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El proceso de contratación de la empresa Altol inició luego de que el grupo Toabajeños en Defensa del Ambiente exigiera el cierre del polígono de tiro que la Policía opera en la Isla de Cabras. (Jorge Ramírez Portela)
El proceso de la toma de muestras en los cuatro polígonos de tiro de la Policía y los almacenes de explosivos para determinar si están contaminados con elementos químicos se encuentra paralizado en lo que el gobierno tramita el contrato con Altol, la empresa seleccionada mediante una subasta. 
Según confirmó el director de la Oficina de Prensa de la Policía, Axel Valencia, la compañía Altol aún no ha comenzado con las labores porque se encuentra recopilado los documentos que le fueron solicitados para asegurar la contratación.
“La compañía todavía no ha tomado muestras porque su contrato está en trámite todavía, luego de escogerse mediante una subasta”, detalló Valencia a partir de datos que le fueron suministrados por la Superintendencia Auxiliar de Asuntos Gerenciales. 
El funcionario explicó que de las dos compañías que participaron del proceso de subasta, se escogió a Altol porque fue la que presentó una propuesta más económica, por $16,838.40. 
En noviembre de 2015, el superintendente de la Policía, José L. Caldero López, concedió que había iniciado las gestiones para contratar la compañía privada que certificaría si las instalaciones estaban contaminadas. 
El funcionario indicó para esa fecha que no tenía conocimiento de que la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) hubiese certificado la contaminación con plomo en el campo de tiro de Isla de Cabras, en Toa Baja. 
El proceso de contratación de Altol inició luego de que el grupo Toabajeños en Defensa del Ambiente exigiera el cierre del polígono de tiro que la Policía opera en la Isla de Cabras, así como de los almacenes de explosivos. 
Juan Camacho, portavoz de la organización comunitaria, advirtió esta semana durante una manifestación frente al Cuartel General de la Policía, en Hato Rey, que ante la inacción de las autoridades se proponen iniciar actos de desobediencia civil para exigir el cierre de las instalaciones, las cuales están ubicadas en un área recreativa. 
Durante la protesta, miembros del grupo plantearon que esas instalaciones deben clausurarse debido a la falta de controles de seguridad y a un alto grado de contaminación en el sitio.
El líder comunitario indicó que hace varios meses presentaron una querella ante la Junta de Calidad Ambiental, pero todavía no han recibido respuesta de la entidad estatal responsable de combatir la contaminación.
A su vez, alegó que hay seis instructores de tiro cuya salud se ha visto afectada por la contaminación con plomo. 
Todos, señaló, fueron referidos a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para que reciban tratamiento médico, luego de haber sido removidos por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés).