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miércoles, 13 de abril de 2016

CANCELADO




Les dejo saber que esta página quedará cancelada… Uno de los miembros de la antigua OCPI (Organización de Comunicadores y Periodistas Independiente de Puerto Rico) me ha informado de que se ha reorganizado para crear una nueva página, con un número de participantes que estarán manejando la misma, para más información pueden comunicarse con la Dra. Carmen Julia Rodríguez al siguiente #: 787-648-2683.

Persisten las dudas con el proyecto de junta fiscal

La medida no ha logrado respaldo de las autoridades boricuas en la Isla y Estados Unidos 

miércoles, 13 de abril de 2016 - 12:29 AM
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El gobernador se entrevistó con la líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi (California), quien había hecho claro que “los poderes excesivos que tendría la junta de supervisión propuesta en el borrador” anterior “no están ni cerca a algo que los demócr (Juan Luis Martínez Pérez)
WASHINGTON.-  El proyecto de ley del liderato republicano que impone una junta de control fiscal sobre Puerto Rico dejó anoche muchas de las mismas interrogantes que han marcado el debate en el Congreso en torno a cómo atender la crisis fiscal y de deuda pública de la Isla.
Aunque se han eliminado algunos apartados que iban dirigidos a complicar más el proceso de control fiscal sobre la Isla, nadie salió a respaldar la medida, con excepción del propio liderato republicano de la Cámara de Representantes estadounidense que lo presentó.
Aunque no le dio su apoyo en este momento, el comisionado Pierluisi  se expresó complacido con ciertos cambios.
“La sección de la junta de supervisión del borrador del proyecto de ley ha sido mejorada dramáticamente en términos sustantivos y de claridad”,  indicó Pierluisi, en una declaración escrita. 
Pese al cabildeo reciente,  el proyecto de ley no toca ni con una vara larga los reclamos a favor de paridad en los programas federales de salud o medidas de desarrollo económico, como las peticiones para que se le dé acceso a la Isla al crédito contributivo por ingresos devengados (Eitc) o la eliminación de las normas federales de cabotaje.
“No puede haber reestructuración sin desarrollo económico”, indicó la senadora del Partido Popular Democrático (PPD) Rossana López, quien participa de las reuniones de funcionarios electos, miembros del gobierno de Alejandro García Padilla y de la empresa privada, en busca de suavizar los poderes de una junta fiscal que el proyecto describe como una autoridad de “supervisión”.
En la víspera de la audiencia y el inicio de la sesión de votación, el gobernador García Padilla, alcaldes, legisladores, jefes de oficinas del gobierno, la precandidata a gobernadora Alexandra Lúgaro y representantes de la empresa privada continuaron ayer sus reuniones en el Congreso.
El gobernador, por ejemplo, se entrevistó con la líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi (California), quien había hecho claro que “los poderes excesivos que tendría la junta de supervisión propuesta en el borrador” anterior “no están ni cerca a algo que los demócratas podrían apoyar”.
Los legisladores, alcaldes y funcionarios del gobierno que acompañan al gobernador han concentrado sus reuniones en los miembros del Comité de Recursos Naturales, incluidos los republicanos Bruce Westerman (Arkansas), Garret Graves (Luisiana) y Darin LaHood (Illinois).
La senadora León sostuvo que se entrevistó con Niki Tsongas (Massachusetts)  y funcionarios del republicano Ryan Zinke (Montana). 
“Confiamos en que la acción colecta rendirá frutos para el país. Puerto Rico tiene que continuar marchando hacia adelante y mirando con confianza hacia el futuro”, indicó el gobernador García Padilla.
El congresista demócrata José Serrano (Nueva York) sostuvo, por su parte,   que es muy problemático que la junta “todavía puede    ejercitar vetos” sobre leyes adoptadas por el Gobierno de Puerto Rico.
“Esa sección socava la democracia local en Puerto Rico y aumenta los aspectos coloniales de la relación actual”, sostuvo Serrano.
“La sección 204 de la legislación sigue siendo una preocupación, pues permite a la junta bloquear leyes, normas y contratos aprobados por el gobierno democráticamente electo de Puerto Rico”, indicó, por su parte, la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York). 
Para la congresista  Velázquez, los republicanos también debilitan las posibilidades de aprobación de la legislación, al insistir en permitir que el Gobierno de Puerto Rico reduzca el salario mínimo de los trabajadores de 25 años o menos de $7.25 la hora a $4.25 la hora.
Esa es una propuesta  que puede complicar muchísimo el respaldo demócrata a la legislación.
La junta
 La legislación presentada ayer aumenta de cinco a siete los miembros con derecho al voto en la junta. El octavo miembro es el gobernador o su representante, pero sin derecho al voto.
Los siete miembros de la junta federal serán designados por el presidente estadounidense.
Dos de los miembros de la junta serán seleccionados  por el presidente de la Cámara federal (incluyendo al menos un residente de Puerto Rico). Otros dos saldrán de una lista sugerida por el líder de la mayoría del Senado federal.   Es decir, por lo menos cuatro serán propuestos por republicanos, si la legislación se aprueba este año.
Los otros tres miembros serían sugeridos por demócratas, ya que uno saldría de la lista de la líder de la minoría cameral, otro de los que proponga el líder de la minoría del Senado y el séptimo lo designaría directamente el presidente de EE.UU., sin consultar a nadie.
“El primer borrador del proyecto proveía para una junta supervisora de cinco miembros, pero la manera en que esos miembros eran designados padecía de partidismo político”, indicó el comisionado Pierluisi.
Reestructuración
 La congresista Velázquez sostuvo que la misma composición de la junta es un indicio de que un proceso de reestructuración de deuda nunca ocurriría, pues se requiere que por lo menos cinco de los siete miembros con derecho al voto en la nueva autoridad federal estén de acuerdo.
“Debido a que cuatro de los miembros de la junta serán (en la práctica) nombrados por republicanos, hay razón para pensar que la reestructuración de la deuda nunca va a ocurrir”, indicó Velázquez.
“Es una vara muy alta”, coincidió el congresista Serrano.
A ello se suma, dijo, el hecho de que se requiere que dos tercios de los acreedores aprueben un plan de reestructuración de la deuda para que pueda implantarse. 
“Esa cláusula –insistió la congresista  Velázquez– requiere que dos tercios de los acreedores voluntariamente estén de acuerdo con la reestructuración de la deuda, un obstáculo que realmente no es alcanzable”.

