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Según Ramos, este proyecto podría desalentar la fuga de los galenos del País. (Archivo / GFR Media)
El Colegio de Médicos Cirujanos ha reclamado la aprobación en el Senado de un proyecto de ley que, a juicio del presidente de la entidad, el doctor Víctor Ramos, podría desalentar la fuga de los galenos del País.
Ramos catalogó el Proyecto de la Cámara 2620 (P. de la C. 2620) como el “más importante” relacionado con la salud ante la Asamblea Legislativa, y por ello pidió acción inmediata por parte del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y del senador José Luis Dalmau, presidente de la Comisión senatorial de Salud. 
La pieza legislativa, de la autoría de la representante Lydia Méndez, enmienda la “Ley de Administración de Seguros de Salud” (ASES) para establecer requerimientos que deberán seguir las aseguradoras, las organizaciones de servicios de salud o cualquier intermediario contratado por los planes médicos públicos o privados al cancelar un contrato con los proveedores de salud. 
Según Ramos, uno de los problemas que confronta actualmente la clase médica es que las aseguradoras terminan los contratos sin precisar la causa, y esa situación deja a los galenos sin argumentos para impugnar esas determinaciones.
“Cómo le tienes que poner causa a la terminación del contrato, el médico puede defenderse. Porque, ¿cómo te defiendes de una cancelación sin causa? Como el médico tendría derecho a la vista (de revisión), puede ir al tribunal y demostrar que la causa que le dan no es la correcta”, indicó Ramos a este medio. 
Precisó que, al presente, la cancelación de los contratos a los proveedores de salud se efectúa mediante una carta en la que no se detallan las razones. Mencionó que la parte perjudicada tiene derecho a una audiencia para revisar la decisión, pero que supuestamente solo una de las aseguradoras que operan en el país honra ese proceso. 
La terminación de contratos ha sido una práctica que se ha generalizado entre todas las aseguradoras en Puerto Rico, y debido a esa situación el Colegio de Médicos Cirujanos efectuó una protesta en septiembre pasado frente a los predios de Medical Card System (MCS), en Hato Rey. La manifestación respondió entonces al despido de cientos de médicos por parte de los planes Medicare Advantage. 
“No hay razón alguna para que el presidente del Senado y el presidente de la Comisión de Salud no bajen ese proyecto si de verdad quieren hacer algo a favor de la salud”, señaló el líder del Colegio de Médico Cirujanos. 
No fue posible obtener una reacción del senador Dalmau, pero según su portavoz, Ángel Raúl Matos, la comisión legislativa ya solicitó a la ASES y al Departamento de Salud los memoriales escritos con sus respectivas posiciones en torno al proyecto de ley. 
Ramos, además, destacó que hay 13 jurisdicciones en Estados Unidos, incluidos los estados de Nueva York y California, que ya han aprobado legislación similar extensiva a planes privados, incluido Medicare Advantage. La medida ante la consideración del Senado abarca también las aseguradoras que prestan servicios bajo el Plan de Salud del Gobierno. 
El P. de la C. 2620 dispone, entre otras cosas, que cuando se vaya a terminar un contrato con un profesional de la red de proveedores, la aseguradora u organización de servicios de salud deberá presentar por escrito, tanto al proveedor participante como a la ASES, una notificación no menos de 90 días antes de la fecha establecida para la cancelación, y deberá mencionar las causas específicas para tomar esa acción.
De igual forma, la ASES quedaría facultada para intervenir en esa decisión si entiende que “afecta la adecuacidad o prestación de servicios” en la región donde labora ese profesional. 
La entidad pública también tendría que tomar medidas para asegurarse de que, en un plazo de 15 días luego de notificada la terminación del contrato, la aseguradora informe a los pacientes perjudicados por esa cancelación qué otro proveedor estaría disponible para dar seguimiento a su tratamiento. 
La medida también provee un proceso de revisión para que el proveedor afectado pueda solicitar una reconsideración de la acción tomada por la aseguradora. 
Ramos resaltó que la legislación atiende, además, un problema recurrente entre la clase médica al establecer un término de 90 días para que una organización de servicios de salud revise la solicitud de un profesional médico que interese participar dentro del plan de cuidado de la salud de esa entidad. Al presente, según el galeno, esa determinación podría demorar más de un año.
“Es un abuso que tengan a la gente en el limbo por un año o año y medio”, argumentó Ramos. 
La representante Méndez, por su parte, reconoció que la aprobación de la medida de su autoría podría desincentivar la emigración de los médicos hacia Estados Unidos, pero enfatizó que la intención de la pieza es beneficiar a los pacientes. 
Recalcó que la cancelación de los contratos de los proveedores de salud por parte de las aseguradoras limita o entorpece el seguimiento que necesitan muchos ciudadanos con condiciones crónicas. 
“El corazón de este proyecto son los pacientes, que son los que se perjudican… Los pacientes con condiciones prolongadas, la espera por otro proveedor, les causa ansiedad, desesperación y estrés, que los puede llevar a tener más problemas dentro de su condición de salud”, indicó, por separado, a este medio.
La representante popular dijo que personal de la Comisión de Salud de la Cámara, que ella preside, se ha reunido con empleados de la comisión homóloga en el Senado en aras de agilizar la aprobación del proyecto en ese cuerpo legislativo.