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Rosselló Nevares, quien aspira a la gobernación del País, respalda una reestructuración de la deuda del país
El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló Nevares, favoreció crear un organismo para sustituir al Banco Gubernamental de Fomento (BGF). 
“Hemos dicho que el BGF ha sido una fuente de problemas y que estaba a punto de colapsar”, afirmó al explicar que no le sorprenden las primeras demandas de acreedores presentadas hoy contra la institución.
Rosselló Nevares respalda una reestructuración de la deuda del país, pero sin posibilidad de que el gobierno estatal tenga acceso a la Ley de Quiebras Federal, contrario a la posición de líderes novoprogresistas como el presidente de la colectividad, Pedro Pierluisi.
El joven político aboga por la creación de lo que denomina una Autoridad para el Manejo de la Quiebra de Puerto Rico (PRDMA, por sus siglas en inglés), que sería el resultado de una comisión conjunta entre entidades locales y federales como el Tesoro Federal y el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) para manejar la deuda y poder emitir deuda nueva, solamente para lo que llama “mejoras continuas”. 
La nueva deuda sería emitida con impuestos como la contribución sobre ingresos y, según Rosselló Nevares, el IRS ampliaría su base de fiscalización en la Isla para identificar más fondos tributables.
Al presente, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos está pendiente la determinación sobre si la legislación estatal conocida como Ley de Quiebra Criolla podrá implantarse. Rosselló Nevares se opone a ese estatuto.
Mientras, promete impulsar una reforma gubernamental generando ahorros, pero sin despidos de empleados públicos, publicar estados financieros auditados, propulsar la estadidad y, según insiste, “olvidarse de la opción de la quiebra”.
Durante una rueda de prensa en su comité de campaña, en Guaynabo, no contestó directamente si cree que hay ambiente en el Congreso federal para una propuesta como la PRDMA, la agencia que propone. Mientras, reafirmó el rechazo a la opción de la protección de la Ley de Quiebras al decir que eso implica “cambiar las reglas de juego” y la considera una “escapatoria” para el gobierno local.
“Así no se resuelve el problema”, opinó.
Sobre el BGF, esta mañana, la presidenta de la entidad, Melba Acosta, estimó la liquidez del banco en $700 millones, pero en mayo tiene que emitir un pago de $422 millones y otro de $1,900 millones en julio, por lo que negocian para lograr algún tiempo de ajuste o aplazamiento en ese pago. El gobierno no ha descartado la posibilidad de intentar negociar con los acreedores una moratoria para ese pago. 
Cálculos recientes estiman la deuda del gobierno de Puerto Rico en $69,000 millones.