Oficina del Contralor (horizontal-x3)
La revelación del esquema surgió como parte de una auditoría hecha por la Oficina del Contralor en la UPR en Bayamón. (Archivo / GFR Media)
Dos auditorías separadas que realizaba la Oficina del Contralor (OCPR) revelaron un esquema mediante el que un puñado de contratistas habría defraudado agencias, corporaciones y municipios para obtener acuerdos por al menos $1 millón de fondos públicos.
Según la evidencia recopilada por la OCPR, y que ya se encuentra en manos de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, los contratistas habrían orquestado un esquema de colusión para aparentar que competían entre sí cuando, en realidad, se habían puesto de acuerdo para beneficiar a alguna de las empresas.
Aunque la OCPR no identifica por nombre las corporaciones que estarían implicadas en el esquema, sí ofrece el número de los acuerdos que se adjudicaron en procesos en los que se habría cometido el citado fraude.
Al revisar en el Registro de Contratos de la OCPR, las empresas que resultaron beneficiadas con esos acuerdos fueron J.R. Construction & Equipment Rental, Inc., que ha obtenido 21 contratos con el gobierno por $1,478,606; Landy Construction, con 48 contrataciones gubernamentales que ascienden a $3,073,698, y Northen General Contractors, Inc., con 17 contratos por $1,248,507.
La auditoría de la OCPR detectó evidencia del supuesto fraude en la competencia por 14 de esos contratos, que suman $1,035,306 y fueron otorgados por la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Bayamón y los municipios de Bayamón, Caguas, Corozal, Naguabo y Naranjito entre enero de 2010 y noviembre de 2012. 
“Los proveedores que compitieron son un grupo de personas, aparentemente, asociadas entre sí, organizadas de forma comercial o corporativa con el objetivo de licitar de manera concertada y obviar el principio de justa competencia y transparencia que se debe garantizar en el proceso de compras y de subastas en el gobierno”, indica el informe.
La contralora Yesmín Valdivieso destacó en entrevista con El Nuevo Día que, en este caso, los señalamientos apuntan a irregularidades de parte de los contratistas y que no han encontrado evidencia de que haya algún empleado público involucrado.
“Esto es gente poniéndose de acuerdo para defraudar el gobierno. Por más bueno que sea el ‘preinterventor’ (que revisa las cotizaciones), lo tiene muy difícil para detectar esto”, aseguró la funcionaria. “Nosotros no encontramos ninguna evidencia de que alguien en esos municipios supiera del fraude que esta gente estuviera cometiendo”.  
La revelación del esquema surgió como parte de la auditoría en la UPR en Bayamón, en la que los funcionarios de la OCPR hallaron indicios de una posible falsificación de cotizaciones que incluyeron el uso de logos falsos y la presentación de una supuesta oferta por parte de una corporación, cuyo presidente aseguró luego a los auditores que no se presentó para conseguir ese contrato y que su empresa no ofrece los servicios que se requerían.
Aparte de suplantar a esa empresa, los directivos de lascorporaciones implicadas habrían incorporado al menos otras 20 entidades con las que presentaban cotizaciones que no ofrecían competencia a la oferta de la compañía que querían beneficiar.
En agosto del año pasado, la OCPR refirió estos hallazgos y la evidencia recopilada a Justicia.
“Nosotros llegamos hasta aquí. Ahora mis auditores están cooperando con el Departamento de Justicia”, precisó Valdivieso.