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El anuncio lo hizo el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz. (Archivo/GFR)
Ante la denuncia de que los artículos promocionales con poco valor educativo e informativo copan las solicitudes que se hacen ante la Junta Examinadora de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el gobernador Alejandro García Padilla desautorizó a las agencias públicas a realizar este tipo de gastos con dinero proveniente del Fondo General.
El anuncio lo hizo el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, en una conferencia de prensa en la que se informó, además, que el ejecutivo solicitó a todas las agencias públicas que le remitan un informe que incluya los gastos en este renglón y la procedencia del dinero. 
“El gobernador acaba de dar instrucciones para solicitar información a todas las agencias sobre la solicitud que se está haciendo en la CEE para gastos (promocionales). Hay que investigar y es lo que se está corroborando, si se trata de alguna asignación federal dirigida o con alguna instrucción específica que tiene que ser utilizada en gastos como ese. Ahora bien, si se tratase de algún gasto de fondos estatales en promoción, está totalmente desautorizada por el gobernador de Puerto Rico. Ninguna agencia de Puerto Rico está autorizada a invertir dinero público en artículos de promoción”, afirmó. 
Ortiz detalló, de hecho, que el presupuesto general del gobierno es de $9,000 millones y que solo tiene destinado $2 millones para artículos promocionales. Dijo que eso “es una cantidad sumamente pequeña”. 
Además, señaló que la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno prohíbe los gastos en promociones. 
La denuncia sobre la gran cantidad de artículos promocionales que ha evaluado en dos meses la Junta Examinadora de Anuncios la hizo el Partido del Pueblo Trabajador ayer, jueves.
Según el comisionado electoral del PPT, José Córdova Iturregui, y el oficial examinador de esa colectividad en la Junta Evaluadora de Anuncios, Jorge Farinacci Fernós, tanto agencias como municipios realizan un “gasto excesivo” en artículos promocionales.
Entre los artículos que mostraron de ejemplo había cargadores de celulares, sombrillas y alcancías del Departamento de Salud, bultos de la Oficina del Procurador del Paciente y de la Comisión de Derechos Civiles, tazas de la Administración de Vivienda Pública, así como bultos, vasos y tazas con inscripciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El licenciado José Torres Valentín, representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Junta de Anuncios, detalló a este diario que en lo que va del año han recibido 9,000 solicitudes. La mayoría de estas, estimó, son sobre artículos promocionales “de escaso valor social, educativo o informativo”. 
Dijo que por cada solicitud hay entre 30 y 40 artículos que se tienen que evaluar, porque en muchos de los casos lo que cambian son los colores. 
“Como por ejemplo, hay mucha distribución de lápices, bolígrafos, de toda clase de tamaño y modalidades, libretas, bultos, loncheras, botellas de agua, termos. Los artículos son bien variados. No solamente se presentan con el interés de instruir. Ese lápiz, lo entregan de toda clase de colores, dependiente del color del partido que pertenecen los municipios o las agencias. Si es rojo, tenemos de todas las tonalidades, rojo, anaranjado, anaranjado rojo, anaranjado claro; si es azul, viene de tonalidad azul, azul marino, azul añil, azul turquesa”, denunció. 
Torres Valentín afirmó que la mayoría de las peticiones que se hacen con artículos referentes a los colores de un partido lo hacen los municipios. 
De los que incumplen reiteradamente con la Ley Electoral, el representante mencionó a Trujillo Alto, Carolina, Aguadilla, Corozal, Lajas, Toa Alta, Toa Baja, Caguas, Bayamón, Guaynabo. “San Juan se ha ido ajustando. Pero esos municipios, dependiendo si es rojo, todo lo que envían es rojo, y si es azul, todo lo envían azul. Es la política primitiva puertorriqueña, donde se utiliza dinero público para ordenar artículos de escaso valor informativo con ánimo proselitista”. 
Indicó, igualmente, que hay entidades que sí cumplen con la ley. Mencionó, por ejemplo, la campaña de Rones de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Salud.
A juicio de Torres Valentín, La Fortaleza no solo debe desautorizar a las agencias a hacer este gasto, sino que la Legislatura debe prohibir durante todo el cuatrienio el gasto en este tipo de promoción.
“Es responsabilidad de la Asamblea Legislativa y los partidos poder lograr un consenso que minimice el impacto económico que tienen la promociones”, afirmó.