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Martínez fue acusado de brindar favores políticos a Bravo a cambio de un viaje a Las Vegas para asistir a una velada de boxeo. (Archivo / GFR Media)
El Tribunal Supremo federal evaluará la petición de certiorari presentada por el exsenador novoprogresista Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo para considerar si una convicción que fue declarada anulada puede violar la cláusula de doble exposición o "double jeopardy", de llevarse a cabo un nuevo juicio en su contra.
Los abogados defensores del exlegislador y el empresario recurrieron al Tribunal Supremo de Estados Unidos luego de que el juez federal de distrito, Francisco A. Besosa, y que el Primer Circuito de Apelaciones de Boston determinaron que la celebración de un nuevo juicio no constituiría una doble exposición.
No obstante, el panel de jueces de Boston, compuesto por Jeffrey R. Howard, Kermit V. Lipez y David J. Barron, establece que la apelación "levanta asuntos importantes y noveles" en relación al caso del que fueron absueltos Martínez y Bravo.
En junio de 2013, el panel de jueces revocó las convicciones contra ambos por el caso de supuesto soborno, y determinó que Besosa debía emitir un fallo de absolución, lo que hizo en noviembre de 2013. No obstante, el juez federal indicó que los fiscales del a División de Integridad Pública en Washington podían solicitar un nuevo juicio. La defensa apeló basándose en que si los enjuiciaban nuevamente, resultaría en una doble exposición. La decisión de Besosa fue avalada por el Primer Circuito de Apelaciones.
El 27 de junio de 2013, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston revocó las convicciones del exsenador novoprogresista y del empresario. Determinó que el cargo de soborno contra ambos no se sostenía en derecho porque estaba basado en una teoría en la que Martínez recibió una "regalía" por favorecer a Bravo con legislación y eso no es penalizado por los estatutos federales. En ese momento, Martínez pertenecía a la mayoría parlamentaria del Senado.
Según la opinión del Circuito, Besosa erró al impartir las instrucciones al jurado y no explicar la diferencia entre regalía y soborno. Destacó que las regalías no son criminalizadas, pero los sobornos sí.
“A diferencia de la mayoría de los circuitos que se han ocupado de este tema, llegamos a la conclusión que el 666 (artículo del Código Penal federal que criminaliza el soborno) no penaliza las regalías", lee la determinación de 2013. 
Tanto Bravo como Martínez fueron dejados en libertad bajo fianza en enero de 2013, luego que el Circuito determinara que existía la posibilidad de que la convicción y sentencia de ambos fueran revocadas.
A inicios de noviembre el Primer Circuito de Boston celebró una audiencia en el Tribunal Federal en el Viejo San Juan en la que los abogados de defensa argumentaron sobre los errores en las convicciones de Martínez Maldonado y Bravo Fernández. 
En ese momento se entendía que los jueces del circuito Kermit Lipez, Jeffrey Howard y O. Rogeriee Thompson podrían revocarla convicción, ordenar un nuevo juicio o confirmar el veredicto condenatorio por corrupción gubernamental. 
Los abogados de defensa en esa audiencia intentaron demostrar que el Tribunal Federal no tenía jurisdicción sobre las imputaciones contra Martínez y Bravo. Además, establecían que un viaje a Las Vegas para ver la pelea de excampeón de boxeo Félix “Tito” Trinidad fue un regalo que el exsenador aceptó, pero que no fue a cambio de aprobar proyectos o realizar alguna gestión legislativa a favor del empresario.
En el pliego acusatorio, se planteaba que el obsequio de Bravo a Martínez era para que el exsenador impulsara dos proyectos de ley que favorecían la compañía del empresario. 
Martínez cumplió tiempo en una cárcel de Carolina del Norte mientras que Bravo estuvo en la prisión de Edgefield en Carolina del Sur.
Detalles del caso de Héctor Martínez y Juan Bravo 
1 de noviembre de 2009
Trasciende que las autoridades federales investigan al senador Héctor Martínez por supuestamente haber aceptado dinero a cambio de la aprobación de proyectos de ley. 
