Liderato demócrata levanta sus espadas (horizontal-x3)
Los congresistas puertorriqueños Nydia Velázquez, Luis Gutierrez y José Serrano coincidieron en que la junta propuesta por el GOP “socavaría el estado de derecho”. (Archivo / GFR)
WASHINGTON - Tras eliminar el puesto de principal funcionario administrativo –un cuasi gobernador–,  que aspiraban a crear, el liderato republicano del Congreso divulgó ayer la medida que han confirmado que tratarán de echar hacia adelante el mes próximo para imponer una junta federal fiscal que le quitaría poderes constitucionales al Gobierno de Puerto Rico y podría  ordenar la reestructuración de la deuda pública.
Justo al hacerse público el más reciente borrador de la legislación, el liderato demócrata de la Cámara baja  levantó sus espadas y advirtió que con sus votos no contarán si el proyecto de ley mantiene los apartados que permiten a los cinco miembros de la junta federal, todos nombrados por el presidente de EE.UU., tomar las decisiones últimas sobre el presupuesto y poder revisar cualquier otra medida que apruebe la Legislatura.
La publicación oficial del borrador por parte del Comité de Recursos Naturales permitió al presidente de la Cámara baja, el republicano Paul Ryan (Wisconsin), afirmar que al divulgar el anteproyecto cumplía con su promesa de presentar una posible solución a la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico antes de que terminara el primer trimestre de 2016.
“Este borrador es una legislación abarcadora y pensada que le otorga al territorio estadounidense las herramientas que necesita para lidiar con sus problemas fiscales y presupuestarios sistémicos, sin un rescate financiero sobre los contribuyentes”, indicó Ryan, al señalar que es  una crisis con  “ramificaciones para Estados Unidos”.
El texto publicado  ayer, en comparación con el que El Nuevo Día obtuvo el viernes, elimina el puesto de principal funcionario administrativo o de reestructuración, una especie de gerente con poderes para supervisar los departamentos del Gobierno de Puerto Rico, casi un gobernador.
“Ésta fue una disposición muy controversial que fue legislada para el Distrito de Columbia a finales del 1998 y fue eliminada en menos de cinco meses para marzo de 1999. Yo le informé al presidente del comité, Rob Bishop, mis objeciones a esa disposición y la agradezco que se haya eliminado del nuevo borrador”, indicó el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.
Como parte de una medida que ya tenía el poder clave para decretar una moratoria automática en el cobro de dinero del gobierno –para evitar la insolvencia a corto plazo–, la legislación ahora permitiría a la junta intervenir en cualquier caso judicial contra el Estado Libre Asociado.
Otro cambio es que el nuevo borrador deja en manos de los cinco miembros de la junta –ahora uno solo  de los cuales tienen que tener residencia o negocios primarios en la Isla–, nombrar al presidente de la nueva autoridad. La versión anterior permitía al presidente de EE.UU. escoger directamente al jefe de la junta federal.
La persona con vínculos con la Isla sería uno de dos que saldrían de una lista  recomendada por el speaker cameral. Otros dos serían nombrados por el presidente de EE.UU. entre las personas recomendadas por el líder de la mayoría del Senado.
El más reciente borrador suaviza las penalidades contra empleados del gobierno, pues amenaza ahora con una multa de $1,000, sin cárcel, a los que provean información falsa a la junta. La versión anterior indicaba que la negativa a colaborar podía suponer cárcel por un año y/o $1,000 de multa, aunque fuera un delito menos grave. 
Pero, la autoridad sigue teniendo, de acuerdo con el texto, plenos poderes para en última instancia ir por encima de los planes fiscales y presupuestarios de la Legislatura y el gobernador de Puerto Rico, y  revisar sus leyes.
Un apartado clave para echar adelante procesos hacia la reestructuración de la deuda pública es la puesta en vigor, tan pronto la medida sea ley, de un freno en la litigación para el cobro de deudas del Gobierno.
Para poner en marcha un proceso de reestructuración ante el Tribunal Federal de San Juan, la medida mantiene como requisitos que la dependencia gubernamental tenga un plan fiscal, estados financieros auditados y que hayan fracasado esfuerzos hacia un reajuste voluntario de la deuda.
El presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah) –cuya  comisión  tiene jurisdicción primaria sobre los asuntos la Isla–,  sostuvo que la proyectada  legislación  “provee a Puerto Rico las herramientas para imponer disciplina sobre sus finanzas, cumplir con sus obligaciones y restablecer la confianza en sus instituciones”.
Bishop dijo que la medida ha sido diseñada en consulta con autoridades del Gobierno de Puerto Rico, congresistas de ambos partidos, sectores financieros y económicos. “El borrador de discusión va a cambiar. Lo circulamos ahora para alentar los comentarios”, indicó Bishop, cuyo comité espera aprobar la legislación el 14 de marzo, es decir en dos semanas.
