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Una orden de mordaza fue impuesta por el juez federal José A. Fusté en el caso de la demanda que sometió en diciembre pasado la corporación Walmart Puerto Rico, Inc. en contra del secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, por el impuesto que se cobra sobre las transacciones que realiza la compañía matriz de esa empresa con su sucursal en la Isla.
La misma es para "proteger los derechos de las partes en la disposición justa de este caso", según lee la orden del juez sometida en el expediente electrónico del caso.
Advierte que de violar la misma, podría conllevar sanciones económicas y/o desacato.
También impuso una orden de protección sobre el material que se emita durante el descubrimiento de prueba, para que no se emita información clasificada y confidencial, y que las partes devuelvan los documentos una vez terminado el pleito.
El recurso de Walmart Puerto Rico contra Hacienda fue radicado en el Tribunal Federal el pasado 4 de diciembre y cuestiona la constitucionalidad de la Ley 72 de 2015, que aumentó la tributación que paga la compañía sobre compras que realiza a su matriz en Estados Unidos. El mismo pretende que la corte ordene la paralización de dicho estatuto.
El demandante alega que la Ley 72 viola la cláusula de comercio interestatal, la de igual protección y la ley de relaciones federales. La tasa contributiva es estimada por la empresa en 91.5%. La empresa alega que esa tasa según su estimación sería la más alta en cualquier sitio donde operan y que de mantenerse, sería "devastador" para ellos.
Aún está pendiente la petición de Hacienda, que solicitó a la corte rechazar el recurso de la mega tienda al entender que la Ley Butler establece que los tribunales federales de distrito no tienen jurisdicción para intervenir en pleitos donde se retan o cuestionan impuestos estatales, si existen remedios suficientes y razonables para los demandantes en la jurisdicción estatal.
Walmart Puerto Rico Inc. opera 55 tiendas en la Isla, incluyendo los Walmart Supercenters, Walmart, los Sam’s Club, Super Ahorros y Supermercados Amigo. La empresa dice que emplea a casi 15,000 personas y que, alegadamente, recauda casi $100 millones por concepto del Impuesto de Ventas y Usos (IVU) anualmente.