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La audiencia oral de mañana, prevista para el mediodía (hora de Puerto Rico), permitirá a tres abogados argumentar ante los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos. (Ilustración / GFR Media)
WASHINGTON.- En una sesión oral, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se enfrentará hoy al caso que, desde la adopción de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), más cerca le ha colocado de tener que pasar juicio sobre la naturaleza del actual status territorial y que genera grandes expectativas.
“Creo que en ningún otro caso las partes nos habíamos aventurado tanto a traer los argumentos relativos a la relación política con Estados Unidos como lo hemos hecho en este”, reconoció  el secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, en una entrevista.
Desde que decidió pedir la intervención del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el secretario Miranda percibió el caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle, referente a si la Isla tiene soberanía propia para fines de la cláusula constitucional federal de doble exposición, como una oportunidad para “argumentar ampliamente  el tema de la relación jurídica con Estados Unidos y nuestra fuente de poder”.
“La ley de Puerto Rico emana de la autoridad delegada por el pueblo de Puerto Rico, que llevó a cabo un ejercicio de soberanía popular en 1952 al adoptar su propia Constitución, estableciendo su propio gobierno para adoptar sus propias leyes. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es una criatura del pueblo de Puerto Rico, no del Congreso. Ese punto resuelve el caso”, indicó el argumento original sometido ante el máximo foro judicial por el abogado Christopher Landau, de la firma Kirkland & Ellis, a nombre del Gobierno de Puerto Rico.
La Rama Ejecutiva de Estados Unidos aceptó el reto y el pasado 23 de diciembre, en un argumento que presentó como amigo de la corte,  afirmó con mayor claridad que nunca antes en un caso judicial que Puerto Rico sigue subordinado a los poderes plenarios del Congreso, a través de la cláusula para territorios de la Constitución estadounidense.
“El acuerdo (llamado ELA) puede ser revisado por el Congreso, y los funcionarios federales y de Puerto Rico entendieron que la adopción de la Constitución por parte de Puerto Rico no alteraba su status constitucional. La última fuente de poder soberano en Puerto Rico sigue siendo Estados Unidos”, indicó el procurador general Donald Verrilli, quien afirmó el ELA   no representa  un pacto “irrevocable”.
RELACIÓN COLONIAL.  Para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Nueva York Richard Pildes –quien estuvo bajo contrato del gobierno de Aníbal Acevedo Vilá–,  la administración del presidente Obama le ha anunciado al Tribunal Supremo que “Estados Unidos percibe a Puerto Rico en esencia simplemente como una colonia, reteniendo Estados Unidos el derecho, por ejemplo, de nombrar al gobernador de la Isla, la Corte Suprema y su Legislatura”.
“Para una administración (estadounidense) que uno asumiría está tan decidida como cualquier otra a luchar contra el colonialismo, esa posición aturde”, escribió la semana pasada Pildes en un blog en la publicación digital Balkanization.
Abogados de la Isla, el comisionado residente Pedro Pierluisi, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y seguidores en Washington del debate sobre el status político de la Isla comparecerán a la sesión. 
TRES PONENTES. La audiencia oral de mañana, prevista para el mediodía (hora de Puerto Rico), permitirá a tres abogados argumentar ante los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
En rondas de 20 minutos, el abogado Landau, en representación del Gobierno de Puerto Rico, el procurador Verrilli y el abogado de los acusados en el caso, Adam Unikowsky, tendrán la oportunidad de dirigirse a los jueces, pero sobre todo serán sometidos a continuos interrogatorios.
Luis Sánchez del Valle es el principal acusado en el caso. Se le imputaba en la jurisdicción puertorriqueña vender sin licencia un arma de fuego y municiones, además de portar ilegalmente un arma de fuego. Por hechos relacionados, el caso está consolidado con el de Jaime Gómez Vázquez.
El secretario Miranda considera que el Departamento de Justicia de Puerto Rico no tendrá complicaciones para convencer a los jueces de que la controversia está madura, aunque el Tribunal Supremo estadounidense haya advertido a los tres abogados que lleguen preparados para responder preguntas en torno a la alegaciones de la Asociación de Abogados de las Islas Vírgenes de que por haber cargos pendientes en contra de los imputados el máximo foro judicial estadounidense aún no tiene jurisdicción.
