Alejandro García Padilla (horizontal-x3)
García Padilla dijo que con su fallo a favor de Walmart el juez Fusté le quitó al gobierno de Puerto Rico $100 millones. (Juan Luis Martínez Pérez)
El gobernador Alejandro García Padilla afirmó hoy, lunes, que su administración apelará “sin dilaciones” la decisión del juez federal José Fusté, quien declaró inconstitucional el impuesto especial a las megatiendas.
“El juez Fusté le acaba de quitar $100 millones al pueblo puertorriqueño para dárselos a Walmart. Le acaba de quitar $100 millones a los niños que se montan en la transportación pública escolar, a los que reciben educación especial, a los de las escuelas públicas, a los municipios para asfalto”, dijo el gobernador en una rueda de prensa en La Fortaleza.
“Por supuesto que vamos a apelar. Ahora hay que buscar los 100 millones de otro lado”, sostuvo el mandatario.
García Padilla dijo que el tribunal no tiene jurisdicción sobre la controversia y después que asumió jurisdicción “ni siquiera permitió que viéramos los estados financieros de Walmart, para ver si es verdad lo que dicen”. Pareció referirse a los argumentos expuestos por la empresa en el tribunal en el sentido de que el impuesto les resulta muy oneroso, por lo que no podrían mantener indefinidamente sus operaciones en la Isla. 
Indicó que este año el gobierno proyectaba recaudar unos $100 millones con el impuesto de 6.5% a las compras entre tiendas, conocido popularmente por el término en inglés “transfer pricing”. Sin embargo, esa expectativa quedó frenada al impugnarse en el Tribunal Federal la Ley 72, declarada inconstitucional por Fusté.
La Ley 72 establece el citado impuesto por concepto de compras entre compañías. Walmart reclamó que el estatuto estatal se declarará inconstitucional por entender que viola la cláusula de comercio interestatal, así como las leyes de relaciones federales y la de igual protección de las leyes.
García Padilla añadió que el caso de Walmart es un ejemplo de los pleitos judiciales que anticipa el gobierno de los acreedores por el impago de la deuda. “Eso es lo que se supone que evitemos y miren las conclusiones que tuvo con un juez puertorriqueño y en una corte aquí. Imagínense cuando el juez sea del Southern District of New York”, comentó.
Sobre los empleos atribuidos a Walmart en Puerto Rico, el Gobernador dijo que un estudio del economista José Alameda concluyó que cada empleo que crea la multinacional aquí le cuesta 2.4 empleos al comercio estatal. “Eso es para que los puertorriqueños lo tengan en mente a la hora de hacer sus compras”, aseveró.
Una reportera le preguntó si su planteamiento era un llamado para que le gente no compre en Walmart y el gobernador respondió: “Lo que yo dije, es lo que yo dije”.