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Aireko incumplió cinco pasos esenciales al mover el asbesto en el noveno piso de la torre norte del Centro Gubernamental Minillas, en Santurce, como no mojar el material antes de removerlo y no tener un supervisor entrenado en el lugar durante la remoción (Archivo GFR Media)
La compañía Aireko Construction hizo alegación de culpabilidad este lunes por uno de los casos de más alta exposición a contaminación por asbesto que se ha ventilado judicialmente en la Isla.
La empresa reconoció que violó la Ley Ambiental de Aire Limpio de los Estados Unidos al remover inadecuadamente material con asbesto del Centro Gubernamental Minillas en 2012.
El presidente de la empresa, Paulino López, hizo la alegación de culpabilidad a nombre de Aireko ante el juez federal José A. Fusté, quien pautó la lectura de sentencia para el 13 de abril próximo.
Fusté resumió las condiciones que estipularon las partes en el acuerdo al que llegaron, que incluye una multa de $2,000. También deberán pagar un estudio médico a potenciales víctimas y que se estima costará $172,020.12. El estudio será realizado por el Recinto de Ciencias Médicas (RCM).
En un aparte se indicó a periodistas que se identificaron unas 400 personas potencialmente perjudicadas por exposición a asbesto, un mineral de composición semejante a los del amianto, pero de fibras duras y rígidas, parecidas al cristal hilado, cuya exposición puede tener efectos nocivos para la salud.
Aireko deberá además preparar literatura y un seminario sobre la disposición correcta de asbesto y desarrollar un plan de cumplimiento para la empresa para que no vuelva a ocurrir esta situación, según el acuerdo entre las partes.
La multa a la que se exponía la compañía era hasta de $3 millones. La remoción inadecuada del nocivo material fue realizada por obreros subcontratados por Aireko, empresa incorporada en Puerto Rico en la década del sesenta.
En julio pasado, un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio contra la compañía con cinco cargos por no cumplir con la Ley Ambiental de Aire Limpio o National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants. 
Según la acusación, Aireko incumplió cinco pasos esenciales al mover el asbesto en el noveno piso de la torre norte del Centro Gubernamental Minillas, en Santurce, como no mojar el material antes de removerlo y no tener un supervisor entrenado en el lugar durante la remoción. 
De la misma forma, el personal no colocó el material con asbesto en bolsas plásticas selladas, ni le puso las etiquetas requeridas al material descartado. Tampoco dispuso adecuadamente del material en un vertedero autorizado.
Un sexto cargo fue presentado contra el vicepresidente de operaciones y dueño de Aireko, Edgardo Albino, por no notificar inmediatamente a las agencias gubernamentales apropiadas sobre la cantidad de asbesto removida. Albino, que hizo alegación de culpabilidad el 19 de agosto pasado, se expone a una pena máxima de tres años que podría cumplir en probatoria.
El gerente del proyecto, Kenneth M. Báez Alers, fue acusado también en 2013 por no notificar a las autoridades, ni remover adecuadamente el material. Se declaró culpable el 6 de diciembre de ese año, al llegar a un acuerdo con una sentencia sugerida de dos años, que podría cumplir en probatoria.
La acusación contra Aireko establece que entre el sábado 12 y el domingo 13 de mayo de 2012, subcontratistas de dicha compañía removieron materiales del techo del noveno piso que contenían poco menos de un por ciento de asbesto y colocaron el material en un contenedor de basura de la parte trasera del edificio. El lunes, 14 de mayo, oficiales informaron sobre lo ocurrido.
La remoción ilegal y sacar el material por el edificio hacia el contenedor provocó que se contaminara el edificio completo, por lo que la Autoridad de Edificios Públicos procedió a cerrarlo el 20 de mayo de 2012 para proceder con la limpieza correspondiente, que tomó casi un año en completarse. Sin embargo, del 14 al 20 de mayo, el edificio continuó operando, señala el pliego.
El caso fue investigado por la División Criminal de la Agencia Federal Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Los fiscales del caso fueron Howard P. Stewart, de la División de Crímenes Ambientales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y Carmen Márquez. Actuaron como abogados de la parte demandada Joseph Boucher y Patricio Martínez.