30 de marzo de 2010
Héctor Martínez renuncia a sus posiciones de liderato en el Senado y admite que las autoridades federales en Nevada lo investigan. 
22 de junio de 2010 
Un gran jurado acusa a Martínez y al empresario Juan Bravo de cargos de conspiración, soborno y viajar en el comercio interestatal para cometer crímenes organizados. Martínez y Bravo se entregan al día siguiente en el Tribunal Federal. 
15 de febrero de 2011 
Arranca el juicio contra Martínez y Bravo ante el juez federal Francisco A. Besosa. 
7 de marzo de 2011 
Un jurado encuentra culpables a Martínez en dos de los cargos y a Bravo en tres. Ese día Besosa desestima la convicción contra Martínez por conspiración. 
8 de marzo de 2011 
Besosa se autorrevoca y reinstala la convicción de conspiración de Martínez a pesar de que el jurado no encontró ninguna ilegalidad en la acción de Martínez de ponerse de acuerdo con Bravo. 
5 de abril de 2011 
Martínez y Bravo radican una moción conjunta solicitando un nuevo juicio y que el juez Besosa sea recusado de los procedimientos futuros en su caso. 
25 de mayo de 2011 
El fiscal federal de la División de Integridad Pública en Washington Peter Koski solicita una vista para mostrar causa contra Martínez y Bravo por filtrar un documento del FBI de notas tomadas por un agente al exsenador Jorge de Castro Font.
26 de mayo de 2011 
Martínez y Bravo radican declaraciones juradas en las que aseguran que no filtraron al expresidente del Senado Thomas Rivera Schatz el documento confidencial del FBI de la entrevista a De Castro Font. 
7 de junio de 2011
Besosa deniega el pedido de un nuevo juicio y tampoco se recusa de los procedimientos futuros. 9 de junio de 2011 Besosa cita a comparecer a Rivera Schatz a vista evidenciaria para que responda de dónde sacó el documento del FBI. 
15 de julio de 2011 
Rivera Schatz declara en vista evidenciaria al igual que otras cinco personas, y Peter Koski reconoce que no hay pruebas suficientes para demostrar que alguien de la defensa de los acusados violó la orden que prohibía divulgar información sensitiva. 
1 de marzo de 2012 
Besosa sentencia a Martínez y a Bravo a cumplir cuatro años de prisión. Ese mismo día Martínez ingresa a la cárcel federal. 
2 de marzo de 2012 
Martínez y Bravo apelan su convicción ante el Primer Circuito de Boston. 
7 de mayo de 2012 
Bravo se entrega y comienza a cumplir cárcel. 
1 de noviembre de 2012 
El Apelativo escucha los argumentos orales durante una sesión en el Tribunal Federal del Viejo San Juan. 
2 de enero de 2013 
El Primer Circuito de Boston concede la fianza pendiente de apelación a Martínez y a Bravo por entender que existen posibilidades para ambos convictos de prevalecer en sus argumentos. Momento en que Héctor Martínez llega en compañía de sus abogados a la corte federal, donde luego se entregó. El fiscal federal Peter Koski solicita una vista para demostrar que Bravo y Martínez filtraron información privilegiada. El expresidente del Senado Thomas Rivera Schatz es citado a Francisco Besosa responder por un documento del FBI que había sido filtrado. 
3 de enero de 2013 
Besosa ordena que Martínez y Bravo sean excarcelados inmediatamente. Martínez apeló su convicción ante el Primer Circuito de Boston, que le concede el beneficio de fianza, por lo que se ordena su excarcelación. 
26 de enero de 2013
El Primer Circuito de Apelaciones de Boston desestimó los cargos de conspiración y de fraude a un programa federal por el que resultó convicto en marzo de 2011 Héctor Martínez, y el empresario y expresidente de Ranger American Juan Bravo
25 de octubre de 2013
Juez federal ratifica revocación de veredicto Emite orden absolutoria a favor del exsenador Héctor Martínez y Juan Bravo.
