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En el seminario, que busca educar al liderato no gubernamental de Puerto Rico en materia de crisis financieras y deuda pública, participan además representantes sindicales de 21 países. (Archivo/GFR)
El presidente de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAICP), Roberto Pagán, subrayó hoy que el organismo continúa sin recursos para realizar sus trabajos.
“A pesar de que se conformó la comisión, no se tienen los recursos necesarios para realizar el trabajo de auditoría”, dijo Pagán.
Pagán hizo sus expresiones durante un seminario coordinado por la Internacional de Servidores Públicos (ISP) acerca del manejo de la deuda pública en economías soberanas como Grecia, Islandia y Argentina y que se celebra en un hotel de Isla Verde.
En el seminario, que busca educar al liderato no gubernamental de Puerto Rico en materia de crisis financieras y deuda pública, participan además representantes sindicales de 21 países.
Pagán explicó que hace unas dos semanas envió una misiva a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para solicitar la asignación presupuestaria que necesita la comisión, pero aún no ha recibido respuesta.
Pagán presentó a la OGP un presupuesto de $5.6 millones, dinero que se utilizará para cubrir los gastos de la auditoría forense de la deuda pública de la Isla, calculada en unos $70,000 millones.
“Entendemos que es una partida muy reducida cuando estamos hablando de auditar toda la deuda emitida en 45 años”, dijo Pagán.
La CAICP se creó por vía de la Ley 97 de 2015, pero no fue hasta inicios de este año, cuando Pagán amenazó con demandar al gobierno, que el gobernador Alejandro García Padilla designó a los integrantes de la comisión. El organismo revisor tiene unos 16 miembros que incluyen a peritos en Finanzas y Economía, así como oficiales de gobierno y representantes de la banca, cooperativas y el sector sindical.
Recientemente, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, indicó que estableció una oficina al interior del agente fiscal para que la comisión pueda examinar toda documentación en poder de la institución y que esté vinculada con las emisiones de deuda emitidas por el gobierno.
Según Pagán, auditar la deuda pública es cosa urgente porque en momentos en que se discute la aplicación de una moratoria, lo que el sector sindical favorece, es necesario “entender las consecuencias” de esa decisión.
En ese sentido, Pagán subrayó que Puerto Rico tiene obligaciones que van más allá de la deuda contraída con los bonistas. Ese es el caso de las obligaciones con los planes de pensiones de la Isla.
Pagán indicó que cuando se suman las demás obligaciones del Gobierno, en realidad, Puerto Rico adeuda unos $167,000 millones, entre intereses y los planes de pensiones. Esa cifra fue develada hace más de un año por El Nuevo Día.
El líder sindical sostuvo que para fines de este año, según cálculos del gremio sindical, el sistema de pensiones (del Gobierno central) quedaría insolvente.
“Estamos hablando de 115,000 pensionados que sufrirían un recorte importantísimo de sus ingresos. En elcaso de la Policía, estaría eliminándose por completo el ingreso de este sector de la población y en el 2019, pasaría lo mismo con el plan de retiro de los maestros que tampoco tienen ningún otro sistema de seguridad social”, dijo Pagán.
“No basta con la reestructuración de la deuda, se requiere una reforma para los que aportan muy poco al sostenimiento de la infraestructura del país. Puerto Rico necesita un plan de desarrollo económico que sirva los intereses de Puerto Rico y no una política que responde únicamente a intereses extranjeros y a la nación que mantienen a Puerto Rico en una situación colonial”, agregó Pagán.