Demócratas
Pese a que  perciben  los poderes generales que se otorga a la junta para la  reestructuración de la deuda pública, que ronda los $70,000  millones, como un paso de avance, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, incluidos los boricuas, denunciaron que los republicanos proponen una junta que acabaría con la limitada representación democrática en Puerto Rico.
Aunque aprecia “la buena fe” de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes en buscar una solución a la crisis fiscal y de deuda pública de la Isla, la portavoz de la minoría, Nancy Pelosi (California), sostuvo que “los poderes excesivos que tendría la junta de supervisión propuesta en el borrador para discusión del representante  Bishop no están ni cerca a algo que los demócratas podrían apoyar”.
“En su forma actual, la junta propuesta ejercería un control indebido y antidemocrático sobre los residentes y el Gobierno de Puerto Rico”, agregó Pelosi.
El lenguaje sobre la junta federal también es rechazado por el portavoz de la minoría en el Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva (Arizona). 
“Esas provisiones socavan la soberanía de Puerto Rico. Para obtener el apoyo de los demócratas, el poder de la junta de supervisión va a tener que ser frenado”, sostuvo Grijalva, quien es el contraparte de Bishop.
Congresistas boricuas
“La receta republicana”, dijo por su parte el boricua Luis Gutiérrez (Illinois), “es una nueva capa de supervisión colonial”. 
“La solución no es un control más firme sobre su autodeterminación, sino una economía en crecimiento, y dinámica que cree puestos de trabajo para los puertorriqueños en Puerto Rico”, agregó Gutiérrez.
En una declaración conjunta, los  también puertorriqueños Nydia Velázquez y José Serrano (Nueva York) coincidieron en que la junta propuesta por el GOP “socavaría el estado de derecho”.
“Permitiría a la junta anular las leyes de Puerto Rico y adoptar sus propias leyes sobre las objeciones del gobierno de la Isla. Esos poderes no proveen supervisión, sino que usurpan el rol del gobierno democráticamente electo de Puerto Rico”, indicaron Velázquez y Serrano, al señalar que como está redactado el borrador de legislación no pueden respaldarlo.
También esperan que se afine la redacción que permitiría reestructurar la deuda pública de Puerto Rico, para asegurar que se le otorga prioridad “a que los beneficios de los jubilados sean pagados”.
Tesoro
Anoche, el Departamento del Tesoro también advirtió que la medida “necesita mejoras”.  “Puerto Rico necesita urgentemente la capacidad de reestructurar de forma abarcadora sus obligaciones financieras, acompañada de supervisión independiente que respete la autonomía de Puerto Rico”, indicó un portavoz del Tesoro.
Suaves con Bishop
Pese al malestar que generan los poderes ‘imperiales’ que se le otorgarían a la junta, tomando como base la autoridad del Congreso sobre sus territorios, los demócratas reaccionaron cordialmente hacia  el congresista Bishop.
“Esperamos trabajar con el speaker Ryan y con  Bishop para resolver los problemas de este borrador, y realizar nuestra meta de consenso y legislación bipartidista”, afirmó Pelosi.
Pierluisi, por su parte, indicó que Bishop tiene bajo su consideración aún múltiples enmiendas, que deben ser consideradas entre ahora y el 14 de abril, cuando el proyecto quiere ser llevado a votación en el Comité de Recursos Naturales. “Al tiempo que he reconocido las disposiciones positivas del borrador,  me estoy concentrando en mejorar las que entiendo son objetables”, sostuvo Pierluisi.
El liderato legislativo de la Cámara baja busca que la legislación pueda ser aprobada durante el mes de abril, antes de un posible impago masivo el 1 de mayo, cuando el Gobierno de Puerto Rico tiene que cumplir con cerca de $480 millones en el servicio de la deuda.
La próxima amenaza de impago masivo sería  para el 1 de julio, cuando el servicio de la deuda ronda los $1,900 millones.
En la Cámara baja, el liderato que encabeza el speaker Ryan necesitará  torear la oposición que puedan levantar conservadores a la posibilidad de tener que reestructurar gran parte de la deuda pública. Firmas de inversiones ya rechazan la medida.
Si necesitan  votos de la minoría demócrata, además, ya es claro que tendrán que enmendar  el concepto de una junta que en este momento les  arrebataría al gobernador y a la Legislatura  funciones constitucionales.
En el Senado, mientras, aunque los republicanos controlan 54 de los 100 escaños, necesitan por lo menos seis demócratas para poder llevar un proyecto a votación final, si un solo legislador se opone.