, precisó que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) le adeuda $10 millones desde el año pasado.
Reynolds contó que, debido a la crisis, se vio obligado a despedir 200 empleados, afectando indirectamente a otras 100 personas entre suplidores y subcontratistas.
“La situación llegó hasta el punto que tuvimos que cerrar la división que teníamos para trabajar los proyectos de la AAA. Hemos tenido que hacer ajustes y reducciones en operaciones, reduciéndose significativamente la inversión y actividad económica de la compañía”, dijo Reynolds.
Añadió que Del Valle Group también tiene proyectos con la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y el Departamento de la Vivienda, los cuales “se han mantenido a flote” porque están sufragados con fondos federales.
Otra industria que se ha visto afectada por la falta de pago es la transportación escolar. De acuerdo con José Rosado Rolón, presidente de la Federación de Porteadores Escolares, a las 375 que ofrecen servicios les deben, en conjunto, $15.5 millones. Algunas de estas compañías están contratadas por el Departamento de Educación, y otras por los municipios a través de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM). 
Rosado Rolón, quien es propietario de Transporte Rosado, narró que tuvo que reducir horas de trabajo, beneficios marginales, sueldos y despedir a unos cuatro empleados. 
“Hay compañías que no han podido reparar sus vehículos y los tienen varados, debido a la falta de suplido de piezas. A los suplidores de estas piezas tampoco les han pagado. Hay compañeros que están vendiendo equipos para subsistir”, señaló.
Los entrevistados coincidieron en la urgencia de que el Gobierno impulse medidas de desarrollo económico.