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La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, señaló que las propuestas de los bonistas “no resuelven el problema global”. (Xavier J. Araújo Berríos)
Las ofertas hechas por distintos grupos de bonistas de Puerto Rico tienen elementos positivos que deben considerarse, pero el Gobierno no debe renegociar la deuda pública alejándose del objetivo ulterior de reactivar la economía y tampoco, por prisa, aceptar ofertas onerosas.
Según el economista Santos Negrón Díaz, en momentos en que Puerto Rico parece avocarse a un impago, cualquier oferta que reciba el Gobierno debe evaluarse.
“Pero el Gobierno no puede aceptar lo primero que le ofrezcan. La negociación tiene que ir dirigida a proteger el interés público y eso implica lograr el recorte de principal más grande que se pueda y lograr la comodidad  más amplia en el flujo de pagos”, dijo Negrón Díaz, al subrayar que Puerto Rico no debe incurrir en un impago.
“El Gobierno está buscando un proceso de negociación amplio porque si se compromete con un grupo de acreedores, el otro grupo va a querer lo mismo y va a llegar un momento en que no podrá más”, indicó.
Agregó que en ese sentido, y pese  a la controversia por el poder concedido al Ejecutivo en la Ley de Moratoria, el estatuto es beneficioso porque sirve de mecanismo de presión para negociar.
Ofertas con poco alivio
A juicio del economista José Caraballo Cueto, las ofertas de acreedores que han salido a luz pública son ofertas “muy pequeñas” en relación con el alivio que necesita Puerto Rico en el pago de su deuda pública.
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“Son ofertas pobres porque los bonistas saben que no hay un mecanismo de reestructuración. Si lo hubiera como pasó en Detroit, el recorte que recibirían sería mucho mayor. Si no hay dinero, no hay dinero y la prioridad es el pueblo y no los derechos contractuales”, dijo el director del Centro de Información Censal en la Universidad de Puerto Rico en Cayey.
Caraballo Cueto indicó que, en principio, aprobar la Ley de Moratoria fue una “buena estrategia”, pues ante la falta de un mecanismo formal de reestructuración, los bonistas están castigando a Puerto Rico.
 “En Detroit, que se declaró en quiebra, la tasa de interés fue de 5.5% y Puerto Rico, que no tiene ese remedio, pagó casi 9% en la última emisión de bonos. El año pasado, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados le pedían 10%”, sostuvo Caraballo Cueto. Subrayó que la mayor parte de la deuda de Puerto Rico está en corporaciones públicas, por lo que estas serían elegibles bajo la Ley de Quiebras federal si hubiera acceso al capítulo 9.
Caraballo Cueto opinó que si Puerto Rico entra en impago, eso no es distinto a los impagos que se dieron en Japón o en el propio Estados Unidos durante principios del siglo XX.
“Después  de que pasa el proceso de reestructuración, el acreedor siempre mira hacia futuro y la estrategia  para el pueblo y los bonistas es que haya crecimiento económico. Puede estar la persona más experta en el Gobierno para cuadrar la chequera, la más honesta, y no vamos a salir de la crisis y tampoco se asegura el repago de la deuda si la economía no crece”, subrayó Caraballo Cueto.
Desde la perspectiva del economista Joaquín Villamil, las ofertas que han hecho los distintos grupos de acreedores tienen “elementos positivos que ofrecen una base para una negociación”.
“Creo que no deben descartarse tan tajantemente y conversar”, dijo Villamil.
 De acuerdo con Villamil, la propuesta del grupo de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) puede considerarse como una alternativa temporal. “Ahí están las bases para darle un respiro al Gobierno en términos de pago para entablar un proceso de negociación con más calma y buscando una solución permanente”, explicó el fundador de Estudios Técnicos.
Ayer, El Nuevo Día detalló tres ofertas de distintos acreedores del Gobierno y reportó la disponibilidad a negociar por parte de representantes de bonistas de GOs, de la Corporación para el Financiamiento del Impuesto a la Venta (Cofina) y del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). 
Fuentes de este diario aseguran que el Gobierno ha recibido al menos una decena de variantes de ofertas incluyendo moratorias en pago de principal, intercambios de vencimientos y financiamientos tipo puente que traerían dinero al Gobierno para que este pueda continuar operando.
Villamil sostuvo que un impago puede tener consecuencias adversas, pero no serían tan catastróficas como han planteado algunos sectores.
La propuesta “entry-point”. 
“La línea de negociación tiene que ser la sugerida por las cooperativas, partiendo del punto de entrada en que los inversionistas compraron los bonos. En el caso de Argentina, eso fue lo que detuvo la negociación y ya los hedge funds aprendieron que es mejor un recorte de principal que prolongar una negociación en las cortes”, dijo Villamil.
Los economistas subrayaron que el éxito de la renegociación también dependerá de cuánta transparencia haya de parte del Gobierno y del uso que se dará a las concesiones que hagan los bonistas. 
Parte de ese alivio, dijeron, debe inyectarse a la economía, pues ello mejoraría las condiciones de vida y el clima de negocios, lo que permitirá pagar a los acreedores.