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Países como Australia, Taiwán y Dinamarca han prohibido su uso. La opción para el consumidor es usar bolsas de tela o material reusable. (The Associated Press)
Se necesitará un cambio de cultura y una mayor conciencia ambiental, pero la ciudadanía deberá cumplir a partir de finales de este año con un estatuto que regula el uso de bolsas plásticas.
La ley fue firmada por el gobernador  Alejandro García Padilla  el pasado 29 de diciembre y otorga hasta julio del 2017 para la imposición de multas.
“En aras de proteger el medio ambiente y de prevenir que lleguen a nuestros recursos naturales estos desperdicios sólidos, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohíbe la utilización de bolsas plásticas desechables para el acarreo de mercancías adquiridas en los establecimientos comerciales que ubiquen en sus límites jurisdiccionales”, indica la ley. 
  El estatuto permite el uso de bolsas de papel, pero establece el cobro de un cargo fijo en los establecimientos comerciales donde los consumidores las soliciten. Los comercios también deben tener bolsas reusables disponibles para la venta para motivar a la ciudadanía a que las reutilicen en el acarreo de sus compras.
“Creo que muchos ya tienen esa consciencia (ambiental). Es realmente un cambio de comportamiento parcial. Una bolsa reusable es más duradera y va a fomentar el reúso y la reducción de desperdicios sólidos”, dijo el licenciado  Nelson Santiago Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS).
  Según explicó, antes de la implantación de la ley durante este año el Gobierno desarrollará un programa educativo y de orientación.  Este debe comenzar a finales de este mes y estará a cargo de varias agencias gubernamentales, incluyendo el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y ADS.
 “Será un programa intenso y multifactorial, donde el apoyo del DACO será vital para la orientación a la ciudadanía”, indicó Santiago Marrero.
El funcionario detalló que se formarán grupos de trabajo en las agencias para coordinar la fase educativa y orientativa, tomando en consideración que por ser año electoral toda propaganda o promoción deberá pasar por el crisol de la Junta Examinadora de Anuncios.
Santiago Marrero advirtió que el DACO estará a cargo de la imposición de multas ($100 por primera infracción, $150 por segunda violación y $200 por infracciones posteriores). Los recaudos de las multas irán al Fondo Especial para la Reducción, Reutilización y Reciclaje de Residuos Sólidos, adscrito a la ADS. Sin embargo, el funcionario explicó que la ley provee para que los municipios también puedan imponer multas y quedarse con los recaudos recolectados.
“La ley tiene su declaración de política pública que destaca la necesidad de bajar los desperdicios sólidos y que se fomente la reducción y el reúso. Se protege el medio ambiente”, dijo.
 Se estima que la vida útil de una bolsa plástica es de cientos de años.