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El hombre espera entregarles nuevamente a los presidentes de las comisiones de lo jurídico del Senado, Miguel Pereira, y de la Cámara de Representantes, Luis Vega Ramos, un borrador de un proyecto de enmiendas a la mencionada ley. (David Villafañe)
Por los pasados cinco años, Juan Rolón Rivera ha llevado durante la Semana Santa su cruz a cuestas en reclamo de la eliminación de las convicciones de los certificados de antecedentes penales cuando los confinados cumplan su sentencia.
Rolón Rivera caminó desde su natal Morovis hasta el Capitolio, donde se encuentra pernoctando bajo las inclemencias del tiempo desde el jueves. Allí espera permanecer hasta el lunes en busca de concienciar a los legisladores para que enmienden la Ley 254 del 27 de julio de 1974 del Certificado de Antecedentes Penales. Esta legislación establece que deben transcurrir cinco años para que una persona que haya sido culpable de cometer un delito grave y haya cumplido su sentencia pueda solicitar que se elimine su expediente criminal. 
Para Rolón Rivera, de 57 años, quien extinguió una pena de ocho años de prisión en el año 1997, el término representa una condena adicional, pues dificulta la posibilidad de conseguir empleo. Además, considera que es un cargo oneroso porque requiere de la contratación de un abogado para que haga la petición al Tribunal de Primera Instancia. 
Este lunes, cuando la Casa de las Leyes, reanude sus labores luego del receso de la Semana Mayor, el hombre espera entregarles nuevamente a los presidentes de las comisiones de lo jurídico del Senado, Miguel Pereira, y de la Cámara de Representantes, Luis Vega Ramos, un borrador de un proyecto de enmiendas a la mencionada ley. 
El año pasado también acudió a sus oficinas para hacerles el mismo reclamo y su voz se quedó en el vacío porque ninguno tomó la iniciativa para atender el planteamiento. 
La enmienda propone que toda persona que haya sido convicta de un delito grave que no esté sujeta al Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso contra Menores ni al Registro de Personas Convictas por Corrupción pueda solicitar al Superintendente de la Policía la eliminación de la convicción del Certificado de Antecedentes Penales mediante el Tribunal de Primera Instancia siempre y cuando lo solicite acompañado de un informe favorable de la Administración de Corrección. 
“Yo eliminé el record mío en junio 11 del 2013. Recientemente, cuando voy a solicitar la licencia de Trabajo Social, aunque ya yo había sacado un certificado de buena conducta (hace dos años) me vuelven a salir los mismos casos. No sé qué más se puede hacer. Si no hay oportunidades de igualdad para cada persona, lamentablemente, pues vemos más violencia”, se lamentó Rolón Rivera. 
Explicó que fue condenado en 1989 a cumplir prisión por el delito de robo por su adicción a las drogas. Durante tres años estuvo en un programa de rehabilitación y el resto de la pena la extinguió en libertad bajo probatoria.
Durante ese período, hizo un bachillerato en Trabajo Social, y a pesar de su preparación, luego de quedar en libertad, no consiguió empleo, lo que atribuye a los antecedentes penales recogidos en la certificación que expide la Policía. 
Al confrontar problemas para integrarse a la sociedad, volvió a recaer en el vicio de las drogas, pero encontró en su lucha la fortaleza necesaria para no reincidir. 
Rolón Rivera lleva su reclamo solo, pero asegura que suman cientos las personas que como él atraviesan por el estigma que les impide reintegrarse.
“Esta enmienda ayuda a bajar la incidencia criminal porque las personas tienen la oportunidad de no volver a delinquir si consiguen trabajo y puede mejorar la economía, ya que son personas que pueden volver a trabajar, pero esto no es de un día para otro. Toma tiempo. Pero no nos pueden seguir penalizando por cinco años más después de cumplir nuestras condenas”, sentenció Rolón Rivera.
Atascadas las propuestas en el trámite legislativo
La ley que regula la expedición de los certificados de antecedentes penales establece que toda persona que haya sido convicta de un delito grave podrá solicitar en el tribunal una orden para que se elimine la convicción, si han pasado cinco años desde que cumplió la sentencia -y no ha cometido delito en ese plazo- y si goza de buena reputación en su comunidad.
En los pasados años han sido varios los proyectos de ley que han sido propuestos, unos para reducir los años que deben pasar desde que se cumple la sentencia para borrar el expediente criminal, otros para eximir a algunos delitos de esta disposición, pero al presente ninguno ha sido aprobado. 
El 9 de enero de 2013 se presentó una propuesta específica para permitir la eliminación de las convicciones por delitos menos graves y graves del expediente de antecedentes penales luego de cumplirse la pena impuesta por el Estado. Se quedó en la Primera Lectura de la Cámara el 23 de enero de 2013.
Días después, el 17 de enero de 2013, fue radicado otro proyecto para reducir a dos años el término para la eliminación de las convicciones de los referidos certificados de antecedentes penales en el caso de delitos graves y también se quedó en la Primera Lectura de la Cámara el 23 de enero de 2013.
El proyecto que más lejos llegó en el trámite legislativo fue presentado por petición por el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, el 29 de enero de 2014, para disponer que los delitos menos graves estén excluidos de los Certificados de Antecedentes Penales, exceptuando los determinados por reglamentación aprobada por el secretario de Justicia por motivo de política pública y realizar correcciones técnicas. Este fue aprobado en la Cámara el 17 de junio de 2014, y está pendiente en la Comisión de Reglas, Calendario y Asuntos Internos del Senado desde el 2 de octubre de 2015.
Es posible que este sea el último año que Rolón Rivera camine desde Morovis hasta el Capitolio para exigir acción ante sus reclamos, ya que tiene un padecimiento de una enfermedad crónica que le está afectando la movilidad de sus piernas, según comentó en entrevista con este diario.