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El representante popular Ángel Matos rechazó que se hubiera comprometido a votarle a favor a la pieza legislativa. (Archivo / GFR Media)
El representante del Partido Popular Democrático (PPD) Ángel Matos, quien fue el único en su delegación que se opuso a la recién firmada ley sobre la moratoria de la deuda pública, se unió este jueves a los diversos sectores que han cuestionado la validez constitucional del estatuto, y estimó que podría enfrentar grandes retos en los tribunales. 
Sin embargo, no fueron sus reparos en torno a la manera en que fue diseñada la legislación los que provocaron que le votara en contra a la medida la madrugada de ayer, miércoles, sino la negativa del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) a darle acceso al gobierno municipal de Carolina a unos $19 millones de un préstamo de la banca privada que fueron depositados en la institución pública. 
“Desde que entramos a la Conferencia Legislativa, le informé a La Fortaleza y al presidente de la Cámara, Jaime Perelló, mi posición con relación a cualquier proyecto de ley del BGF que cause que los municipios tengan limitaciones a la hora de acceder a sus fondos privados depositados en el banco”, dijo Matos a este medio al rechazar que se hubiera comprometido a votarle a favor a la pieza, como sugirió el representante Rafael “Tatito” Hernández Montañez tras la votación la madrugada de ayer. 
“Ante la negativa del banco a transferir los fondos de la ciudad, según solicitados, tomé la decisión de votarle en contra a la medida por el daño a la ciudad de Carolina y a otros municipios que ahora tendrán que ofrecer servicios de manera limitada ante la falta de acceso a capital”, argumentó al señalar que no descarta recurrir a la vía judicial para intentar resolver la controversia con el BGF.
Matos, quien es representante por el Distrito de Carolina, señaló que el Ejecutivo les había anticipado a los legisladores que presentaría un proyecto de ley para atender la emergencia fiscal del BGF, y no fue hasta la reunión de la Conferencia Legislativa el lunes que conocieron las otras disposiciones que, según el representante, podrían violentar la Constitución del Estado Libre Asociado.
“Ahí se legislaron disposiciones para que nadie pueda ir llevando pleitos a los tribunales. Eso lo puede ver un juez municipal o el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y no hay manera de que eso se sostenga. Hubiera preferido que atendiéramos únicamente la reestructuración del banco, y dos semanas más tarde, otros proyectos. Haber cogido todos los temas en un solo proyecto, además de ser una práctica legislativa cuestionable, es una ley que tendrá conflicto en los tribunales”, sostuvo. 
Matos anticipó que apoyaría el proyecto que el representante Hernández Montañez se dispone a presentar para incluirle enmiendas a la recién aprobada ley para eximir de la moratoria que el gobernador podría declarar a las obligaciones respaldadas por la buena fe y el crédito el gobierno y las que estén garantizadas con recaudos a través de fideicomisos o el mecanismo de titulación de activos (“securitization”).
“El proyecto de enmiendas no es otra cosa que un reconocimiento de que lo que se aprobó tiene peligros y cuestionamientos, no sólo jurídicos en su diseño, sino que reconoce que se hace daño a distintos sectores de la sociedad”, puntualizó Matos. 
Hernández Montañez asegura que la Cámara le dará paso a la medida, y que el gobernador Alejandro García Padilla se comprometió con él a no vetarlo, pero el presidente el Senado, Eduardo Bhatia, ha manifestado dudas en términos de la viabilidad del proyecto en ese cuerpo legislativo.