Hacienda (horizontal-x3)
Los estimados más recientes proponen que hay alrededor de $2,089 millones en pagos atrasados. (Archivo / GFR Media)
La visita es constante. Juan Carlos Córdova va a la Unidad de Remedio Provisional del Departamento de Educación para ver si llegó el tan esperado pago del Gobierno por las terapias que el Centro Crece provee a los niños de educación especial. La expectativa no es mucha. Después de todo llevan esperando desde mediados de diciembre  por los pagos.
Él no es el único que depende de ese pago. Detrás suyo hay un grupo de 47 terapistas que les dan servicio a más de 130 participantes del programa de Educación Especial. Sus pagos se han visto limitados por la falta de fondos en el Gobierno y más recientemente por unos cambios en el sistema de facturación en el Departamento de Educación. 
“Nos dijeron que iban a resolver la semana pasada, pero no pasó nada. Nos deben los pagos desde la mitad de diciembre y ahora lo que han hecho es cambiar los sistemas para que uno ni pueda facturar”, dijo Córdova.
El pago parece depender de la importancia que les da el Gobierno a las labores que realizan. También depende de la presión pública que puedan ejercer. 
“Esta semana ya tendremos que tomar una decisión sobre (si continúan) las operaciones porque no podemos seguir así”, lamentó Córdova. 
Dentro del Departamento de Hacienda, agencia que tramita y emite los pagos a los contratistas y suplidores del Gobierno, la situación puede ser igual de apremiante. Cada día un grupo de funcionarios se reúne para determinar los pagos que pueden liberar, dependiendo del balance que haya en las cuentas del Fondo General.
“Lo difícil es que estamos conscientes de que estamos trabajando con seres humanos y que la decisión que tomemos afectará al País en momentos en que no hay recursos para cumplir con todos. Hay veces que uno se siente optimista pero también hay frustración. Tratamos de hacer lo mejor aunque no se perciba así”, dijo Yaimé Rullán, secretaria auxiliar del Tesoro del Departamento de Hacienda. 
Las prioridades. Los atrasos del Gobierno en los pagos a los suplidores y contratistas son relativamente comunes en Puerto Rico. No obstante, la acumulación de estos atrasos han llegado a niveles históricos. Los estimados más recientes proponen que hay alrededor de $2,089 millones en pagos atrasados, cifra que podría aumentar a $2,200 millones para el cierre del año fiscal en curso, según adelantó a inicios de la semana pasada la secretaria de la Gobernación, Grace Santana.
Todo comenzó cuando el Departamento de Hacienda tuvo que ajustar sus proyecciones de ingresos para este año fiscal. En esencia, los estimados más realistas apuntaban a que el Gobierno iba a recibir unos $300 millones menos que lo inicialmente estimado durante la elaboración del presupuesto.
El 8 de diciembre de 2015, el gobernador Alejandro García Padilla emitió una orden ejecutiva en la que delegaba en el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) los recortes en los gastos gubernamentales para ajustar el presupuesto a esta nueva realidad fiscal. En esa orden ejecutiva el gobernador también le ordenó al Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica que lidera el secretario de Estado, Víctor Suárez Meléndez, la creación de unas guías para establecer las prioridades en los desembolsos del Gobierno. Esto porque ya se lidiaba con un problema de liquidez en las cuentas gubernamentales y las deudas a los contratistas y suplidores del Gobierno comenzaban a amontonarse. 
Estas guías, explicó Rullán, siguen básicamente lo que se establece en la Constitución, dando prioridad al pago de los intereses y la amortización de los bonos de obligación general. Añade las prioridades adicionales definidas en la Ley Orgánica de la OGP (ley 147 de 18 de junio de 1980).
El orden que se sigue es el siguiente: primero las obligaciones generales, luego los contratos legales y las sentencias, después los servicios de salud, los de seguridad, los programas de bienestar público (como los integrados al Departamento de la Familia), las aportaciones a los sistemas de retiro, la construcción de mejoras permanentes ya contratadas y, finalmente, los programas o proyectos que, si son pospuestos, puede afectar a la población a la que está dirigida la iniciativa.
“No es que tenemos que pagar todo lo que tiene que ver con salud primero para entonces poder emitir pagos de educación. Tratamos de hacer un balance para ver las necesidades más inmediatas y los pagos más atrasados y a base de eso es que se emiten”, explicó Rullán.
El proceso de análisis. Rullán explicó que todo el proceso comienza cuando la agencia o entidad de gobierno correspondiente entra al sistema de contabilidad de Hacienda toda la documentación necesaria para que se emita el pago al contratista o suplidor del Gobierno. 
