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Walmart entiende que la Ley 72 viola la cláusula de comercio interestatal, así como las leyes de relaciones federales y la de igual protección de las leyes. (Archivo / GFR Media)
El juez federal José A. Fusté declaró hoy, lunes, inconstitucional la ley estatal que impuso un impuesto especial a mega tiendas como Walmart.
La decisión será apelada de inmediato, anticipó en horas de la tarde el gobernador Alejandro García Padilla.
En una determinación de 109 páginas, el juez federal falló a favor de la empresa Walmart, que el pasado 4 de diciembre demandó al gobierno de Puerto Rico, por considerar inconstitucional la Ley 72, aprobada el 29 de mayo de 2015.
El caso quedó sometido el pasado 5 de febrero, después de varias vistas en las que declararon, entre otros, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza. El funcionario admitió que la impugnada Ley 72 solo aplicaba al momento a Walmart.
La citada ley encaminó un nuevo tributo de 6.5% por concepto de compras entre compañías, lo que se denomina en inglés “transfer pricing”. Walmart destacó en el tribunal que el impuesto resultaba sumamente oneroso y señaló que impediría sus operaciones a largo plazo en la Isla.
La compañía pidió que se declarará la inconstitucionalidad de la Ley 72 por entender que viola la cláusula de comercio interestatal, así como las leyes de relaciones federales y la de igual protección de las leyes.
Al fallar a favor de Walmart, entre otros argumentos, Fusté indica que “el Departamento de Hacienda alberga duda significativa de la habilidad del gobierno de seguir operando. En respuesta a esta situación, el gobierno de Puerto Rico ha puesto en vigor leyes y regulaciones que efectivamente aseguran que un gran contribuyente, de ser obligado a pagar un impuesto inconstitucional, y luego reclamar por un reembolso de millones de dólares, no verá el reembolso por décadas, si acaso".
Previamente, Fusté consigna en su extenso escrito que "el Estado Libre Asociado de Puerto Rico está insolvente y no puede pagar sus deudas. La cuenta principal de Hacienda, que funciona como la cuenta de operación del gobierno, va a alcanzar casi $1,000 millones en balance negativo para junio de 2016. El Banco Gubernamental de Fomento está insolvente también, lo que significa que pueda necesitar administración judicial”.
Luego, afirma que "no nos da nada de placer, bajo estas circunstancias, impedir vías de ingresos que van directamente al presupuesto general de Puerto Rico. Ya que nosotros, también, somos ciudadanos de esta Isla y también tenemos que sufrir las consecuencias de este desorden financiero en el horizonte. Pero estamos en esta posición, precisamente por la insolvencia del gobierno que ha dejado al demandante, Wal-Mart Puerto Rico, Inc., sin otra alternativa”.
“Ahora que estamos aquí, no podemos escudarnos de lo que hemos aprendido, sino tomar decisiones sobre los asuntos presentados y ordenar el remedio requerido por ley. Al hacer esto, estamos totalmente de acuerdo con la conclusión a la que llegó uno de los testigos expertos: 'Al final del día, el gobierno no debe depender de impuestos que no le corresponden para tratar de pagar los servicios esenciales'", sostiene Fusté.
En este caso, el gobierno de Puerto Rico planteó sin éxito que el Tribunal Federal estaba impedido de actuar en este caso por virtud de las disposiciones de la ley federal conocida como el Butler Act, en la que se dispone que la rama judicial no puede intervenir en asuntos relacionados con los impuestos que impone un estado.
El abogado Neal Manne, defensor de Walmart, mientras, rechazó la consideración del Butler Act. Argumentó que en caso de una petición de interdicto a nivel estatal la misma no aplica "cuando se cuestiona la constitucionalidad del impuesto. García Padilla, mientras, rebatió ese planteamiento en horas de la tarde, sin entrar en detalles al anunciar la apelación, que se tramitaría, “sin dilaciones”, según recalcó.
García Padilla dijo que el tribunal no tiene jurisdicción sobre la controversia y después que asumió jurisdicción “ni siquiera permitió que viéramos los estados financieros de Walmart, para ver si es verdad lo que dicen”. Pareció referirse a los argumentos expuestos por la empresa en el tribunal en el sentido de que el impuesto les resulta muy oneroso, por lo que no podrían mantener indefinidamente sus operaciones en la Isla.
“El juez Fusté le acaba de quitar $100 millones al pueblo puertorriqueño para dárselos a Walmart. Le acaba de quitar $100 millones a los niños que se montan en la transportación pública escolar, a los que reciben educación especial, a los de las escuelas públicas, a los municipios para asfalto”, dijo García Padilla en una rueda de prensa en La Fortaleza.
“Por supuesto que vamos a apelar. Ahora hay que buscar los 100 millones de otro lado”, agregó el mandatario.
Un profesor de Harvard, Stanley Langbein, presentado como último testigo del gobierno puertorriqueño, por su parte, rechazó el argumento de la parte demandante, en el sentido de que el tributo afectaba a Walmart. Además, el experto en impuestos internacionales rechazó que la Ley 72 sea discriminatoria como alegó la multimillonaria empresa. 
Langbein señaló que imponer tributos es la única forma del gobierno para allegar fondos. La Ley 72, aprobada el 29 de mayo de 2015, se creó para reformar el sistema contributivo de la Isla en el contexto de la severa crisis fiscal que afecta al gobierno estatal y, según destaca en su exposición de motivos, se relaciona con una deuda de más del 70,000 millones, "en un escenario sin fuentes de repago y sin acceso a los mercados".
En su decisión a favor de Walmart, Fusté aludió a la necesidad de transparencia en el gobierno estatal. "El gobierno tiene la responsabilidad de ser más transparente. El pueblo de Puerto Rico no debe permanecer en la oscuridad. Los que están al tanto de la situación no deben esconderse de ella. La gente merece saber laverdad sobre cómo llegamos hasta aquí y a dónde vamos desde aquí. Los residentes de la Isla están sumamente afectados por esta crisis que merece ser transparente ante la ausencia de lo que ayudó a crear la crisis", señaló Fusté.
"Solamente la rededicación de competencia en el gobierno, una administración honesta, y transparencia absoluta en nuestros asuntos podremos salir adelante. Si no, Puerto Rico, como un barco en una tormenta con un casco colapsándose, no puede ser rescatado de ninguna manera. La analogía de un barco hundiéndose es apropiada. Si el barco se pierde, sería un desastre para aquellos a bordo. Así que, simplemente nuestro barco no puede perderse. Eso es lo que todos en nuestra sociedad deberíamos trabajar para alcanzar, como equipo. El camino es difícil, pero juntos, podemos capear el temporal", concluye el juez federal.
Poco antes de las 6:00 p.m., el secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza, dijo que están analizando la determinación de Fusté, y, al igual que el gobernador, reafirmó que “el Tribunal Federal no tiene jurisdicción en este caso”. 
“Desde el primer momento, contemplamos la posibilidad de apelar, si la decisión no era favorable para los intereses del pueblo de Puerto Rico. Estamos en coordinación con el Departamento de Justicia para apelar lo más pronto posible. Vamos a analizar detalladamente todos los argumentos legales presentados en la sentencia y levantaremos todas las deficiencias procesales que entendemos tuvo el juicio”, agregó Zaragoza en declaraciones escritas.