15 de junio de 2015
Boston decide que no sería una “doble exposición” en el caso del exsenador Héctor Martínez. La fiscalía puede pedir un nuevo juicio.
Argumentos que dieron paso al revés judicial
Debilidades del caso
• Para condenar a alguien bajo el estatuto federal 666, el gobierno tiene que probar, más allá de toda duda razonable, queel recipiente del soborno es un agente de una entidad que recibe anualmente más de $10,000 en fondos federales; que el soborno fue entregado en conexión con los negocios o transacciones de esa entidad; y que el bien de valor recibido sea de $5,000 o más. 
• Martínez no tenía control de los fondos federales que recibe el programa de Centros de Cuido del Departamento de Educación.
Argumentos de fiscalía
• Martínez y el exsenador Jorge de Castro Font eran senadores del Estado Libre Asociado como requiere la sección 666 de que sean agentes del gobierno.
• El gobierno no está obligado a probar que hubo una amenaza a los fondos federales con la conducta impropia. 
• Martínez y De Castro Font usaron sus votos en la Legislatura a favor de Bravo y ambos invitaron a Bravo a las vistas.
Argumentos de la defensa
• El pago por el viaje a Las Vegas realizado por Bravo no constituye soborno bajo el estatuto 666 del Código Penal federal.
• No hay evidencia de que en el caso hubo un quid pro cuo, de que hubo un intercambio. 
• No existe ninguna conexión entre los hechos del caso con los fondos federales como lo requiere el estatuto 666.
El 27 de junio de 2013, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston revocó las convicciones del exsenador novoprogresista y del empresario. Determinó que el cargo de soborno contra ambos no se sostenía en derecho porque estaba basado en una teoría en la que Martínez recibió una "regalía" por favorecer a Bravo con legislación y eso no es penalizado por los estatutos federales. En ese momento, Martínez pertenecía a la mayoría parlamentaria del Senado.
Según la opinión del Circuito, Besosa erró al impartir las instrucciones al jurado y no explicar la diferencia entre regalía y soborno. Destacó que las regalías no son criminalizadas, pero los sobornos sí.
“A diferencia de la mayoría de los circuitos que se han ocupado de este tema, llegamos a la conclusión que el 666 (artículo del Código Penal federal que criminaliza el soborno) no penaliza las regalías", lee la determinación de 2013.
Tanto Bravo como Martínez fueron dejados en libertad bajo fianza en enero de 2013, luego que el Circuito determinara que existía la posibilidad de que la convicción y sentencia de ambos fueran revocadas.
A inicios de noviembre el Primer Circuito de Boston celebró una audiencia en el Tribunal Federal en el Viejo San Juan en la que los abogados de defensa argumentaron sobre los errores en las convicciones de Martínez Maldonado y Bravo Fernández.
En ese momento se entendía que los jueces del circuito Kermit Lipez, Jeffrey Howard y O. Rogeriee Thompson podrían revocar la convicción, ordenar un nuevo juicio o confirmar el veredicto condenatorio por corrupción gubernamental.
Los abogados de defensa en esa audiencia intentaron demostrar que el Tribunal Federal no tenía jurisdicción sobre las imputaciones contra Martínez y Bravo. Además, establecían que un viaje a Las Vegas para ver la pelea de excampeón de boxeo Félix “Tito” Trinidad fue un regalo que el exsenador aceptó, pero que no fue a cambio de aprobar proyectos o realizar alguna gestión legislativa a favor del empresario.
En el pliego acusatorio, se planteaba que el obsequio de Bravo a Martínez era para que el exsenador impulsara dos proyectos de ley que favorecían la compañía del empresario.
Martínez cumplió tiempo en una cárcel de Carolina del Norte mientras que Bravo estuvo en la prisión de Edgefield en Carolina del Sur.