Cuando esto ocurre, Hacienda hace el trámite ordinario del pago. Es decir, procesa la petición de pago, imprime el cheque, u organiza la transferencia electrónica de dinero, y le asigna un número a la transacción. 
El pago, sin embargo, no sale de inmediato. Todo depende de los fondos que se tenga en Hacienda, explicó Rullán. 
La urgencia de los desembolsos la establece la agencia o la entidad gubernamental a la que le dieron los servicios. Una vez hay un número asignado a la transacción, el organismo gubernamental emite una certificación declarando la importancia de ese desembolso. Esto le permite a Hacienda tener la información necesaria para emitir un juicio en cuanto a qué cheque sale primero. De lo contrario, la información que tendrían disponible sería el monto a desembolsar y el nombre de la entidad a la que se dirige el cheque. Esa decisión es la parte más difícil, dijo Rullán. 
Cada decisión que tomen tiene un potencial efecto en las partes involucradas: individuos que necesitan cobrar para pagar sus deudas, corporaciones que no logran pagarle a sus empleados, compañías tan apretadas económicamente que podrían estar a punto de quebrar. A la misma vez, se necesita mantener la mayor estabilidad posible en las operaciones del Gobierno. 
“El hecho de que una agencia nos envíe una solicitud de desembolso no significa que tenemos los recursos para pagarlo inmediatamente. Nosotros nos tenemos que sentar y mirar qué es prioritario. A veces nos pueden llamar con alguna emergencia o una situación particular que debemos atender. Es algo dinámico. En ese ejercicio descansamos en las guías de desemboslos y en las necesidades de mantener la mayor estabilidad posible dentro de los recursos que tenemos”, dijo Rullán.
Y esos recursos son bien limitados. La secretaria de la Gobernación, al abordar el tema a inicios de mes, afirmó que actualmente se liberan al día entre $8 millones y $10 millones. Se trata de una cifra que está por debajo de lo que, en promedio, se le factura diariamente al Gobierno, a juzgar por las proyecciones de aumento en los desembolsos atrasados para el cierre del año fiscal. 
Cada día, según Rullán, el proceso comienza mirando lo que hay disponible para los desembolsos. El ejercicio implica un análisis del balance en las cuentas manejadas por Hacienda, incluyendo las proyecciones de ingresos y gastos programados en lo que resta de año fiscal. Por ejemplo,  un pago pendiente que sea alto en la escala de prioridades y con una cuantía considerable podría implicar una reducción en el promedio de los desembolsos de Hacienda en días previos. De este modo pueden acumular el efectivo suficiente para hacer ese pago. 
 Del mismo modo, durante el año fiscal Hacienda no recibe de manera uniforme el dinero producto de las contribuciones. Por ejemplo, el primer semestre de cada año fiscal suele proveer menos ingresos que el segundo por varios factores, entre los cuales está que la mayor parte de las contribuciones sobre ingresos llegan en el mes de abril. Del mismo modo, entre julio y diciembre  poco más de la mitad de lo que genera  el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) estatal (con su tasa de 10.5%) es usado para pagar el servicio de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). Esto, sin embargo, no se repite en la segunda mitad del año fiscal, por lo que los ingresos del fondo general aumentan.  
 Esa inconsistencia en los ingresos que recibe el gobierno se remediaba antes con la emisión de las Notas de Anticipación de Impuestos, (TRANs, por sus siglas en inglés) que no son más que unos préstamos a corto plazo que hace el Gobierno para mantener un flujo de efectivo. Las degradaciones en el crédito de Puerto Rico a niveles profundos dentro del rango especulativo de inversión (comúnmente conocido como chatarra) implicó un cierre de los mercados de capital para Puerto Rico y, por consiguiente, una incapacidad para obtener estos préstamos que aseguran el flujo de efectivo del Gobierno. Para paliar el asunto, el Gobierno pasó leyes obligando a ciertas corporaciones públicas solventes, como la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, a comprar unos TRANs internos del Gobierno. Eso trajo alrededor de $400 millones de efectivo al Gobierno. No obstante, existen ciertas dudas en cuanto a la capacidad de repago de estas notas. 
“Todo depende del efectivo que tengamos... Mucha gente dice que Hacienda les tiene el cheque aguantado pero puedo asegurar que hacemos lo posible para asegurar la estabilidad de las operaciones. Estamos atravesando momentos de grandes retos y dificultades. Lo que hacemos, en este momento, es tratar de lo que está a nuestro alcance para mantener la estabilidad y para echar el país adelante”, dijo la secretaria auxiliar del Tesoro en Hacienda.