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Hernández Pérez no tendrá que comparecer ya que se declaró culpable en febrero pasado por 14 cargos, a cambio de una sentencia recomendada de entre cinco años y ocho meses a siete años y tres meses de cárcel. (Archivo / GFR Media)
El juez federal Pedro A. Delgado pautó una conferencia de estatus el 22 de abril en el caso contra los acusados por corrupción gubernamental con esquemas encabezados por el recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) Anaudi Javier Hernández Pérez, quien se declaró culpable por los delitos imputados.
La vista será a las 9:00 a.m. en la sala 3 del Tribunal Federal de Hato Rey, según determinó Delgado.
La representación legal del principal acusado, Hernández Pérez, no tendrá que comparecer a la misma, ya que su cliente se declaró culpable en febrero pasado por 14 cargos, a cambio de una sentencia recomendada de entre cinco años y ocho meses a siete años y tres meses de cárcel. El acuerdo al que llegó su abogado Osvaldo Carlo con los fiscales Timothy Henwood y José Capó Iriarte incluye la confiscación de su residencia en Aguadilla, valorada en $4 millones.
Hernández Pérez fue acusado junto a otras nueve personas por conspirar para cometer esquemas de fraude con un valor aproximado de $2 millones contra la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Cámara de Representantes.
El caso se dividió en tres esquemas de fraude dirigidos por Hernández Pérez en dichas agencias y dependencias gubernamentales.
El primer esquema fue con Sally López Martínez, a quien Hernández Pérez recomendó a Jerry García Padilla para la posición de administradora de ADL con el fin de conseguir contratos con compañías que creó, muchas de ellas luego de las elecciones generales del 2012, cuando Alejandro García Padilla ganó la gobernación. A cambio de la otorgación de contratos, Hernández Pérez le hacía costosos regalos a López Martínez, y los anotaba en un registro.
El segundo esquema se produjo con las coacusadas Sonia Barreto Colón e Ivonne Falcón Nieves, directora de Oficina de Compras y Logística de la AAA y exvicepresidenta de dicha corporación pública, respectivamente, con el fin de obtener contratos. Esto fue a cambio de regalos, pagos de deudas y cenas.
El tercer esquema se detectó en la Cámara de Representantes, donde se alega que hubo un proceso de subasta "corrupto" en el que la compañía de Hernández Pérez, 3CommGlobal, obtuvo un contrato para instalar y dar mantenimiento al cuadro telefónico que nunca funcionó adecuadamente. Los acusados en esta fase fueron el entonces administrador de dicho cuerpo legislativo, Xavier González Calderón; el ayudante operacional Glenn Rivera Pizarro; el exempleado Víctor Rafael Burgos; y los empresarios Carlos Luna y Javier Muñiz Álvarez.
Éste último es el único sumariado del grupo por supuestamente amenazar a una potencial testigo y aspiraba a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP).
El resto de las compañías de Hernández Pérez son: Links Group, LLC; Kendall Consulting Group, Inc.; JM Profesional & Training Group, Inc.; Waffler Avenue, LLC; y EKO Technologies LLC.
Los fiscales adelantaron que tienen "múltiples testigos", correos electrónicos, cuentas bancarias, documentos y otra evidencia para probar los esquemas ocurridos entre 2012 y 2015, poco antes de que arrestaran a los acusados el 3 de diciembre pasado.
Fuentes entienden que el acuerdo entre el gobierno federal y Hernández Pérez conlleva que coopere con las autoridades, tal como lo hizo anteriormente cuando fue testigo en el juicio contra el exjuez Manuel Acevedo Hernández y el contador Lutgardo Acevedo por sobornar al entonces magistrado del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla para que lo absolviera en un caso de homicidio negligente.