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Tras su aprobación en el Alto Cuerpo, la primera vista pública sobre el Proyecto del Senado 1456 en la Cámara se efectuó en noviembre pasado. (Xavier J. Araújo Berríos)
La Cámara de Representantes reanudó este martes la discusión sobre el proyecto de alianzas educativas que impulsa el presidente senatorial, Eduardo Bhatia, con un debate que, al igual que en el Senado durante la pasada sesión, giró principalmente en torno a la posible privatización de servicios en el Departamento de Educación (DE) y la necesidad de incorporar a las comunidades escolares en la toma de decisiones sobre el futuro de los planteles.
La vista pública de este martes de la Comisión cameral de Educación, para el Fomento de las Artes y la Cultura fue apenas la segunda de un extenso proceso que, hasta el momento, se extenderá en la Cámara hasta el 2 de marzo, y durante el cual se efectuarán audiencias públicas los martes, miércoles y viernes.
La representante Brenda López de Arrarás, presidenta de la comisión legislativa, insistió en que, antes de hablar sobre posibles enmiendas a la pieza legislativa, procurará garantizar que cada sector impactado por las disposiciones de la medida tenga la oportunidad de expresar sus planteamientos. 
La legisladora del Partido Popular Democrático (PPD) ni siquiera quiso opinar si, a su juicio, tienen validez las inquietudes expresadas por representantes del magisterio respecto a que el proyecto podría implicar la privatización del sistema público de enseñanza. Ese argumento fue traído este martes ante la comisión cameral por voz de la Unión de Empleados de Comedores Escolares.
“Todos los planteamientos que vengan a esta comisión tienen sus fundamentos, y hay que escuchar sus fundamentos. Una vez se establezca el fundamento, hay que determinar si el planteamiento es válido o no, pero yo estoy comenzando el proceso de vistas públicas. Lo que he escuchado (sobre el proyecto) es lo que he escuchado en los medios, no he tenido la oportunidad de tener el diálogo, y hoy comienza más abiertamente el diálogo”, indicó López de Arrarás en un aparte con la prensa. 
Tras su aprobación en el Alto Cuerpo, la primera vista pública sobre el Proyecto del Senado 1456 en la Cámara se efectuó en noviembre pasado. Entonces, mientras transcurrían los trabajos en el salón, a las afueras, representantes del magisterio protagonizaron una agitada protesta en repudio al proyecto de la autoría de Bhatia. 
El liderato sindical de los empleados de los comedores escolares llevó este martes ante la comisión cameral señalamientos similares a los del magisterio, al indicar que algunas de las disposiciones de la legislación eliminan las garantías de empleo, sueldo y beneficios a esos trabajadores, y atentan contra los servicios que prestan en cada uno de los planteles. 
Nelly Ayala, presidenta de la unión, objetó que el artículo sobre las Alianzas de Innovación Educativas, que estarían a cargo de las llamadas Escuelas Líder, establezca que esas instituciones que serían administradas por entidades sin fines de lucro podrán negociar y ejecutar contratos para la prestación de cualquier servicio que requiera la escuela para cumplir con los términos de la alianza pactada.
“Por años, nuestra organización ha luchado por aumentar la clientela fomentando la participación, batallando contra las tiendas que compiten con los comedores, y este proyecto estaría debilitando aún más el programa de comedores y echando por la borda todo el esfuerzo y trabajo que hemos realizado”, sostuvo Ayala.
“No podemos entender por qué privatizar permitiendo que puedan contratar todos los servicios que se ofrecen en las escuelas, incluyendo el que ofrece comedores, cuando la justificación de la creación de estas alianzas es el bajo aprovechamiento de los estudiantes. ¿Qué tiene que ver el programa de comedores? ¿Qué papel juega?”, cuestionó la dirigente sindical.
Reclaman participación de la comunidad escolar
A la vista pública de la Cámara, también compareció el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Uroyoán Walker, quien favoreció a grandes rasgos los cambios que promueve el proyecto de alianzas educativas, aunque insistió en la necesidad de que se integren las comunidades escolares en el proceso de toma de decisiones. 
Walker subrayó que cualquier transformación del sistema educativo público debe ponderar con quiénes se establecen las alianzas de colaboración, y debe fomentar la autonomía académica y apoderar la base comunitaria, según dispone hoy la Ley Orgánica del Departamento de Educación (Ley 149-1999).
“Idealmente, los cambios necesarios en la educación pública que lleven a una excelencia en la formación de la niñez, la juventud y la ciudadanía deben surgir desde las escuelas y sus comunidades, y la participación de entidades de probada responsabilidad social, como los son las universidades y otras entidades sin fines de lucro”, dijo ante los miembros de la comisión legislativa el presidente de la UPR. 
“Estas alianzas apoyarán el logro de la misión académica de las escuelas, que comprende desde la formación de los estudiantes, la formación y mejoramiento profesional de los educadores y el apoyo del desarrollo económico, social y cultural del país”, abundó Walker. 
En similares términos, se expresó Mabel Román, coordinadora general interina de la Oficina de Comunidades Especiales, quien alertó a los legisladores sobre la importancia de que las políticas y programas que se establezcan en cada escuela tomen en cuenta criterios sobre la realidad socioeconómica y geográfica de cada plantel, de manera que se cree un “sentido propietario” de las comunidades hacia las instituciones que en ellas están situadas. 
“Al integrar de esta forma a los miembros de la comunidad, junto a la población escolar, crearía el sentido propietario en la comunidad necesario para que estos asuman las escuelas como recursos propios, protegiendo las mismas y cuidándolas como patrimonio, garantizando así la integridad de las mismas en su rol comunitario y fomentando la relación simbiótica queha de existir entre la comunidad y la escuela”, puntualizó Román.