Buscan que maestros coticen para el Seguro Social (semisquare-x3)
La senadora Mari Tere González anticipó que presentará un proyecto de ley para ordenar la celebración del referéndum entre la clase magisterial. (Archivo / GFR Media)
Además de las elecciones sindicales que comenzaron este lunes, el personal docente del Departamento de Educación (DE) podría tener ante sí próximamente una nueva consulta para auscultar si desea cotizar o no para el Seguro Social federal.
La senadora Mari Tere González, presidenta de la Comisión senatorial de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo, anticipó este lunes que presentará un proyecto de ley para ordenar la celebración del referéndum entre la clase magisterial, como dispone la normativa federal cuando se interesa incluir más profesionales entre los beneficiarios del Seguro Social. 
Cuando a mediados del siglo pasado se hizo una consulta con objetivos similares entre los empleados públicos, solo el magisterio, los policías y los bomberos votaron en la negativa. 
El referéndum sería un requisito indispensable para poder implementar las disposiciones del Proyecto del Senado 1455, de la autoría del senador popular Cirilo Tirado y que crearía la “Ley para la Cotización al Seguros Social Federal de los Maestros del Sistema Público”. La medida busca compensar a los maestros y maestras por los recortes que sufrieron con la reforma al Sistema de Retiro para Maestros (SRM) legislada en el 2013. 
“El proyecto del senador Cirilo Tirado depende de una situación de fondos y de garantizar esa consulta para que ellos (los docentes) respondan. Sin consulta, hacer esto operacional es complicado porque es uno de los requerimientos federales. Tiene que haber consulta, y después que se conteste ‘sí’ tiene que haber el nivel práctico, cómo se va a poner en función esta medida”, indicó González en un aparte con periodistas tras una vista pública sobre el proyecto de ley. 
Aunque adelantó que presentaría una legislación adicional, González reconoció que en el Senado existe desde el 2013 un proyecto de ley del senador novoprogresista Carmelo Ríos que ya fue avalado por la comisión que ella preside, aunque no ha sido considerado por el Senado en pleno. 
El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, fue quien alertó que la Ley federal de Seguro Social obliga la celebración de una consulta antes de extenderle el beneficio a cualquier trabajador que actualmente no esté cobijado por ese programa federal. 
“La manera jurídicamente viable para sujetar a los maestros al Seguro Social como participantes, a su vez, de un sistema de retiro estatal es –como se ha legislado previamente- ordenándole al secretario de Educación que celebre un referéndum entre la totalidad de estos y que su mayoría esté a favor de tal cotización, consintiendo así al correspondiente descuento de sus salarios por concepto de la aportación al Seguro Social”, indicó Miranda en el memorial escrito que sometió ante la comisión del Senado.
Recordó que, en el 2000, se aprobó una ley para viabilizar la consulta, pero no prosperó porque el Ejecutivo no la llevó a cabo durante el término de 90 días que estableció el estatuto.
Tanto la Asociación de Maestros como Educamos presentaron también sendos escritos ante el organismo legislativo, e insistieron en que el primer paso para viabilizar que el magisterio cotice para el Seguro Social es realizar una consulta entre el gremio.
El DE, en tanto, favoreció la intención de la medida, pero cuestionó su viabilidad fiscal al recalcar que la agencia no cuenta hoy con los fondos para hacer la aportación patronal al Seguro Social. 
Orlando Negrón, secretario de administración interino del DE, estimó que si la pieza le aplica a los 2,258 docentes que ingresaron al sistema público luego del 23 de diciembre del 2013, cuando se aprobó la Ley 160 para reformar el SRM, la agencia tendría que aportar cerca de $2.9 millones. En cambio, si aplicara a la totalidad del magisterio, incluidos los consejeros, trabajadores sociales, bibliotecarios, entre otros, la aportación ascendería a $66.8 millones. 
“El DE necesitaría la garantía, por parte de las agencias correspondientes y la Legislatura, de la disponibilidad de los fondos necesarios en el presupuesto del Departamento en cada año fiscal para cumplir con las responsabilidades fiscales que impone este proyecto”, advirtió el funcionario del DE.
Igual observación hizo el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista.