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El edicficio luce vandalizado y en deterioro. (Oficina del Contralor)
La Administración de Corrección invirtió $1,175,000 en fondos federales para la compra de un edificio que nunca ha sido utilizado y que actualmente está abandonado y  vandalizado, reveló una auditoría de la Oficina del Contralor. 
El edificio, ubicado en la avenida Muñoz Rivera y adquirido el 31 de octubre de 2008, sería utilizado para crear un hogar de adaptación social para confinadas, con el propósito de facilitar su regreso a la libre comunidad, destaca la auditoría que cubre el período del 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2015.
Posteriormente, la Administración de Corrección pidió la autorización del gobierno federal para destinar el inmueble para un Programa de Ayuda al Confinado. 
Sin embargo, “la administración nunca ha utilizado el edificio a pesar de haber transcurrido más de seis años de haberlo adquirido”, destacó el informe DA-16-27 de la Oficina del Contralor. 
“En una inspección física realizada por nuestros auditores el 25 de octubre de 2013 y el 28 de julio de 2015. Se observó que la propiedad se encuentra deteriorada, en total estado de abandono y parcialmente quemada. La Administración no pudo suministrar a nuestros auditores evidencia de cómo efectuó el pago de $13,114 por concepto de gastos de honorarios de abogado, sellos y comprobantes de pago para el Registro de la Propiedad”, indica la auditoría.
De acuerdo con Contraloría, la Administración de Corrección no tuvo un control de gastos dentro de un marco de utilidad y austeridad a tono con la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico (Ley 230 del 23 de julio de 1974) que rige las operaciones del Gobierno. 
La auditoría además señala irregularidades en el manejo de nueve contratos con 45 enmiendas. Los contratos totalizaron $34.7 millones y fueron formalizados del 2004 al 2008 para la construcción de verjas en los complejos correccionales de Bayamón, El Zarzal en Rio Grande y La Pica en Jayuya. 
La  Administración de Corrección no remitió 22 enmiendas por  $3.2 millones a la Oficina del Contralor, ni mantenía expedientes completos de los proyectos de construcción. “Estas situaciones son contrarias a la Ley Num. 18 y al Reglamento 33 sobre el registro de contratos”, concluyó la Oficina del Contralor.
La  Administración de Corrección está adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación.