Cámara federal dará a conocer legislación sobre reestrución de la deuda (semisquare-x3)
La divulgación del borrador de legislación busca cumplir con la promesa del speaker cameral, Paul Ryan, de proponer una posible solución federal a la crisis fiscal de Puerto Rico antes de que termine el primer trimestre del 2016. (Archivo / AP)
WASHINGTON - El liderato republicano de la Cámara de Representantes federal  tiene previsto dar a conocer el martes la legislación que apunta a dejar en manos de cinco personas designadas por el presidente de EE.UU. la decisión de cuáles dependencias del Gobierno de Puerto Rico  podrán tener acceso a un proceso de reestructuración de deuda.
“El borrador de legislación que guiará la discusión se hará público el martes”, dijoesta noche a El Nueco Día Parish Braden, portavoz del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.
La divulgación del borrador de legislación busca cumplir con la promesa del speaker cameral, Paul Ryan (Wisconsin), de proponer  una posible solución federal a la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico antes de que termine el primer trimestre del 2016.
En las últimas horas, sin embargo, han circulado informes contradictorios sobre el contenido de la legislación.
Por un lado, un “resumen republicano” del proyecto –divulgado ayer por The New York Times–, indica que la autorización para reestructurar deuda pública sería “limitada” y no permitiría darle preferencia al pago de las obligaciones del sistema de retiro, que rondan los $45,000 millones y son independientes a los $70,000 millones de deuda del resto del Gobierno de Puerto Rico. 
El resumen republicano indica que reordenar la preferencia de los pagos –en este momento la prioridad, de acuerdo con la Constitución de Puerto Rico, la tienen las obligaciones generales del gobierno–  “tendría serias consecuencias sobre el mercado municipal de bonos  y la relación actual entre acreedores y deudores”.
Los puntos circulados por republicanos, que tienen mayoría en la Cámara baja y el Senado estadounidense, afirman que la reestructuración de “ciertas” empresas públicas podría ser ordenada por los miembros de la junta federal de control fiscal, luego  que realicen una auditoría de las finanzas de cada emisor de deuda, se mejoren sus operaciones y se implanten recortes presupuestarios.
Primero, sin embargo, tendría que haber un proceso de negociación voluntaria entre los acreedores y el Gobierno de Puerto Rico.
Contrario a la situación actual, sin embargo, el Gobierno por vez primera tendría la posibilidad de recurrir a un tribunal –si convence a la junta de control fiscal–, a reclamar el reajuste de algunas de sus obligaciones.
Voz, no voto
Al gobernador de Puerto Rico y  al secretario del Tesoro les darían un asiento en la junta federal, pero sin voto. La junta –que  tendría oficinas en Washington y San Juan– incluiría por lo menos dos residentes de Puerto Rico con derecho al voto, y  exigiría presupuestos y planes fiscales balanceados, dice el resumen.  
Antes de conocerse la interpretación de los republicanos sobre el borrador de legislación, el servicio de noticias Bloomberg había reportado que de acuerdo con fuentes demócratas,  el proyecto recomendará crear un sistema territorial de quiebras muy similar al capítulo 9 de la ley federal.
La legislación incluiría el poder para frenar demandas de cobro en contra del Gobierno de Puerto Rico, en espera de un proceso de reestructuración “territorial”, fuera del código federal de bancarrotas, coinciden  demócratas y republicanas.  Pero nadie ayer podía precisar el momento en que esa moratoria –que puede ser necesaria para evitar un impago masivo de cientos de millones de dólares el 1 de mayo o el 1 de julio– entraría en vigor.
Una fuente demócrata dijo anoche que el forcejeo entre republicanos y demócratas sigue activo y abierto todo este fin de semana. Pero, que el lenguaje que ha visto, aunque persigue primero un proceso de negociación voluntaria entre los acreedores y el gobierno, permite “una reestructuración abarcadora de la deuda”.
“Están tratando de complacer a mucha gente”, dijo una fuente legislativa, al recordar que por un lado tienen al Comité de Estudio Republicano –el grupo más grande de legisladores del Grand Old Party (GOP)  en la Cámara baja– opuesto al capítulo 9 y por el otro el Tesoro y el Gobierno de Puerto Rico reclamando el poder para reestructurar toda la deuda. 
El jueves, en momentos en que la Cámara baja federal cerraba sus trabajos, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, quien participa en las negociaciones y ayer se abstuvo de hacer comentarios sobre el proyecto, indicó  que “se le debe seguir dando un trato preferente al pago de las obligaciones generales”, lo que, dijo, no descarta una negociación voluntaria sobre esa deuda.
Los planes del Comité de Recursos Naturales, que maneja la legislación, son llevar un proyecto a votación a mediados de abril y tratar de aprobarlo en el pleno de la Cámara baja para fines de ese mes. Todavía quedaría el Senado, donde los demócratas  han exigido un poder de reestructuración abarcador y tienen suficientes votos para detener  una legislación.
El calendario legislativo, nadie parece  dudar, no permite una solución federal antes del pago de cerca de $480 millones el 1 de mayo, pero la junta fiscal todavía tendría que acelerar el paso si quiere evitar el impago masivo que nadie cuestiona, el del 1 de julio, cuando el servicio de la deuda alcanza los $1,900 millones.