Desestiman cargos contra funcionarios de Adsef (semisquare-x3)
Contra Pérez Ubieta (en la foto) y Elaine Porrata Toro se sometieron denuncias por presuntamente falsificar en 2010 documentos para que dos compañías obtuvieran contratos con el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas. (Archivo / GFR Media)
La jueza Geisa Marrero desestimó los cargos por corrupción que pesaban contra el extitular de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Esteban Pérez Ubieta, al determinar que el Departamento de Justicia no tiene competencia para presentar las denuncias.
En la resolución divulgada hoy, lunes, la jueza indicó que la capacidad de presentar los cargos contra Pérez Ubieta y contra la exsubadministradora de Adsef, Elaine Porrata Toro, de proceder en derecho, corresponde al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).
Amber Lee Vélez Burr, portavoz del Departamento de Justicia, dijo esta tarde que la agencia decidirá mañana, martes, el curso a seguir en este caso. Esa determinación, dijo, la tomará el subsecretario de Justicia, Rafael Ortiz Carrión.
La jueza Marrero acogió la posición que esbozaron los abogados de Pérez Ubieta, Antonio y Carlos Sagardía, así como el abogado Juan F. Matos de Juan, representante legal de Porrata Toro. Los abogados hicieron el planteamiento en la vista de causa para arresto efectuada el 30 de marzo en el Tribunal de San Juan, al insistir que los cargos imputados se refieren al ejercicio de la función pública que sus representados realizaron en el pasado.
Marrero manifestó en su resolución que la ley del PFEI claramente establece en su Artículo 4 que se pueden presentar cargos –tras una investigación preliminar del Departamento de Justicia- contra ciertos funcionarios como jefes y subjefes de agencia. Además, describió al PFEI como un “foro neutral de investigación y procesamiento”.
La jueza también determinó en su resolución que la Adsef, contrario a la posición de la fiscal Marie Díaz de León, “es una agencia a los fines de la ley del PFEI”. A pesar de la Adsef, que es descrita como un “componente programático” del Departamento de la Familia en el plan de reorganización de esta agencia, la propia ley del PFEI describe una agencia como “todo organismo gubernamental del pueblo de Puerto Rico”.
“A tenor con el Artículo 4 de la ley del PFEI, el Departamento de Justicia debió finalizar su investigación preliminar y notificar al PFEI sobre los funcionarios públicos objetos de la investigación y sujetos a la exclusiva jurisdicción de un Panel de un Fiscal Especial Independiente”, reza el documento.
A Pérez Ubieta y Porrata Toro se les implica en falsificación de documentos para beneficiar a dos compañías privadas.
Contra ambos, personal de la División de Integridad Pública de Justicia sometió 48 denuncias en total por presuntamente falsificar en 2010 documentos para que dos compañías obtuvieran contratos con el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) que administra Adsef en la Isla.
En la vista de causa para arresto la fiscal De León insistió en que la Adsef no era una agencia sino un ente adscrito al Departamento de la Familia. 
“Aunque ellos dirigían unas áreas, eso era un componente operacional del Departamento de la Familia y eso de por sí no es una agencia de gobierno y por ello entendemos que no cae bajo la jurisdicción del Panel de FEI”, sostuvo Díaz de León el día de la vista en un aparte con la prensa.
Contra Porrata Toro se presentaron 32 cargos por fraude, falsedad ideológica, archivo de documentos falsos, aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, certificaciones falsas, perjurio, violación a la Ley de Ética Gubernamental y por obstrucción a una auditoria del Contralor de Puerto Rico.
Contra Pérez Ubieta se sometieron 16 denuncias por fraude, falsedad ideológica, archivo de documentos falsos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales y violación a la Ley de Ética Gubernamental.
Justicia alega que, según una auditoría referida por la Oficina del Contralor y la investigación realizada por la División de Integridad Pública, Porrata Toro y Pérez Ubieta falsificaron y alteraron documentos con la intención de justificar la presentación de propuestas de las empresas Platinum Advisors Corp. y Torna Sol Inc., que luego se recibieron los contratos con Adsef. En la acusación, el Ministerio Público indica que ambas compañías entregaron sus propuestas después de que un comité evaluador había examinado las que sí habían cumplido con el término.