Tribunal Supremo de Estados Unidos (semisquare-x3)
La controversia se centra en si Puerto Rico tiene soberanía propia para efectos de la cláusula constitucional de doble exposición, que prohíbe que un mismo gobierno soberano acuse dos veces por los mismos hechos a una persona. (GFR Media)
WASHINGTON - Pese a las dudas expresadas por algunos jueces del Tribunal Supremo de EE.UU., el gobierno del presidente Barack Obama encontró hoy eco en otros al argumentar que la última fuente de poder sobre Puerto Rico radica en el Congreso estadounidense.
Ante la advertencia del juez Stephen Breyer sobre las consecuencias internacionales y políticas en EE.UU. de indicar que la soberanía de la isla sigue plenamente en manos del Congreso, la procuradora general adjunta, Nicole Saharsky, dijo que están conscientes de las implicaciones y exhortó al tribunal a afirmarlo sin ambages.
"La última fuente de poder de los territorios – como Puerto Rico-, se deriva del Congreso", indicó Saharsky, al argumentar el caso Puerto Rico versus Sánchez Valle, en una sesión oral del máximo judicial estadounidense.
 
La controversia se centra en si Puerto Rico tiene soberanía propia para efectos de la cláusula constitucional de doble exposición, que prohíbe que un mismo gobierno soberano acuse dos veces por los mismos hechos a una persona. Pero, los mismos gobiernos de Puerto Rico y EE.UU. han considerado que es un debate que va al corazón de la relación política y jurídica de la isla con Washington. 
Ante la presencia de políticos y abogados puertorriqueños, los nueve jueces del Tribunal Supremo de EE.UU. escucharon e interpelaron al abogado del gobierno de Puerto Rico, Christopher Landau, a la procuradora adjunta Saharsky y al abogado de los acusados en el caso Sánchez Valle, Adam Unikowsky.
Breyer, del grupo liberal del tribunal y con experiencia sobre la Isla como exjuez del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, argumentó a favor de que el Congreso haya podido crear un nuevo status constitucional de Estado Libre Asociado, entre medio del estado y el mero territorio.
La jueza boricua Sonia Sotomayor también buscó explorar por qué no reconocer, como se hace con tratados con países extranjeros, un acuerdo con efectos similares "con sus territorios". Pero, también consideró "histriónico" la afirmación del gobierno de Puerto Rico de que la fuente de poder está en "nosotros el pueblo".
"¿Dónde dice en la Constitución (de EE.UU.) que el Congreso no tiene la autoridad de asociarse con otra entidad en la forma de un ELA?", cuestionó Breyer, al indicar que en 1953 "fuimos ante las Naciones Unidas" a afirmar que Puerto Rico dejó de ser una colonia.
¿Cómo le dijimos a las Naciones Unidas que (Puerto Rico) ya no era una colonia? ¿Por qué no estamos reportando (a la ONU) sobre esta colonia cada año?", cuestionó Breyer, quien tuvo como oficiales jurídicos al exgobernador Acevedo Vilá y al exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico Antonio García Padilla, hermano del actual gobernador de la Isla.
Pero, por lo menos tres jueces, el juez presidente John Roberts, Antonin Scalia y Elena Kagan parecieron inclinarse a la teoría de que la creación del ELA no alteró el poder del Congreso sobre la isla.
"¿Quiénes somos nosotros?", cuestionó, medio en broma medio en serio, el juez conservador Antonin Scalia, distanciándose de los argumentos de Breyer, sobre los compromisos a nivel internacional.
Como la liberal Kagan y el conservador moderado Roberts, Scalia pareció simpatizar con la idea de que pese a la ley de relaciones federales de 1950 y la adopción de la Constitución del ELA en 1952, la última fuente de poder en Puerto Rico está aún en manos del Congreso.
El hecho de que el Congreso no haya querido intervenir con el sistema de justicia criminal, "no quiere decir que no lo puede hacer", sostuvo Scalia.
"¿Cuál es la última fuente de autoridad sobre el pueblo de Puerto Rico? La última autoridad del pueblo puertorriqueño fue un acto del Congreso. Si mira hacia atrás, la última fuente de autoridad fue el Congreso", indicó Kagan al abogado del gobierno de Puerto Rico.
Para Kagan, aún bajo la teoría del abogado del gobierno de Puerto Rico de que el Congreso "invitó" a los puertorriqueños a asumir el control de sus asuntos, esa misma afirmación aún coloca al legislativo federal "en el asiento conductor".
"Me parece que la autoridad…para autorizar a Puerto Rico a adoptar su Constitución provino del Congreso", afirmó Roberts, quien intervino poco en la audiencia.
A diferencia de Puerto Rico, advirtió la juez Ruth Bader Ginsburg, la decana de los liberales del Tribunal Supremo, las tribus indias - a las que como a los estados se les reconoce soberanía propia para efectos de la cláusula constitucional de  doble exposición-, tenían soberanía antes de la creación de EE.UU.
El juez Anthony Kennedy tuvo una limitada intervención, pero afirmó que reconocer que la última fuente de poder en la Isla reside exclusivamente en el Congreso puede suponer revocar hasta cuatro precedentes del foro judicial.
A su vez, acentuó que "soberanía" es una palabra "resbaladiza" que los arquitectos de la Constitución estadounidense obviaron.
Al igual que la procuradora adjunta, el abogado Unikowsky afirmó que aunque  Puerto Rico "tienen un grado significativo de autonomía", el poder final está aún en manos del Congreso.
A nombre del gobierno de Puerto Rico, el abogado Landau, del bufete Kirkland & Ellis, sostuvo que no reclaman una "soberanía con S mayúscula", sino un poder delegado a la Isla a través del voto de los puertorriqueños en 1952, por el cual el Congreso entregó la fuente de poder última sobre sus asuntos locales al pueblo de Puerto Rico.
"¿Reclama usted que existe una soberanía de segunda clase y otra de primera clase?", cuestionó también Kennedy, el juez que muchas veces decide los casos más espinosos del máximo foro judicial estadounidense.
Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas no hicieron preguntas. En el caso de Thomas es su norma.
 "Me siento alegre de que Puerto Rico haya tenido esta oportunidad. Es el tipo de caso que Puerto Rico debe aspirar a que se vea en el Tribunal Supremo, pues va directo a la relación político y jurídica con EE.UU.", sostuvo el secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, quien prevé una decisión en cualquier momento a partir de abril.
El abogado Landau, sin embargo, expresó en la sesión oral que "nadie estaba invitando al tribunal a hacer una declaración política abarcadora".
Para el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, la posición de la procuraduría general fue impactante al afirmar que el Congreso tiene el poder para anular la Constitución de Puerto Rico. "Sin evasivas dijo que sí", sostuvo Pierluisi, al destacar además la respuesta en la negativa que le dio la procuradora adjunta a la jueza Kagan cuando preguntó si el Congreso pudo con la Constitución del ELA haberle delegado la fuente de poder a la Isla.
"La posición de la actual administración (de la Isla), que es la misma que ha utilizado el Partido Popular para mantener a los puertorriqueños sujetos a un estatus colonial y territorial mediante engaño, fue tajantemente rebatida por el Gobierno federal.  El “supuesto pacto” en el que se cobija el PPD no existe, el Estado Libre Asociado no es otra cosa que una colonia”, indicó el precandidato a gobernador por el PNP, Ricardo Rosselló. 
"Sería muy saludable para todos, que el Tribunal Supremo de EE.UU. fuera claro en torno a si la existencia del ELA – como un status distinto a los territorios -, es posible", dijo el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, confiado en que este caso "resuelva esa pregunta".