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En febrero pasado, Hernández Pérez se declaró culpable en el foro federal por 14 cargos a cambio de una sentencia recomendada. (Archivo / GFR Media)
El Departamento de Justicia tiene previsto presentar un cargo de evasión contributiva contra el comerciante Anaudi Hernández Pérez este próximo miércoles. 
El delito que se le imputará al recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), quien se encuentra bajo arresto domiciliario tras declararse culpable de cargos federales relacionados con corrupción gubernamental, se debe a que supuestamente no rindió la planilla de contribución sobre ingresos para el año contributivo 2014, informó la portavoz de prensa del Departamento de Justicia, Amber Lee Vélez. 
En una comunicación escrita remitida a este medio Velez dijo que se le acusará de un cargo por infracción a la Sección 6030.11 del Código de Rentas Internas. 
Además de Hernández Pérez, enfrentará igual cargo de evasión contributiva su esposa, identificada por el Departamento de Justicia como Verónica Ponce Pena.
También se le imputará evasión contributiva a las empresas 3 Comm Global, Eco Technologies, Kendall Corporation y Links Group, propiedad de Hernández Pérez.
“El total de cargos son ocho. No se puede proveer más información hasta que se vea la vista”, sostuvo la portavoz del Departamento de Justicia. 
La presentació de cargos trascendió en una moción sometida ayer, domingo, en el Tribunal Federal, Sala de San Juan, por el abogado de Hernández Pérez, el licenciado Osvaldo Carlo.
Según la moción, el Departamento de Justicia solicitó el pasado viernes que el imputado se presente en la corte para asistir a una vista de Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal. La misma será a las 9:00 a.m. en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. 
Carlo indicó en la moción que como su defendido está bajo arresto domiciliario, el proceso de citación realizado por el Departamento de Justicia no fue el correcto. Por eso, solicitó que un juez federal emita una orden a la agencia estatal para mostrar causa de por qué la comparecencia no debe ser anulada. 
“Un subpoena no es el procedimiento adecuado para permitir la comparecencia de mi defendido encarcelado”, indica la moción.
Hernández Pérez se declaró culpable en el foro federal en febrero pasado por 14 cargos criminales, a cambio de una sentencia recomendada de entre cinco años y ocho meses, a siete años y tres meses de cárcel. El acuerdo al que llegó Carlo con los fiscales Timothy Henwood y José Capó Iriarte incluye la confiscación de su residencia en Aguadilla, valorada en $4 millones. 
El recaudador popular fue acusado junto a otras nueve personas por conspirar para cometer esquemas de fraude con un valor aproximado de $2 millones contra la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Cámara de Representantes.
El caso, según las autoridades federales, se relacionó con tres esquemas de fraude dirigidos por Hernández Pérez en dichas agencias y dependencias gubernamentales.
Elprimer esquema implicó a Sally López Martínez, a quien Hernández Pérez recomendó a Gerardo García Padilla para la posición de administradora de ADL con el fin de conseguir contratos con compañías que creó, muchas de ellas luego de las elecciones generales del 2012. A cambio de la otorgación de contratos, Hernández Pérez le hacía costosos regalos a López Martínez, y los anotaba en un registro.
El segundo esquema se produjo con las coacusadas Sonia Barreto Colón e Ivonne Falcón Nieves, directora de Oficina de Compras y Logística de la AAA y exvicepresidenta de dicha corporación pública, respectivamente, con el fin de obtener contratos. Esto fue a cambio de regalos, pagos de deudas y cenas, señalaron las autoridades federales. 
El tercer esquema se detectó en la Cámara de Representantes, donde se alega que hubo un proceso de subasta ilegal en el que la compañía de Hernández Pérez, 3CommGlobal, obtuvo un contrato para instalar y dar mantenimiento al cuadro telefónico que nunca funcionó adecuadamente. Los acusados en esta fase fueron el entonces administrador de dicho cuerpo legislativo, Xavier González Calderón; el ayudante operacional Glenn Rivera Pizarro; el exempleado Víctor Rafael Burgos; y los empresarios Carlos Luna y Javier Muñiz Álvarez.
Éste último es el único sumariado del grupo porque supuestamente amenazó a una potencial testigo. El acusado aspiraba a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP).