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(Archivo GFR Media)

El primer caso federal por maltrato de animales y distribución de vídeos de peleas de perros en la jurisdicción de Puerto Rico tomó un nuevo giro al trascender hoy, jueves, que agentes intervinieron una clínica veterinaria en la que se emitieron certificados de vacunación a canes transportados por Ehbrin Castro Correa.
Además, agentes de la Oficina de Seguridad Interna de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI) también llegaron a la residencia del veterinario propietario de la clínica, identificado por las autoridades federales como José A. Mercado Méndez, a quienes le ocuparon armas. 
Castro Correa fue detenido durante el fin de semana y posteriormente acusado por maltrato de animales, así como por la divulgación por WhatsApp de vídeos de perros en lucha que grabó, según admitió a las autoridades. La intervención se produjo después que llevó varios canes para transportarlos en un barco que zarparía hacia la República Dominicana. 
Sobre la intervención en la casa del veterinario, en Luquillo, los agentes federales informaron que tenía 10 armas cuya licencia de portación presuntamente se obtuvo de forma fraudulenta ya que esa persona había sido convicto por un caso de drogas. Mercado Méndez quedó arrestado por ser una persona convicta, a la que se le prohíbe poseer armas de fuego.
La magistrada federal Camille Vélez Rivé leyó la denuncia en contra de Mercado Méndez, en la cual se alega que el 9 de marzo se le encontró en posesión de varias armas, siendo una persona impedida de poseerlas, y se le notificó que de ser encontrado culpable se expone a una pena de no más de 10 años de prisión y un término de libertad supervisada de hasta tres años.
Durante la vista de fianza, la fiscal federal Dina Ávila solicitó su detención sin derecho a libertad bajo fianza porque, aunque la convicción fue hace 30 años y cumplió con el tiempo de cárcel y de probatoria, dijo que obtuvo la licencia de portación de armas "bajo perjurio" porque no informó que había sido convicto anteriormente y por usar el número de Seguro Social de su esposa para poder obtenerla.
Cuando allanaron su hogar, encontraron más de 1,500 municiones, según se informó.
La fiscal explicó que Mercado Méndez prestaba servicios veterinarios a los perros de Castro Correa, acusado por criarlos y entrenarlos para peleas caninas y grabar las mismas. Además, certificó sus vacunas para que pudiese transportarlos, tanto en un viaje que dio el 18 de enero pasado y otro que intentó dar el viernes pasado. 
La fiscal indicó que el veterinario mintió y escribió en el formulario que la raza de los canes era alano español para facilitar su transporte fuera de Puerto Rico. La salida de los perros no habría prosperado si se identificaban como pitbulls o raza de esas mezclas.
Su abogado, Juan Albino, recalcó que la única convicción contra su representado fue en 1986 cuando tenía 22 años. Destacó que sirvió su tiempo (de sentencia) y que por 30 años ha sido una persona productiva, de bien, que no ha tenido problemas con la ley. 
Albino explicó que su cliente lleva 23 años como veterinario. Explicó que está casado y tiene dos hijas de 19 y 20 años. Aseguró que no hay riesgo de uso de armas porque las mismas ya fueron confiscadas por las autoridades, por lo que no representa riesgo de fuga, ni de peligro a la comunidad.
La magistrada le concedió diez días para prestar una fianza de $10,000 asegurados por efectivo o propiedad y le ordenó seguir trabajando. Además, pautó la vista preliminar del caso para el 28 de marzo.
 Se declara no culpable
Previo a ver el caso del veterinario, Vélez Rivé atendió la lectura de acusación de Castro Correa, quien se declaró no culpable por tres cargos en su contra relacionadas a maltrato de animales, entrenar perros de pelea y poseer y distribuir vídeos de peleas caninas.
También se vio la vista de fianza contra el hombre de 33 años, y Vélez Rivé le impuso $40,000 asegurados, pero luego se supo que la fiscalía federal solicitó que se paralizara su liberación hasta soliciten una revisión de fianza ante el juez federal que preside el caso, Juan M. Pérez Giménez.
"Este es un caso bien inusual. El primero que han traído ante mi consideración. No quiero que por imponer fianza minimizar la naturaleza de la ofensa. Soy amante de los animales, pero en esta etapa que es de fianza y no de determinar culpabilidad o no, al no tener récord previo y al tener propiedades que garanticen su comparecencia, voy a imponerle fianza bajo las más estrictas condiciones", aclaró Vélez Rivé al imponer la fianza, que incluye arresto domiciliario las 24 horas, vivir en otra casa bajo supervisión electrónica y sin perros, o le revocaría la fianza de inmediato.
La fiscal Ávila solicitó que no se le impusiera fianza e hizo un relato de hechos ocurridos el 18 de enero y el 4 de marzo pasado, cuando finalmente fue arrestado mientras intentaba transportar a seis perros en jaulas en el ferry desde el muelle Panamericano con destino a República Dominicana.
Narró que el 18 de enero, uno de los perros pitbull que transportaba se salió de su jaula en el área de carga del ferry, y le cayó encima a un perro German Shepard adscrito al Negociado de Control de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que estaba presente en sala.
"El pitbull del acusado atacó a Brix (al can) y no lo soltaba, seguía mordiéndolo y mordiéndolo. El agente le daba con un palo y no soltaba, hasta que tuvo que caerle encima", dijo Ávila, quien dijo que en esa ocasión, Castro Correa llevó a República Dominicana 12 perros y regresaba con seis.
Detalló que el hoy acusado tenía vídeos en su teléfono celular de peleas de perros, y que se escucha a él y a otros alentándolos a la lucha. Otros vídeos e imágenes muestran entrenamiento de los perros, que incluye ponerlos a correr en máquinas que tenía en su casa en Río Grande, cargando cosas pesadas y colocándolos en una cisterna amarrados para que se mantuvieran a flote.
Recordó que en la residencia había más de 30 perros en jaulas en las que apenas cabían. Algunos se le veían los huesos por su delgadez y otros tenían cicatrices y heridas.También habían cachorros de pocos meses de nacidos. Mientras, en el interior de la casa observaron dos canes en buenas condiciones de salud. La pareja del acusado dijo a los agentes que esos dos perros no se los llevaran porque eran de su propiedad. 
Sobre el acusado Castro Correa, la fiscal Avila concluyó que "sus acciones demuestran total menosprecio a la vida con esta conducta cruel contra animales vulnerables que no pueden hablar de lo que les ha hecho".
Por su parte, el abogado Emilio Soler destacó que su representado no tiene convicciones previas y que es una persona responsable que tiene dos hijos de 18 y 19 años y que lleva 17 años trabajando en un mecánico.
"Nunca ha tenido problemas con personas, me refiero a humanos... Él no representa riesgo para otras personas, no ha causado daño a personas y no le decía a los perros qué hacer", planteó Soler.
Castro Correa permanecerá detenido hasta que se vea la vista de revisión de fianza. Los perros están con veterinarios o bajo custodia de alguaciles federales para luego darlos en adopción.