“El Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió de forma concluyente que la cláusula de doble exposición de la Constitución federal le impide a Puerto Rico procesar a los recurridos por violaciones al artículo 5.01 de la Ley de Armas.  Y esa determinación de derecho federal es final ya que no quedan procedimientos pendientes en los tribunales del País sobre ese asunto”, indicó el secretario Miranda.
La Asociación de Abogados de la Islas Vírgenes planteó, además, que ante la falta de poder político de los territorios, sería un beneficio para sus residentes lograr que las autoridades federales y locales no puedan acusar por el mismo delito a una persona.
“Lo ven –y es un asunto que se ha planteado antes–, como un derecho de los acusados. La existencia misma de la doble exposición a nivel de los estados ha sido cuestionada”, dijo el constitucionalista Carlos Ramos González, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.
En ocasiones, las preguntas que se hacen en la vista oral ayudan a entender hacia donde se dirigen los jueces que interrogan a las partes.
 “Si vemos preguntas que inciden sobre nuestro status, esto nos puede indicar que en la opinión mayoritaria o en alguna opinión disidente, puede haber una discusión a fondo del tema”, dijo el comisionado  Pierluisi, quien fue secretario de Justicia durante el gobierno de Pedro Rosselló.
Para Pierluisi, el procuradorVerrilli “fue elocuente y directo” en su presentación por escrito ante el tribunal. 
El decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet, piensa que “aunque no atiendan directamente el tema del status, implícitamente lo harán”.
“Me gustaría que entraran en el asunto aunque –tras el alegato de los abogados de la Asociación de Abogados de las Islas Vírgenes–, tal parece que se quieren zafar basándose en tecnicismos”, dijo, por su parte, el abogado radicado en Washington D.C. Manuel Rivera, cabildero de grupos soberanistas e independentistas.
UN CASO SINGULAR.  El constitucionalista  Ramos González considera que  “desde la Constitución del ELA este es el caso en el que más cercano ha estado el Tribunal Supremo de Estados Unidos de tener que pasar juicio o fundamentar su opinión sobre  la doctrina de los Casos Insulares”, que validaron la existencia de territorios que no estaban encaminados hacia la estadidad y que fijaron la posición histórica de que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de  Estados Unidos.
 Son casos que además deberían ser revocados  debido a su contenido racista, como argumenta el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en una de las presentaciones sometidas por escrito al foro judicial. 
Ramos González, profesor de Derecho en la Universidad Interamericana, es uno de los expertos que piensan que el Tribunal Supremo estadounidense buscará la forma de limitarse a ver el debate desde la perspectiva de la cláusula de doble exposición, para evitar una afirmación sobre la soberanía general de Puerto Rico. Pero, es consciente de que la contundencia de las afirmaciones del procurador general complica esa tarea.
 “Siempre pensé que mientras más se acercara el Tribunal Supremo de EE.UU. al tema más se iban a alejar, pues si se meten (de lleno) tienen que resolver el status de Puerto Rico”, indicó el profesor Ramos González.
Anualmente, el Tribunal Supremo de EE.UU. recibe unas 10,000 peticiones de certiorari. Solo acoge entre 75 y 80. En dos meses, aceptó, sin embargo, revisar dos casos de la Isla. 
Después de acoger el 1 de octubre de 2015 el caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle, el 4 de diciembre aceptó examinar la controversia sobre la constitucionalidad de la ley puertorriqueña de quiebras.
Con respecto al tema del status político, el Tribunal Supremo de EE.UU. suele preferir dejar las grandes afirmaciones en manos de las ramas políticas.  Pero, esta vez es el mismo Ejecutivo federal el que  promueve “una controversia específica”, advirtió el presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y profesor jubilado de Derecho, Fernando Martín.
El secretario Miranda está convencido de que hizo lo  correcto al  tratar de incentivar la clarificación de la naturaleza de la relación política y jurídica de la Isla con EE.UU. “Creo que le conviene a Puerto Rico –sostuvo Miranda– , y hemos ido de frente".