torre de la universidad (semisquare-x3)
Gran parte de los profesores parecían en una actitud defensiva ante los retos fiscales que enfrenta la UPR, producto de la crisis financiera y económica que se vive en Puerto Rico. (Ramón Tonito Zayas)
El claustro del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) acogió ayer un informe de un comité especial del Senado Académico que, entre otras cosas, exige que se garantice la asignación presupuestaria al sistema universitario público, se exija la autonomía universitaria y se rechacen influencias externas en la toma de decisiones, especialmente las de índole partidista.
Del mismo modo, el documento, que fue discutido en una asamblea del claustro en el teatro Julia de Burgos del recinto riopedrense, le exige a la Administración Central de la UPR que detenga el control sobre los asuntos presupuestarios de los recintos, medida que fue decretada en diciembre por el presidente Uroyoán Walker para controlar los gastos ante los retrasos en la llegada de los fondos que reciben del Departamento de Hacienda.
“Las constricciones presupuestarias sobre la UPR y sobre este Recinto en particular han llegado a un nivel en que se comienza a afectar la capacidad institucional de cumplir con los servicios educativos, de investigación/creación, de responsabilidad social, y de internacionalización a los que nos hemos comprometido”, lee el documento que acogió el claustro en la mañana de ayer. 
Gran parte de los profesores parecían en una actitud defensiva ante los retos fiscales que enfrenta la UPR, producto de la crisis financiera y económica que se vive en Puerto Rico. 
Algunos hacían llamado a una actitud de “guerra” en defensa de la autonomía universitaria, los procesos democráticos dentro de la institución, y pedían una toma de decisiones que alteraran lo menos posible la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios que se ofrecen en la UPR.   
Los menos, por otro lado, llamaban a la reflexión y a que se tomen en cuenta, precisamente, las limitaciones económicas que se viven en el País, con la caída de los recaudos del Departamento de Hacienda, los agudos problemas de liquidez en el Banco Gubernamental de Fomento y la ausencia de accesos a los mercados de capital. Incluso algunos motivaban a que se tomaran acciones para generar nuevos ingresos a la UPR que limiten la dependencia a los fondos del Gobierno central.  
“La situación que vive el país es grave y no podemos estar enajenados de esa realidad”, dijo el profesor de Humanidades, Luis Ortiz, durante la sesión de preguntas de la asamblea.
Una buena parte de la discusión giró en torno a la Ley 66 de 2014 que congeló las aportaciones del Gobierno central a las corporaciones públicas, lo que echó a un lado las aportaciones usuales al sistema universitario público que constituían el 9.6% del Fondo General. En el caso de la UPR, las aportaciones se congelaron primero en $832 millones y luego en $821 millones.
Algunos de los profesores pedían que se exigiera la derogación del estatuto mientras otros entendían que esto no le convenía a la UPR. Esto porque los recaudos de Hacienda han disminuido al punto que el presupuesto congelado para la UPR podría ser mayor al que le correspondería por las fórmulas antes usadas.
También hubo varias expresiones de rechazo en cuanto a la intromisión externa en los asuntos universitarios. En esa discusión se hizo referencia a las presiones partidistas y a la amenaza que la propuesta junta de control fiscal ejercería sobre la UPR. 
“Lo urgente tiene que ver con esos poderes externos que constituyen una gran amenaza no solo para nosotros sino para todo el país”, dijo Madeline Román, profesora de Ciencias Sociales. 
“Nosotros (los rectores) establecimos una declaración contra una junta de control fiscal que afecte a la universidad y sus cimientos democráticos. La universidad debe ser vista  no como el problema, sino como la solución a la crisis”, dijo, por su parte, el rector, Carlos Severino.
Lo que pide el claustro
1- Que se garantice un espacio de reflexión y acción primario sobre la Universidad constituido por los propios universitarios. 
2- Que se diseñe, ante la crisis, un plan estratégico para el sistema y para el recinto producto de la voluntad universitaria y del ejercicio deliberativo. 
3- Que las propuestas e informes externos no sirvan de punto de partida para el plan estratégico que se diseñe. 
4- Que se honren los $821 millones de asignación del Fondo General para la UPR.
5- Que no se tomen decisiones que afecten la calidad de la enseñanza, la investigación, creación y servicio que ofrece la UPR.