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Myrna Conty, de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, dijo que tienen nueva evidencia “para derrotar de una vez” el proyecto. (Archivo / GFR Media)
A poco más de seis años de haberse firmado el primer acuerdo entre Energy Answers y una dependencia pública, el proyecto de conversión de desperdicios sólidos a energía (“waste to energy”) que la empresa propone para Arecibo parece estar ahogado en burocracia, hecho que para sus opositores es señal de que “la incineradora no va”.
Fue en diciembre de 2009 cuando Energy Answers y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) firmaron un acuerdo a 30 años de compra de energía y operación. Siete meses después, el Gobierno declaró una “emergencia energética” con el propósito de darle procesos expeditos al desarrollo de este y otros proyectos.
Bajo esos procesos “fast track”, Energy Answers consiguió que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Junta de Planificación (JP) aprobaran, respectivamente, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la consulta de ubicación de la incineradora. Era finales de 2010 y la empresa dijo entonces que solo le faltaba preparar los planos para iniciar la fase de construcción, que demoraría unos 36 meses.
Pero casi el doble de tiempo ha transcurrido y ni una piedra se ha movido en Arecibo, en el predio donde antes ubicaban la central azucarera Cambalache y la papelera Global Fibers. Allí, a  una milla del casco urbano, cerca del río Grande de Arecibo y la carretera PR-2,  es que Energy Answers interesa erigir su planta, que procesaría 2,100 toneladas de basura y generaría 80 megavatios al día. Para ello necesita $750 millones.
Trámites y apelaciones ante agencias y tribunales estatales y federales no solo han retrasado la puesta en marcha de la incineradora, sino que han disipado y hasta puesto en entredicho  la existencia de la “emergencia energética” bajo la  cual concibió el proyecto.
Hoy por hoy, Energy Answers –cuyos directivos y asesores no accedieron a ser entrevistados– no sabe en qué momento su obra iniciaría construcción y operación.
El panorama luce aún más incierto al considerar que las comunidades opuestas   y la Asociación de Alcaldes tienen planes de incoar sendas demandas contra la incineradora. Los primeros sostienen que el análisis del impacto a las especies en peligro de extinción es “deficiente”, y los segundos denuncian que obligarlos a disponer su basura en la planta violenta la autonomía municipal. 
En el ínterin, Energy Answers sigue pidiendo extensiones a las autorizaciones, permisos y endosos conseguidos.
“No pueden operar”
Uno de los reveses más recientes para Energy Answers tuvo lugar el pasado 25 de febrero, cuando el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) declaró no ha lugar la impugnación de denegatoria  de la franquicia de agua que la empresa solicitó para extraer diariamente 2.1 millones de galones del caño Tiburones. Energy Answers usaría esa agua para enfriamiento y otros procesos.
La decisión de la agencia, firmada por su subsecretario, Julio Méndez, fue sin perjuicio, lo que significa que Energy Answers puede presentar de nuevo su solicitud, “una vez haya cumplido con las condiciones que les fueron impuestas en el documento de endoso emitido por el DRNA el 29 de octubre de 2010”. Al cierre de esta edición fue imposible corroborar si la empresa hizo el trámite.
Myrna Conty, portavoz de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, catalogó la decisión del DRNA como “un tropiezo grande” para Energy Answers, “porque sin agua no pueden operar la planta”.
Conty celebró, además, que “las comunidades triunfamos” con un recurso presentado en el Tribunal Apelativo denunciando que la JP y la JCA habían ignorado sus peticiones de participar en vistas administrativas relacionadas con la incineradora. 
“Solicitamos las vistas para tener oportunidad de mostrar nueva evidencia que puede revocar, por ejemplo, la consulta de ubicación y el permiso de aire que estas agencias concedieron. Tenemos evidencia científica de que este proyecto es malo”, dijo Conty, tras explicar que el Apelativo les ordenó a la  JP y la JCA convocar las vistas administrativas o emitir nuevas resoluciones explicando por qué no deben darles foro a las comunidades.
Sobre este asunto, el presidente de la JP, Luis García Pelatti, comentó que “estamos esperando que nos llegue el mandato del Apelativo para determinar la acción a seguir”.
“Somos parte de la demanda, pero el tribunal nunca nos pidió expresarnos. Si baja el mandato, le haremos caso y abriremos esto a un proceso, que ahora mismo no puedo anticipar cuál será. Luego de la apertura de ese espacio para escuchar, puede que haya aspectos nuevos no analizados que requieran revisión. Les pediríamos comentarios a las agencias y al proponente”, explicó. 
Por su parte, el presidente de la JCA, Weldin Ortiz, se limitó a indicar   que el Permiso para Construir una Fuente de Emisión, expedido el 16 de diciembre de 2014, y el Permiso para Construir una Instalación de Desperdicios Sólidos No Peligrosos, dado el 1 de septiembre de 2015, siguen vigentes.
Conty, entretanto, expuso que Energy Answers “tampoco ha completado” el proceso ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para enmendar los mapas de inundación del predio donde ubicaría la incineradora.
“La planta ubicaría sobre el cauce mayor del río Grande de Arecibo, por lo que tienen que rellenar humedales para tratar de salir del área inundable”, dijo la portavoz.
Sobre este otro asunto, García Pelatti confirmó que Energy Answers no ha completado el proceso ante FEMA, que le había pedido a la empresa que cumpliera con varios requisitos.
“Tenían que remover estructuras y tenían un señalamientos de ‘no hábitat’. No lo completaron y el caso se archivó. Pueden pedir reapertura a un costo de $5,000 y completar el proceso, pero al momento se ha solicitado”, sostuvo.
De otra parte, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe),Alberto Lastra, indicó que Energy Answers está en un proceso de “preconsulta” con la agencia. Una vez finalizado, la empresa solicitaría el permiso de construcción y la OGPe evaluaría la consulta de ubicación, así como los requisitos que impusieron las demás agencias al darle su endoso a la incineradora. 
Anne Mayberry, portavoz del Servicio de Utilidades Rurales del Departamento de Agricultura Federal (USDA-RUS), dijo, por último, que Energy Answers no ha radicado la solicitud formal de financiamiento ante la agencia, pues aún no ha culminado la discusión ambiental relacionada.