Esteban Pérez Ubieta (horizontal-x3)
Contra Esteban Pérez Ubieta, extitular de la Adsef, se sometieron 16 denuncias por fraude, falsedad ideológica, archivo de documentos falsos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales y violación a la Ley de Ética Gubernamental. (Alex Figueroa Cancel)
La jueza Geisa Marrero se reservó hoy su determinación ante la acusación por cargos de corrupción que presentó el Departamento de Justicia contra el extitular de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Esteban Pérez Ubieta.
Al exfuncionario, así como Elaine Porrata Toro, exadministradora de Adsef, se le implica en falsificación de documentos para beneficiar a dos compañías privadas. 
Contra ambos, personal de la División de Integridad Pública de Justicia sometió 48 denuncias en total por presuntamente falsificar en 2010 documentos para que dos compañías obtuvieran contratos con el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) que administra Adsef en la Isla.
Al cabo de la vista en la sala de investigaciones del Tribunal de San Juan, la jueza informó a las partes que se reservaba el fallo hasta el 11 de abril para evaluar los planteamientos presentados por la defensa, que cuestiona la jurisdicción del Departamento de Justicia para someter las acusaciones.
Los representantes legales de Pérez Ubieta indicaron que la decisión de procesar legalmente a su cliente y a Porrata Toro, por sus funciones en Adsef, le correspondería al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI).
“La ley es clara”, dijo Antonio Sagardía, uno de los abogados de Pérez Ubieta. “Dice que cuando uno es jefe o secretario o segundo en una agencia el Panel tiene que pasar juicio sobre la jurisdicción que tengan esos funcionarios”, recalcó.
“Adsef es una agencia para todos los fines. Inclusive, en los informes del Contralor, se refieren a Adsef como una agencia. Justicia entiende que no, que hubo una reorganización del Departamento de la Familia. Pero esa decisión la tiene que tomar el Panel, no Justicia”, agregó.
Por su parte, el licenciado Carlos Sagardía, también abogado de Pérez Ubieta, señaló que “la acusación por parte del Departamento de Justicia es ilegal y violenta la Ley 2 de 1988, que le da jurisdicción exclusiva al Panel del FEI para investigar y procesar a jefes de agencia, como el señor Pérez Ubieta, dentro de los cuatro años que cesan de su cargo”. 
“Como salió el 31 de diciembre de 2012, los cuatro años no han pasado y todos los delitos que le imputan son en el ejercicio de la función pública. Así que le corresponde al FEI (decidir) si procede con estos cargos y no al DJ”, agregó.
En cambio, la fiscal Marie Díaz de León señaló que Adsef no es una agencia, sino un “componente operacional dentro” del Departamento de la Familia (DF).
“Aunque ellos dirigían unas áreas, eso era un componente operacional del DF y eso de por sí no es una agencia de gobierno y por ello entendemos que no cae bajo la jurisdicción del Panel de FEI”, sostuvo Díaz de León.
La fiscal señaló que el Contralor puede “llamar” a una unidad auditada agencia, pero que “le llamen agencia, en sí, no crea que eso sea una agencia de gobierno separada”.
“El jefe del administrador de Adsef es el secretario del DF”, acotó.
Cargos de fraude y falsedad ideológica
Contra Porrata Toro se radicaron 32 cargos por fraude, falsedad ideológica, archivo de documentos falsos, aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, certificaciones falsas, perjurio, violación a la Ley de Ética Gubernamental y por obstrucción a una auditoria del Contralor de Puerto Rico.
Contra Pérez Ubieta se sometieron 16 denuncias por fraude, falsedad ideológica, archivo de documentos falsos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales y violación a la Ley de Ética Gubernamental.
El Departamento de Justicia alega que, según una auditoría referida por la Oficina del Contralor y la investigación realizada por la División de Integridad Pública, Porrata Toro y Pérez Ubieta falsificaron y alteraron documentos con la intención de justificar la presentación de propuestas de las empresas Platinum Advisors Corp. y Torna Sol Inc., que luego se recibieron los contratos con Adsef. En la acusación, el Ministerio Público indica que ambas compañías entregaron sus propuestas después de que un comité evaluador había examinado las que sí habían cumplido con el término.
Aunque ambas propuestas no fueron examinadas por el Comité Evaluador, según el Departamento de Justicia, se concedió un contrato ascendente a $2,286,000 a Platinum Advisors Corp. y otro de $978,000 a Torna Sol Inc. 
La Fiscalía alegó que cuando la División de Asuntos Legales del Departamento de la Familia comenzó a solicitar los documentos requeridos para la firma de los contratos, los exempleados crearon y sometieron documentos para dar la impresión que las empresas habían cumplido con el proceso establecido.
“Para lograr beneficiar a ambas compañías, los exfuncionarios falsificaron las hojas de asistencia del Comité Evaluador alterando la fecha de la reunión donde se evaluaron las propuestas para crear la impresión de que hubo una segunda reunión de evaluación de propuestas el 30 de septiembre de 2010. Asimismo, se crearon las hojas de evaluación de las propuestas de las empresas fotocopiando las firmas de los miembros del Comité, recogidas el 20 de septiembre de 2010”, indicó el Departamento de Justicia en comunicación escrita sobre las denuncias.
La agencia añadió que Pérez Ubieta “envió un correo electrónico a su secretaria con la extensión del término de evaluación del 5 al 30 de septiembre de 2010 para hacer creer que se había extendido la fecha de presentación y poder justificar las propuestas de Platinum y Torna Sol. De la investigación realizada surge además que la señora Porrata Toro hizo manifestaciones y certificaciones falsas para obstruir y retrasar una auditoria de la Oficina del Contralor de Puerto Rico”.
Aunque no quisieron entrar en detalles, los abogados de Pérez Ubieta catalogaroncomo “falsa” la imputación de que su cliente falsificó documentos y aseguraron que contestó los señalamientos en el informe del Contralor.
“El tribunal no tiene que entrar a dilucidar eso porque quien tiene que haberlo evaluado, aunque es falso todo eso, es el Panel del FEI”, dijo el abogado Carlos Sagardía.
¿Es falso?, se le volvió a preguntar.
“Claro”, afirmó.
El nombre de Pérez Ubieta resurgió públicamente hace varios meses, después de que fue citado por fiscales federales para contestar preguntas sobre una pesquisa de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal en Washington para averiguar sobre un contrato que otorgó Adsef entre el 2011 y 2012 por cerca de $2.1 millones.
El fiscal estatal, Jesús Bautista, aseguró que las acusaciones presentadas hoy, miércoles, no guardan relación con el caso federal.
La Adsef coordina sustento alimentario a miles de familias, incluyendo personas de edad avanzada, con impedimentos y personas sin hogar, principalmente mediante Programa de Asistencia Nutricional, así como TANF, que provee subsidio de empleo.