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La coacusada y exvicepresidenta de la AAA, Ivonne Falcón Nieves, solicitó el 17 de marzo pasado que se emitiera una orden para que a Alberto Lázaro se le prohibiera dar declaraciones sobre el caso en los medios de comunicación. (Archivo / GFR Media)
La orden de mordaza emitida en el caso contra Anaudi Hernández Pérez y otros acusados aplica también al director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Alberto Lázaro, según determinó el juez federal Pedro A. Delgado.
El juez acogió en parte la petición que hizo la coacusada y exvicepresidenta de la AAA, Ivonne Falcón Nieves, quien solicitó el 17 de marzo pasado que se emitiera una orden para que a  Lázaro se le prohibiera dar declaraciones sobre el caso en los medios de comunicación.
"En una nota final, debido a que Lázaro es testigo de Fiscalía Federal, deberá cumplir con la orden emitida", señaló el juez Delgado,  al referirse a la orden de mordaza que impuso el 18 de diciembre pasado.
Sin embargo, el juez federal, no concedió la otra solicitud de Falcón Nieves, quien también pidió que se detuviera el proceso administrativo en su contra en la AAA hasta que se resolviera el caso criminal. Después que fue acusada, la corporación pública inició un trámite que podría desembocar en su expulsión como empleada. La defensa reclamó sin éxito a la corte que se ordenara frenar el proceso administrativo hasta que su clienta sea enjuiciada.
"El proceso administrativo no conflige con los procedimientos ante esta corte, por lo que puede seguir su curso regular", determinó el juez.
Falcón Nieves fue arrestada junto con otras nueve personas en diciembre pasado por un caso de corrupción gubernamental vinculado a esquemas presuntamente encabezados por Anaudi Hernández Pérez, recaudador del Partido Popular Democrático que obtuvo diversos contratos millonarios con el gobierno.
Hernández Pérez, principal acusado en el caso, se declaró culpable en febrero pasado por 14 cargos, a cambio de un acuerdo de una sentencia recomendada entre cinco años y ocho meses a siete años y tres meses de prisión.
Hernández Pérez, identificado como amigo del gobernador Alejandro García Padilla, fue acusado, junto a otras nueve personas, por conspirar para cometer esquemas de fraude con un valor aproximado de $2 millones contra la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Cámara de Representantes.
Su abogado Osvaldo Carlo, así como los fiscales Timothy Henwood y José Capó Iriarte informaron al juez que llegaron a un acuerdo para que se declarara culpable por 14 cargos en su contra relacionados a conspiración para cometer fraude a programas federales por soborno, conspiración para privar a Puerto Rico de los servicios honestos de funcionarios por medio de fraude electrónico y extorsión, a cambio de una sentencia sugerida de entre 70 y 87 meses de prisión. La misma incluye la confiscación de la mansión del hoy convicto en Aguadilla, valorada en aproximadamente $4 millones y también podría conllevar una restitución monetaria. 
Capó Iriarte resumió los tres esquemas de fraude en los cuales participó y fungió como líder Hernández Pérez. Recordó que, según la pesquisa, el primer esquema fue con Sally López Martínez, a quien recomendó para que administrara ADL al hermano del gobernador, Luis Gerardo García Padilla, ambos amigos cercanos suyos. Esto con el fin de conseguir contratos con compañías que creó, muchas de ellas luego de las elecciones del 2012. Mantenía la relación haciéndole a López Martínez costosos regalos que anotaba en un registro. 
El segundo esquema se produjo con las coacusadas Sonia Barreto Colón y Falcón Nieves, directora de Oficina de Compras y Logística de la AAA y exvicepresidenta de dicha corporación pública, respectivamente, con el fin de obtener contratos. Esto fue a cambio de regalos, pagos de deudas y cenas. El tercer esquema se detectó en la Cámara de Representantes, donde se alega que hubo un proceso de subasta "corrupto" en el que la compañía de Hernández Pérez, 3CommGlobal, obtuvo un contrato para instalar y dar mantenimiento al cuadro telefónico que nunca funcionó adecuadamente. El resto de las compañías de Hernández Pérez son: Links Group, LLC; Kendall Consulting Group, Inc.; JM Profesional & Training Group, Inc.; Waffler Avenue, LLC; y EKO Technologies LLC. Para probar el caso más allá de duda razonable, de ir a juicio, 
Capó Iriarte indicó que hubiesen presentado "múltiples testigos", correos electrónicos, cuentas bancarias, documentos y otros que probaban que los esquemas ocurrieron entre 2012 y diciembre de 2015, poco antes de ser arrestado. Fuentes entienden que el acuerdo conlleva que el acusado coopere con las autoridades, tal como hizo anteriormente cuando fue testigo en el juicio contra el exjuez Manuel Acevedo Hernández, y en el caso del contable Lutgardo Acevedo por sobornar al entonces magistrado del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla para que lo absolviera en un caso de homicidio negligente.