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El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, destacó que no solo se afectarían los municipios sino también “el sistema de Salud, el sistema educativo, el financiamiento de la infraestructura”. (Archivo / GFR Media)
Si el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) llega a una sindicatura, habría consecuencias nefastas no solo para los municipios sino para todo Puerto Rico.  
Pero el alcance y las consecuencias aún no ha sido discutido dijeron dos legisladores. 
“Tomando en consideración la realidad de la dependencia que tienen los municipios ahora mismo sobre el Banco de Fomento y una de sus subsidiarias, debo decirte que sí (se afectarían). (Pero) estamos en blanco hasta que no veamos el lenguaje de lo que trae como propuesta el Ejecutivo o cuál va a ser el lenguaje de lo que traiga el secretario (de Hacienda, Juan Zaragoza)”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández. 
Destacó que no solo se afectarían los municipios sino también “el sistema de Salud, el sistema educativo, el financiamiento de la infraestructura”. 
Hernández dijo que habrá que ver de  “qué va a quedar en sindicatura porque como el banco tiene un gran número de responsabilidad, va a depender de si se hace de manera organizada o bajo las disposiciones establecidas, que es el secretario de Hacienda el que tiene que comenzar el proceso. Va a depender de cuál de las dos vías ser va”. 
De hecho, ante la posibilidad de que el BGF entre en una sindicatura, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló, exigió hoy al gobernador, Alejandro García Padilla, a la presidenta del banco, Melba Acosta y al secretario de Hacienda que expliquen las repercusiones que podrían haber para los municipios.
El BGF, explicó el legislador en comunicado de prensa, es el administrador del fondo de la Corporación de Financiamiento Municipal (COFIM), creado para darle solidez a dicha institución. COFIM está facultada para la emisión de bonos, para financiar, pagar o refinanciar, directa o indirectamente, toda o parte de las obligaciones de los municipios que son pagaderos o están garantizados con el impuesto de ventas y uso. Bajo esta Ley, se ha desarrollado un plan el cual establece un método nuevo de recaudo del 1% del IVU municipal para todos los Municipios de Puerto Rico. 
“(Eso) no está ni siquiera claro para nosotros”, agregó el legislador. 
El BGF está en una situación precaria. A marzo la liquidez del BGF rondaba los $750 millones. La reserva que debía tener rondaría los $900 millones. 
Rodríguez Aguiló indicó que si un síndico entra al BGF podría disponer de esos fondos, dejando desprovistos a alrededor de 48 municipios. 
“Unos 48 municipios se exponen a cerrar sus operaciones, dejando en la calle a miles de empleados públicos y a miles de ciudadanos sin los servicios básicos a los que tienen derecho. Este delicado asunto nos afecta a todos como puertorriqueños, indistintamente si la administración municipal es penepé o popular”, denunció el legislador.
Pidió a García Padilla, a la licenciada Acosta y a Zaragoza que expliquen abiertamente cuáles serían los alcances y si han estimado el efecto que esta medida tendría en los municipios.