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La decisión a favor de Walmart sienta un precedente que beneficia a todas las cadenas de tiendas, según la Asociación de Comercio al Detal. (Archivo / GFR Media)
La Asociación de Comercio al Detal (Acdet), que agrupa a las principales cadenas de tiendas estadounidenses que operan en la Isla, dijo estar complacida con la decisión del juez Fusté quien el lunes declaró inconstitucional la Ley 72 de 2015, eliminando así el impuesto especial a las megatiendas.
Esta decisión ha generado reacciones diversas. Sin embargo, la Acdet expone que más allá de beneficiar únicamente a Walmart, la misma sienta un precedente que beneficia a todas las cadenas de tiendas que hacen negocios en la Isla, y a todo el sector productivo que genera empleos y realizan gran parte de sus compras a suplidores locales.
“Desde que se comenzó a discutir un primer intento de reforma contributiva en el 2015 advertimos al gobierno que las medidas que se estaban discutiendo en la Legislatura para aumentar los impuestos a algunas compañías del sector de la industria al detal serían detrimentales para la economía local.  Nuestro llamado fue a que la reforma contributiva o medidas legislativas resultantes fueran justas para todos.  Obligar un aumento al impuesto de “Transfer Pricing” y basar el mismo en la venta y no en la ganancia es confiscatorio y discriminatorio, ya que apuntaba a muy pocas o una sola empresa en la Isla.  La determinación del juez Fusté validó nuestra postura y dejó sin efecto un impuesto que atentaba contra la estabilidad de muchas tiendas en Puerto Rico.  Nuestra economía no aguanta un impuesto más” acotó Lymaris Otero, asesora de la dirección de Acdet.
El directorio de la Acdet exhortó a la ciudadanía y los diversos sectores empresariales a alejar esta discusión de matices y discursos políticos y que vean esta determinación de manera objetiva. “La decisión del juez ha salvado empleos, ha hecho justicia a un sector que aporta significativamente a la a la economía del país con más de 50,000 empleos y sobre $500 millones en pagos de impuesto y patentes, evitó más aumentos en precios a los consumidores, quienes ya tiene su bolsillo golpeado de tanto impuesto.  Y más importante aún, evitó un golpe al ecosistema que se nutre de las operaciones de estas cadenas de tiendas en Puerto Rico, desde suplidores, agricultores, distribuidores, proveedores de servicios todos locales y empleos directos e indirectos", indicaron. 
Otero agregó que “no podemos olvidar lo peligroso que es para la economía del país que el gobierno siga añadiendo nuevos impuestos con la justificación de la crisis fiscal, como lo fue el caso de la patente nacional, que operaba como un impuesto sobre las ventas brutas y su efecto fue nefasto; casi quebró a un sinnúmero de empresas en Puerto Rico. Nuevamente hacemos un llamado a que las medidas legislativas en torno al manejo fiscal de Puerto Rico se revisen y sean justas para todos los sectores”, concluyó la ejecutiva.