(semisquare-x3)
Luego de un debate de más de cuatro horas, la Cámara permaneció en receso por cerca de tres horas adicionales en busca de llegar a entendidos sobre una propuesta de enmienda presentada por el representante Rafael “Tatito” Hernández Montañez. (Jose Cruz Candelaria)
Tras un extenso y volátil proceso de negociación, la Cámara de Representantes aprobó la madrugada de este miércoles el proyecto de administración que dará al Ejecutivo el poder para declarar una moratoria sobre el pago de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y otras instrumentalidades públicas.
La Cámara avaló la versión del Proyecto del Senado 1591 que ratificó el martes de madrugada el Alto Cuerpo, sin incluirle enmiendas, y la pieza pasa ahora directamente a La Fortaleza para la firma del gobernador Alejandro García Padilla. 
En la votación final, apoyaron la medida todos los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), incluso el representante Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien había expresado con insistencia su oposición. Y le votaron en contra la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el representante popular Ángel Matos.
La consideración de la medida se extendió por varias horas porque, luego de más de cuatro horas de debate, la mayoría del PPD se enfrascó en intensas negociaciones en busca de llegar a entendidos sobre una propuesta de enmienda presentada por el representante Rafael “Tatito” Hernández Montañez para excluir de la posible declaración de una moratoria por parte del primer ejecutivo todas las obligaciones que estén respaldadas por la “buena fe y el crédito del gobierno del Estado Libre Asociado”.
En ese grupo, se incluyen las obligaciones generales del gobierno (GO’s), parte de la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos y otras obligaciones menores. 
Hernández Montañez también propuso eximir “las emisiones de bonos y notas en circulación o por emitir y garantizadas por fuentes de recaudos a través de fideicomisos” o el mecanismo de titulación de activos (“securitization”), como serían los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).
Argumentó que, la medida tal como fue aprobada en el Senado, podría afectar las gestiones que actualmente se realizan en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que se interesa impulsar en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para darles un instrumento de financiación a través del mecanismo de titulación de activos, pues es una estructura similar a Cofina. 
Según estimados de Hernández Montañez, su propuesta pretendió dejar fuera de la declaración de moratoria cerca de $16,000 millones de los GO’s y de otros créditos respaldados por el ELA, e igual cantidad asociada a los bonos de Cofina. 
Horas antes de la votación que permitió la aprobación de la medida sin enmiendas y con el mínimo de 26 votos, Hernández reafirmó sus reparos en torno a la pieza legislativa. 
“Tenemos que reconocer que la deuda es impagable, toda, pero hay que atender cada una con las disposiciones, con los acuerdos contractuales que tiene para garantizar que se puede resolver el problema”, sostuvo. Sin embargo, poco después de las 12:30 a.m. votó a favor.
El legislador popular Ángel Matos arribó al hemiciclo casi al cierre de la sesión y emitió su voto en contra. 
Hernández Montañez advirtió más temprano que, si no se acogían los cambios que recomendó y se consideraba la medida tal cual la avaló el Senado, él le votaría en contra a la pieza, pero a último minuto cambió de parecer.
En cambio, los representantes Manuel Natal, Luis Raúl Torres y Luis Vega Ramos dejaron claro durante el debate que, si se incluía la enmienda del presidente de la Comisión cameral de Hacienda, emitirían un voto adverso a la medida. El trío de representantes apoyó la versión original de proyecto de administración que permitiría establecer una moratoria en el pago de todas las obligaciones del gobierno. Esa fue la versión aprobada. 
La delegación del PPD tiene 28 integrantes, y toda medida requiere el aval de 26 legisladores en la Cámara para conseguir su aprobación, como ocurrió pasada la medianoche. 
El representante Javier Aponte Dalmau estuvo ausente este martes por enfermedad.
Los reparos de Ángel Matos se relacionaron con disposiciones sobre el control y manejo que tendrían los gobiernos municipales de las cuentas que mantienen en el BGF. 
El proyecto pasaría en las próximas horas a La Fortaleza para ser convertido en ley por el gobernador Alejandro García Padilla, quien temprano advirtió sobre el impacto negativo que a su juicio suponía no aprobar la medida