Rolando Ortiz y Héctor O’Neill (horizontal-x3)
Los alcaldes Rolando Ortiz y Héctor O’Neill reaccionaron preocupados por el efecto de la orden ejecutiva en las finanzas de sus municipios. (Xavier J. Araújo Berríos)
La orden ejecutiva del gobernador Alejandro García Padilla limitando el retiro de las cuentas en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) causó consternación entre los alcaldes populares y novoprogresistas. 
Algunos veían el asunto como injusto para los pueblos, otros como una tranquilla al desarrollo económico que el mismo gobierno pretende impulsar para salir de la crisis económica que se vive desde el 2006. 
Esto último porque también la orden del gobernador suspende los desembolsos relacionados con préstamos otorgados por el BGF a municipios, agencias y corporaciones públicas. 
“Esto es detener la obra pública que se está haciendo. Imagina las implicaciones negativas que tiene esto en el desarrollo económico de los municipios. Lo irónico es que sabemos que para resolver la crisis económica que tenemos lo que se necesita es promover la inversión”, dijo el alcalde popular de Comerío, José A. Santiago.
“El gobierno central tiene pulmonía y con estas decisiones nos está pegando la pulmonía. En el caso de los préstamos, son fondos que ya están obligados y que son proyectos que están subastados y con contratos firmados”, dijo, por su parte, el alcalde novoprogresista de San Sebastián, Javier Jiménez.
“La situación del impago del gobierno central nos la están pasando a los municipios”, denunció el presidente de la Federación de Alcaldes (que reúne a los alcaldes afiliados al Partido Nuevo Progresista), Héctor O’Neill.
Anticipó que esta orden ejecutiva terminará siendo retada ante los tribunales porque les impedirá a muchos de los municipios cumplir con sus obligaciones contractuales.
En el caso de Santiago, esta orden podría limitar el uso de más de $1.3 millones que tiene el municipio de Comerío en cuentas del BGF. En el caso de San Germán, la orden ejecutiva podría tener el efecto de paralizar algunas de las mejoras permanentes que se están llevando a cabo en el ayuntamiento con préstamos autorizados por el BGF y que usan como fuente de repago las contribuciones que cobra el municipio.  
“Nosotros no tenemos cuentas con ellos pero sí tenemos desembolsos de préstamos pendientes. Si se suspenden, como dice la orden, se detiene el desarrollo económico del pueblo. Es injusto porque son préstamos que se pagan con los mismos fondos que el BGF maneja de los municipios. Están tratando de salvar el país con los chavos de los pueblos”, dijo el alcalde de San Germán, Isidro Negrón. 
El presidente de la Asociación de Alcaldes (que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático), Rolando Ortiz, reiteró las preocupaciones económicas de sus homólogos. No obstante, recordó que toda esta situación surge debido a los problemas de liquidez en el BGF que, a su vez, son productos del otorgamiento de préstamos sin fuentes de repago durante otras administraciones gubernamentales. De hecho, actualmente la corporación que más dinero le debe al BGF es la Autoridad de Carreteras y Transportación, que acumula deudas de casi $2,000 millones sin tener forma de saldar ese préstamo.
“Esta es una movida que procura, ante la crisis, que haya los recursos suficientes para la nómina y los servicios básicos del gobierno. No podemos olvidar que estamos ante la crisis más grande que se ha vivido en Puerto Rico en tiempos recientes. Esperamos que esta situación se pueda resolver en la mayor brevedad posible para que no se afecten los servicios que se dan a nivel municipal”, dijo Ortiz.
La propia orden ejecutiva promulgada ayer por García Padilla tiene vigencia hasta el 30 de junio, fecha que marca el último día del año fiscal en curso. Esto, sin embargo, es tiempo suficiente para que la situación empeore como para que los servicios de los municipios se afecten significativamente.  
El alcalde de Loíza, Eddie Manso, opinó que la situación fiscal en los municipios pequeños empeorará con esta orden ejecutiva. “Creo que en Puerto Rico no se ha tocado fondo y que ahora llegaremos. Los municipios pequeños recibiremos un golpe enorme con esa orden. Ahora va a ser más cuesta arriba sobrevivir y ofrecer los servicios”, expresó Manso. 
El alcalde de Loíza añadió que ya el BGF había comenzado a restringir los fondos y los préstamos al punto que el Banco no le ha concedido ni un solo préstamo para mejoras de capital en su municipio. “Es la primera vez en los casi 12 años que llevo como alcalde que el BGF no me da un empréstito a pesar del margen prestatario que tenemos”, añadió Manso.
El comisionado residente, Pedro Pierluisi, dijo que la orden ejecutiva es una muestra de improvisación que demuestra falta de capacidad para gobernar. “El gobernador repite hasta el cansancio la excusa de que heredó esta crisis. Pero lo cierto es que él y su administración la ha empeorado, en vez de resolverla. Este gobierno recibió un BGF con cerca de $2,000 millones en liquidez, un mercado abierto y dispuesto a financiar y refinanciar la deuda de Puerto Rico si se mantenían medidas fiscales responsables y la transparencia necesaria”, dijo
Mientras, David Bernier, candidato del PPD a la gobernación, expresó que la declaración de la emergencia coincide con la reafirmación de interés por parte de los acreedores y del gobierno para reanudar los esfuerzos que permitan un acuerdo que viabilice la reestructuración de la deuda. “Esa tiene que ser la ruta para evitar el impago”, dijo.