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El BGF es regulado parcialmente por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). (Vanessa Serra Diaz)
El pasado mes de marzo, El Nuevo Día reportó que ante la posibilidad de que el Congreso no pueda aprobar una pieza de legislación a la brevedad, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) hace malabares para cumplir con los pagos que se avecinan.
Entre estas, el BGF ha intentado vender préstamos, así como propiedades a su haber a fin de fortalecer sus niveles de capital y solvencia, y a medida que se acerca la fecha crucial del 2 de mayo, cuando debe remitir unos $422 millones a sus acreedores.
Además, ha intentado vender otros activos e incluso ha explorado que aseguradoras municipales le brinden apoyo otorgando financiamientos de corto plazo como fue el caso en la Autoridad de Energía Eléctrica.
Empero, ninguno de esos esfuerzos ha rendido frutos y -aún si se dieran- no serían suficientes. Entre mayo y julio próximo, el gobierno debe pagar $2,459 millones a sus bonistas.
En el borrador del Informe Anual Consolidado del Gobierno, es decir, el estado financiero del Gobierno (CAFR 2014), se explica que parte del pago de intereses de las Obligaciones Generales que debe hacerse en julio próximo, se separó de la emisión de bonos de $3,500 millones vendida en 2014.
No obstante, hacer el pago de GOs de julio próximo y que ronda $780 millones, no parece factible a raíz de la precaria posición del BGF.
El CAFR 2014 advirtió que a partir de este mes de abril, el BGF no podrá cumplir con la reserva legal que se le exige por depósitos de terceros. Como resultado, el dinero de los depositantes podrá estar restringido.
Asimismo, el informe advierte que si el BGF no recibe una suspensión de pagos de sus acreedores, el gobierno podría enmendar la ley orgánica del agente fiscal y decretar una moratoria.
El BGF es regulado parcialmente por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), dependencia que examinó la solvencia del agente fiscal el año pasado. La OCIF no tiene poder para cerrar la institución, pero sí debe presentar sus hallazgos al secretario de Hacienda para que este tome las acciones pertinentes, incluyendo el cierre del agente fiscal. De ser el caso, según la ley del BGF, esa facultad reside en el gobernador de Puerto Rico, por recomendación del secretario de Hacienda.
Los hallazgos de la OCIF en torno al BGF no se conocían hasta que esta semana, parte de los resultados de ese examen salieron a relucir en una orden emitida por el juez federal José Fusté en un pleito incoado por Walmart.
Fusté declaró inconstitucional un impuesto que estableció el gobierno a las compras entre filiales con cierto volume de ventas y al emitir su opinión, citó parte del informe que hizo la OCIF acerca del agente fiscal. El examen de la OCIF al BGF fue parte de la evidencia que desfiló en el caso a instancias de la representación legal de Walmart. Al emitir su fallo, Fusté citó el informe emitido por el regulador bancario estatal, incluyendo los múltiples escollos que encaró la OCIF para examiner al BGF. Según el fallo emitido por Fusté y en el que cita el examen de la OCIF, el BGF no contabiliza apropiadamente unos $1,000 millones en préstamos que se ha comprometido a emitir y otros $1,300 millones en cartas de crédito emitidas por el BGF a terceros. Así las cosas, para junio de este año, el BGF tendría una deficiencia de efectivo de $1,348 millones.
¿Qué pasa si el BGF cierra?
1. El acceso a financiamiento de bajo costo, es decir, la capacidad de tomar prestado se pierde. Esto afectaría todos los municipios y agencias sensitivas como el Departamento de Salud y el Departamento de Educación.
2. Subirá el costo de servicios bancarios para el gobierno. Esto porque los cargos por servicios bancarios en el sector privado son más costosos.
3. La estructura que posee el gobierno para tomar prestado en los mercados de capital se desarticula.
4. Se podría interrumpir el pago de los salarios a empleados públicos, contratistas o utilidades como la electricidad, el agua y el teléfono.
5. El sector privado perdería la asistencia del Banco Gubernamental de Fomento como garantizador en proyectos de inversión pública o privada, en obra o en infrestructura.
6. Todas las ramas del gobierno, menos la Rama Judicial, que tenga cuentas de depósitos en el BGF se afectarán.