José Caldero López (horizontal-x3)
La veda electoral estatal ha puesto trabas al superintendente de la Policía, José Caldero López, para cumplir con una de las disposiciones de la reforma. (Archivo / GFR Media)
La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) evaluará si permite a la Policía pautar anuncios de orientación relacionados con la reforma propuesta en esa agencia, una vez se les presenten a los comisionados electorales las especificaciones y demandas estipuladas sobre la necesidad de orientar a los ciudadanos.
La veda electoral estatal ha puesto trabas al superintendente de la Policía, José Caldero López, para cumplir con una de las disposiciones de la reforma, coordinada por las autoridades federales, que aluden a publicar anuncios sobre los trabajos que se realizan y cómo se están cumpliendo. 
Así lo informó el funcionario en una vista pública sobre la reforma el pasado 18 de marzo. En esa audiencia, encabezada el juez federal Gustavo A. Gelpí, en Fajardo, además de Caldero López, participaron funcionarios estatales, altos oficiales de la Policía, alcaldes y periodistas. El Código Electoral regula los anuncios que pautan las agencias del gobierno en año de elecciones generales y esas disposiciones se denominan veda electoral.
Gelpí ordenó a la Policía y a la CEE reunirse en el Tribunal Federal del Viejo San Juan para tratar de llegar a un acuerdo sobre este asunto, por lo que hoy, lunes, la presidenta de la CEE, Liza García Vélez, y el monitor de la Reforma de la Policía, Arnaldo Claudio. La CEE es la agencia que autoriza la publicación de todos los anuncios de agencias estatales para evitar propaganda indebida en año electoral. 
En la reunión participó también la directora de la Oficina de la Reforma, coronel Clementina Vega, con sus respectivos abogados y los representantes legales de las partes en este caso, que incluye letrados de los departamentos de Justicia federal y estatal.
El mediador designado por el Tribunal Federal, Alfredo Castellanos, manifestó que el diálogo entre las partes fue "muy respetuoso, de diálogo abierto y con el interés claro de las partes para resolver lo que podría ser un asunto que puede ser resuelto con colaboración de parte y parte, todos fueron amigables al tratar de llegar a una solución".
En la reunión, que se extendió por unas dos horas, las partes acordaron que este miércoles, la Oficina de la Reforma de la Policía ofrecerá una presentación ante la CEE para demostrar la importancia de la dispensa en el caso, para poder diseminar mensajes a los ciudadanos.
El abogado de la CEE, José Nieto, aclaró que, según el funcionamiento de la Comisión, la presidenta preside los trabajos, pero la decisión de permitir anuncios sobre la reforma policíaca recae en los cuatro comisionados electorales.
Fuera de sala, García Vélez indicó que el superintendente de la Policía solicitó la dispensa en noviembre del 2014 y en febrero pasado, pero los cuatro comisionados electorales de los partidos inscritos determinaron por unanimidad no otorgarla.
"Pero por la naturaleza de la información que he recibido hoy, la presentación será para ponerlos en posición de lo que es el monitor y la reforma. Se les pidió preparar una presentación y les expliquen a ellos en la reunión ordinaria de los miércoles, para incluirlo en la agenda", señaló la presidenta de la CEE.
El representante del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Luis Saucedo, destacó que, de las partes no llegar a una resolución, que la corte debe tomar acción y se espera tener una respuesta en o antes del 10 de abril.
La abogada de Justicia estatal, Flor Vélez, mientras, indicó que la presentación la ofrecerá la Oficina de la Reforma de la Policía, pero que las partes podrán estar presentes.
"Esto es un paso adelante. Quiero felicitar a la Comisión y a la Policía por sentarse en una reunión amigable, respetable y estoy confiado en que vamos a poder seguir adelante en cuanto a esta situación", dijo Claudio.
La Reforma de la Policía fue ratificada el 17 de julio de 2013 por el gobernador Alejandro García Padilla y el exsecretario de Justicia de Estados Unidos, Eric H. Holder. El proceso se inició a raíz de una demanda que sometió el Departamento de Justicia federal contra el gobierno de Puerto Rico por violaciones de derechos civiles por parte del cuerpo policiaco estatal.
El acuerdo contempla cuatro áreas básicas que incluyen readiestramiento, reclutamiento y supervisión efectiva de los agentes; interacciones para evitar prácticas discriminatorias a la hora de arrestos, allanamientos y registros; acercamiento con la comunidad, con reuniones periódicas y compromiso de atender sus reclamos en 90 días e implantar sistemas de información y tecnología.