Garcia Padilla Moratoria (horizontal-x3)
Según establece el proyecto, el gobernador Alejandro García Padilla podría declarar la moratoria hasta el 31 de enero de 2017, con la posibilidad de conceder una prórroga de dos meses adicionales. (David Villafañe)
 La radicación del proyecto de ley que permitiría declarar una moratoria en el pago de la deuda pública “es un elemento de presión” que busca, entre otras cosas, que el Gobierno y sus acreedores se sienten cuanto antes a negociar nuevos términos y condiciones para el cumplimiento con las obligaciones.
Asimismo, el proyecto surge a raíz de la inacción de la mayoría republicana en el Congreso, que “lleva mucho tiempo dándole vueltas” a las alternativas que le proveerían al País una herramienta para reestructurar su deuda de forma ordenada.
 “Este es un proyecto sumamente necesario, debido a la situación histórica que estamos viviendo de grandes privaciones, que no nos permiten ni prestar los servicios básicos”, resumió ayer el secretario de Justicia, César Miranda, tras argumentar que no se trata de una propuesta novel, pues jurisdicciones como Nueva York también han implementado moratorias en el pago de la deuda. 
“Podríamos interpretar que es un elemento de presión para todos, incluido el Gobierno. El Gobierno se está imponiendo un elemento de presión, porque asume un riesgo jurídico y compromete su responsabilidad con su ciudadanía, pero no rehúye su responsabilidad con los acreedores”, agregó Miranda.
Según establece el proyecto, el gobernador Alejandro García Padilla podría declarar la moratoria hasta el 31 de enero de 2017, con la posibilidad de conceder una prórroga de dos meses adicionales. Durante ese tiempo, los acreedores solo recibirían pagos correspondientes a intereses. 
 Por lo tanto, “crear una moratoria no implica que no se vaya a pagar, sino establecer una forma ordenada de pago”, sostuvo Miranda.
Dijo ser consciente, no obstante, de que el proyecto “podría ser cuestionable” y enfrenta un camino lleno de retos, pues abogados, economistas y sociólogos, entre otras voces, ya advirtieron sobre un choque constitucional entre el derecho a pagar la deuda y el derecho a asegurar los servicios básicos al pueblo.
Miranda anticipó que la constitucionalidad de la propuesta Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico sería impugnada en los tribunales, tanto estatales como federales. 
Los demandantes argumentarían, por ejemplo, que el proyecto menoscaba obligaciones y contratos garantizados constitucionalmente; que se trata de una acción equivalente al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal (que no aplica a Puerto Rico); que  constituye un taking o apropiación ilegal; o podrían radicar un recurso de mandamus para evitar que sus disposiciones entren en vigor.
“Si alguien levanta alguno de estos planteamientos, el Estado levantará las defensas. Pero esta es una decisión que se toma bajo el poder de razón (police power) del Estado, que viene obligado a tomar acciones constitucionalmente válidas para favorecer a la ciudadanía. Creo que vamos a llegar a acuerdos; entiendo que es una ley razonable”, subrayó.
Decidirá el tribunal
 En opinión del abogado Carlos Ramos, experto en derecho constitucional, el Gobierno “ha hecho bien” en proponer la moratoria en vez de un impago total de sus obligaciones.
   “Es una forma de ganar tiempo, pero serán los tribunales los que finalmente decidirán. Una vez el proyecto esté en los tribunales, el problema que quizás va a tener el Gobierno es que por sus propias decisiones, muchas veces secretas e inconsistentes, se le hará cuesta arriba establecer que ha agotado todas las alternativas”, dijo.
En ese caso, abundó Ramos, les correspondería a los acreedores demostrar que, en efecto, el Gobierno no agotó todas las alternativas previas a la moratoria.
“Es una estrategia de presión. El Gobierno no tiene nada y está tratando de obtener algo, pero a su vez está tratando de cumplir con sus obligaciones constitucionales. A mi juicio, la obligación con el pueblo tiene que ir por encima del derecho a la propiedad”, expuso, tras destacar que, al final, de lo que se trata el proyecto es de establecer un balance.
Siguiendo la misma línea, Alejandro Torres, presidente de la Comisión para el Estudio y Desarrollo Constitucional de Puerto Rico del Colegio de Abogados, sostuvo que antes de darle paso a la moratoria, el Gobierno debe auditar su deuda.
“Hay que hacer esa auditoría para saber cuánto de la deuda se dio dentro del marco que provee la Constitución y cuánto se hizo rebasando ese límite, en cuyo caso no es asegurada. El primer análisis que hay que hacer es ese, para saber qué hay que pagar”,  dijo el abogado.
Torres coincidió en que el proyecto “enfrenta varias disposiciones constitucionales”, pero recordó que el Tribunal Supremo, en sendas resoluciones sobre la Ley 7-2009 y la Ley 66-2014, concluyó que se puede ceder la cláusula de menoscabo de obligaciones frente a la de prestación de servicios esenciales al pueblo.
Por su parte, Emilio Pantojas, sociólogo e investigador del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, sostuvo que la radicación del proyecto “es una movida” del Gobierno para obligar a algún tipo de negociación.
Destacó, incluso, que horas después de la radicación, los acreedores informaron que habrían logrado articular una oferta que le presentarían al Gobierno y que, según trascendió, haría contrapeso a los problemas de liquidez y evitaría un impago de la deuda pública.
“Esta es una movida del Gobierno que también responde a la posibilidad de que no se apruebe nada en el Congreso, que está de receso y donde quedó sobre la mesa la propuesta republicana que, entre otras cosas, crearía la Junta de Control Fiscal. Si el Gobierno declara la moratoria, los bonistas irán a la corte a pedir su inconstitucionalidad, pero también habrá una discusión en el Congreso de qué se va a hacer”, previó. 
Pantojas apuntó que el País está viviendo lo que en ciencias políticas se conoce como brinkmanship, que no es otra cosa que la capacidad de negociar al borde del precipicio. 
“En ese borde están el Gobierno, los acreedores y los republicanos en el Congreso, viendo quién cede primero y quién da qué”, planteó.
 “Irrazonable”
En tanto, el economista y planificador Elías Gutiérrez repudió el proyecto de ley y lo tildó de “irrazonable”, pues  “es una violación de todos los principios protegidos por la Constitución”.
Dijo, además, que tienen “implicaciones malísimas” para la economía, ya que menoscaba los contratos e impone prohibiciones de ir a los tribunales a hacer reclamaciones.
“Para proteger los servicios y el bienestar de los ciudadanos, lo primero que tiene que hacer el Gobierno es usar bien los escasos recursos que le quedan. Pero el Gobierno ha cambiado sus prioridades”, acotó.
Gutiérrez cuestionó por qué el Gobierno no propuso la moratoria antes “si es tan buena”, a lo que Miranda respondió que “como es el tipo de medida que se puede entender como invasiva, la tomas solo ante circunstancias apremiantes”.