Impugnable la propuesta de Bernier para atender la deuda (horizontal-x3)
Según el abogado Carlos Ramos, la propuesta de David Bernier (en la foto junto al senador Ángel Rosa) podría correr mejor suerte si la Legislatura decretara un “estado de emergencia fiscal”. (Luis Alcalá del Olmo)
El “sistema de pago coordinado de la deuda pública” que propuso ayer el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, tiene altas probabilidades de ser impugnado en corte por los acreedores del País, bajo el alegato de que supone un menoscabo de obligaciones.
Así lo advirtió el abogado Carlos Ramos, experto en derecho constitucional, tras indicar que aplazar el pago del principal por cinco años y cumplir solo con la partida correspondiente a intereses, como sugirió Bernier, constituye un incumplimiento con la obligación contractual con los acreedores.
Ramos aclaró, de inmediato, que el derecho -reconocido en la Constitución- a no menoscabar las obligaciones “no es absoluto”.
“(Lo que propone Bernier) es una especie de menoscabo, que es lo que la Constitución prohíbe, sobre todo cuando se trata de una obligación que el mismo Gobierno contrajo. Él (Bernier) propone posponer pagos en acuerdo con los acreedores y plantea que inicialmente tiene que ser voluntario, pero se van a levantar alegatos respecto a que constituye un incumplimiento”, dijo.
Ramos señaló que la propuesta de Bernier podría correr mejor suerte si la Legislatura decretara un “estado de emergencia fiscal”, bajo la premisa de que incumplir con el pago del principal -u otras obligaciones- es la última opción que le queda al Gobierno para “proteger a su ciudadanía”. 
“En su día y teóricamente, el tribunal, que en el pasado no ha sido muy sensible a las necesidades financieras de Puerto Rico, podría coincidir en que esta es la única medida de autodefensa del Gobierno. En el tribunal, los acreedores tendrían que probar que el Gobierno sí tiene otras opciones”, expuso.
Ramos dijo que el “estado de emergencia fiscal” podría decretarse mediante orden ejecutiva desde La Fortaleza, pero entiende que “por la naturaleza de este caso” debe provenir de la Legislatura.
“Y, de nuevo, no es garantía de que la propuesta va a triunfar en los foros federales si se impugna, pero es lo mejor que podrían hacer. Por supuesto que los acreedores levantarán la disposición constitucional de que supuestamente la prioridad debe ser el pago a ellos, pero ya veremos en su día qué deciden los tribunales”, concluyó.
La propuesta de Bernier, quien también preside el PPD, se produjo a cinco semanas de que venza el plazo para pagar a los acreedores $400 millones de la deuda pública, que ronda los $70,000 millones.