Carolina reitera que no le toca desalojar manifestantes de la playa (horizontal-x3)
Un grupo de manifestantes se mantiene en un predio de cinco cuerdas ubicadas en el Balneario de Carolina en oposición a la construcción de un proyecto hotelero. (Archivo / GFR Media)
Armado de argumentos nuevos, el Municipio de Carolina solicitó al Tribunal de Apelaciones que reconsidere la resolución que emitió el mes pasado y que concluyó que compete al ayuntamiento desalojar a los manifestantes que ocupan un predio de terreno en el balneario de Carolina desde hace más de década.
Los abogados de la municipalidad acudieron a este foro para tratar de revertir una determinación del juez Wilfredo Maldonado García, del Tribunal de Carolina, quien ordenó al ayuntamiento desalojar a los manifestantes tras acoger una solicitud de sentencia por transacción, que parecía haber puesto punto final a una larga pugna judicial sobre la validez del contrato de arrendamiento con la compañía CH Properties, corporación que administra el Hotel Marriott en Isla Verde.
El ayuntamiento no cumplió con la orden del togado porque alegó que correspondía a los alguaciles del centro judicial realizar ese trámite. 
En la moción de reconsideración, presentada el 9 de marzo, los abogados Frank Torres Viada y Maritere De Jesús Aponte plantearon que el juez Maldonado García no tenía jurisdicción para emitir la orden de desalojo porque constituye “una modificación sustantiva del ámbito dispositivo de una sentencia ya advenida final y firme”.
“Razón por la cual, en tanto emitida sin jurisdicción, la orden recurrida es radicalmente nula, carente de todo efecto jurídico. Y debe, pues, la misma ser dejada sin efecto”, afirmaron los abogados, en la moción de 18 páginas.
Argumentan que el panel de jueces compuesto por Carmen Gómez Córdova, Gerardo Flores García y Fernando Bonilla Ortiz fundamentó su decisión en los términos dispuestos entre las partes con anterioridad al contrato de transacción y en las obligaciones legales impuestas por el Código Civil.
“Aun cuando el TPI (Tribunal de Primera Instancia) actuó sin jurisdicción al modificar y alterar sustancialmente una sentencia final y firme, este Honorable Foro validó su actuación. Al así disponer, eludió el hecho de que los contratos de transacción tienen el efecto de establecer una nueva relación entre las partes, sustituyendo una relación obligatoria anterior por otra nueva, destinada a extinguir aquella”, aseguraron.
Los letrados también arguyeron que el contrato original, que imponía al arrendador la obligación de garantizar el “el goce pacífico”, pero que esta disposición se modificó con el nuevo acuerdo presentado en la sentencia por transacción. 
“Siendo ello así, independientemente de lo dispuesto en el Contrato de Arrendamiento, una vez firmada la Moción Solicitando Sentencia por Transacción, acogida por el TPI en su dictamen, CH Properties se obligó a desalojar a los manifestantes por lo que renunció a su derecho a saneamiento por evicción, en cuanto a la controversia con los ocupantes sin autorización en el predio arrendado”, aseguraron los abogados.
Los abogados, además, señalaron que la orden del juez era nula puesto que se promulgó en ausencia de los manifestantes, a quienes identificó como una parte indispensable de la controversia, pero quienes no forman parte del proceso judicial.