Comité republicano objeta lenguaje sobre reestructuración deuda pública (horizontal-x3)
El presidente del Comité de Finanzas, el republicano Orrin Hatch (Utah), apuntó que "sigue comprometido a trabajar con sus colegas para crear un plan viable que ayude a la Isla. (Archivo / AP)
WASHINGTON - El Comité de Estudio Republicano (RSC, por sus siglas en inglés), el principal grupo independiente del caucus de los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, expresó ayer su rechazo al apartado del borrador de legislación del Comité de Recursos Naturales que permitiría forzar una reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.
“La propuesta de legislación incluye provisiones que esencialmente permiten obligar una reestructuración de la deuda de la Isla. Ese acercamiento es inconsistente con las posiciones del RSC sobre este asunto”, advirtió el presidente del grupo, el congresista Bill Flores (Texas), al acentuar que “cambiar las reglas para atender la irresponsabilidad fiscal de Puerto Rico es el acercamiento equivocado”.
El RSC reúne a 171 de los 246 republicanos de la Cámara baja y  puede tomar posiciones sobre asuntos de política pública con el respaldo de por lo menos dos tercios de su junta directiva.
“Aunque el borrador incluye algunas políticas positivas para restablecer el crecimiento de la estancada economía de Puerto Rico, como reducir la carga de normas federales, la propuesta necesita mejoras para prevenir reestructuración involuntaria al estilo de la bancarrota (federal). Seguiremos trabajando con el presidente (del Comité de Recursos Naturales, Rob) Bishop y el liderato de la Cámara para enmendar la legislación, para que sea consistente con la posición adoptada por el RSC y los principios conservadores”, agregó Flores.
Las expresiones del líder del RSC subrayan aún más  los tropiezos a los que se enfrenta un borrador que es objetado por republicanos, debido a la posibilidad de reestructurar toda la deuda pública, y por los demócratas, ante los amplios poderes que se le otorgarían a una junta federal para controlar el Gobierno de Puerto Rico.
Para el speaker cameral, Paul Ryan (Wisconsin), cuyo predecesor dejó el puesto tras continuos problemas para lograr consenso dentro de su caucus, la oposición del RSC representa un obstáculo de envergadura. 
Cuando hay controversias internas, el caucus republicano ha reclamado que ninguna medida vaya a votación si no tiene el respaldo de la mitad más uno de su grupo legislativo.
Hatch crearía plan viable
Mientras revisa el borrador, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Orrin Hatch (Utah), “sigue comprometido a trabajar con sus colegas del Congreso para crear un plan viable que ayude a traer alivio al pueblo de Puerto Rico y coloque al territorio nuevamente sobre bases firmes a largo plazo”, según su portavoz, Julia Lawless.
Hatch ha sido la principal voz republicana del Senado en este debate.
Antes de opinar, otros senadores activos en el debate sobre la crisis fiscal  y de deuda pública de  Puerto Rico  prefirieron esperar a que se presente la medida como proyecto de ley, que se llevaría a votación el 14 de abril.
En el lado de los conservadores, la analista de política pública del Instituto Heritage, Rachel Greszler,  consideró que “el Congreso debe permitir a Puerto Rico llevar a cabo sus propias negociaciones con los acreedores, decidir si quiere establecer su propia junta de control fiscal, e implantar su plan fiscal y económico”. 
La nación boricua
El martes, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, por segundo día consecutivo, fue preguntado sobre los planes legislativos republicanos. 
Entonces, Earnest describió a Puerto Rico como una “nación”. “Creemos que a la nación de Puerto Rico se le debe dar alguna autoridad que le permita reestructurar su deuda y poder levantarse”, indicó Earnest.
Pero, sostuvo que  cualquier solución  tiene que incluir   “un mecanismo que permita asegurar que las promesas hechas  son implantadas”.
Aunque el Tesoro fue el primero en llevar oficialmente al Congreso, en octubre pasado, la propuesta de implantar una junta federal de “supervisión” fiscal, Earnest sostuvo que no cree que la Casa Blanca “haya discutido públicamente” la idea de  establecer una “junta de control financiero”.
“He advertido que la administración (del presidente Barack Obama) no apoya un rescate financiero para Puerto Rico. Pero podemos ofrecerles el tipo de autoridad de reestructuración que está disponible para  las municipalidades en EE.UU.”, dijo Earnest. Pero,  el plan del Tesoro impulsa una reestructuración abacardora de la deuda –fuera del capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras–, como propone el borrador republicano.
Como niños
En Nueva York, la Federación Hispana, que reúne a un centenar de grupos cívicos, se sumó a la oposición de los demócratas  a la junta federal de control fiscal. La crisis de  la Isla, sostuvo la Federación,  “no debe ser una oportunidad para infantilizar a los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico, negándoles derechos civiles y democráticos”.
Al cuestionar los amplios poderes que se le otorgan a la junta federal de control fiscal que el liderato republicano de la Cámara de Representantes quiere crear, la Federación Hispana   afirmó  que la propuesta tendría el efecto de debilitar “las instituciones democráticas y el estado de derecho de Puerto Rico”.
Aunque “complacidos” de que el Congreso “haya finalmente comenzado a considerar propuestas para ayudar a más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico que sufren como resultado de la crisis fiscal de la Isla”, la Federación Hispana considera que la propuesta junta socava la ya limitada autonomía de los ciudadanos de Puerto Rico.
El grupo sostuvo que el anteproyecto de ley ofrece propuestas “prometedoras sobre reestructuración de deuda”. Pero, indicó  que  el Congreso debe proponer también medidas para corregir la inequidad en el acceso a los programas federales de salud.