Preocupante los comercios que desafían al DACO

cumulan múltiples querellas, pero descartan acuerdos para ayudar al consumidor y procuran litigar en los tribunales 

miércoles, 13 de abril de 2016 - 12:00 AM
Por ELNUEVODIA.COM
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Según las estadísticas, nueve de las principales cadenas de supermercados que operan en la Isla obtuvieron la puntuación más baja otorgada por el DACO al fiscalizar en 2014 la venta de productos expirados mantenidos en las góndolas. (Wanda Liz Vega Dávila)
Comercios que acumulan múltiples querellas de clientes, pero a corto plazo no toman acción afirmativa ante señalamientos hechos por Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) son los negocios cuyas operaciones preocupan más a esa agencia fiscalizadora, reconoció Marcelino Alfaro, portavoz de la dependencia estatal.
El ayudante especial del secretario del DACO, Nery Adames, hizo el señalamiento a legisladores que forman parte de la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos del Senado durante una audiencia en la que se auscultó la fiscalización de establecimientos comerciales en la Isla.
“Hay comercios que tienen un alto número de querellas que suelen, consistentemente, llegar a acuerdos con el DACO en beneficio del consumidor, en oposición a otros comercios que, además de tener muchas querellas pendientes, prefieren agotar todo el proceso administrativo, luego el judicial y ni así promueven llegar a un acuerdo en favor de los consumidores”, sostuvo Alfaro. 
En la audiencia, Alfaro también presentó estadísticas que resumen los resultados de operativos realizados por inspectores del DACO desde mediados del cuatrienio en importantes comercios de ventas de alimentos. 
Según las estadísticas, nueve de las principales cadenas de supermercados que operan en la Isla obtuvieron la puntuación más baja otorgada por el DACO al fiscalizar en 2014 la venta de productos expirados mantenidos en las góndolas durante uno de varios operativos en los que los inspectores de la agencia examinan si los comercios cumplen con parámetros claves para los clientes.
El DACO creó una escala de cuatro niveles en la que 1 corresponde a deficiente, 2 equivale a promedio, 3 se considera bueno y 4 excelente, explicó  Alfaro. 
Los documentos entregados a los senadores y a la prensa resumen operativos denominados Tómate en serio la compra con el DACO en los que grupos de inspectores visitaron supermercados en las regiones de San Juan, Ponce y  Mayagüez.
Durante los citados operativos los inspectores evaluaron siete parámetros principales como disponibilidad del producto anunciado en ventas especiales, rotulación adecuada en góndolas, correspondencia entre precio en el estante y el registrado en la caja, empaques, disponibilidad del Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos y productos expirados. 
En cuanto a productos expirados, en el operativo realizado por DACO del 20 al 21 de marzo y el 16 de abril de 2014, cuando se visitaron 23 supermercados localizados en la región de San Juan, los inspectores registraron clasificación deficiente debido al parámetro de mercancía en caducidad en siete comercios.
Según el reporte entregado a la comisión legislativa, Supermax de Isla Verde, Ralphs de Río Grande y Selectos de Vista Mar, en Carolina, recibieron puntuación 1, equivalente a deficiente, al detectarse más de 200 productos con fechas expiradas en cada uno de esos comercios. Durante la inspección del personal de DACO identificaron en góndolas 291 productos en caducidad en Supermax, 276 en Ralphs y 273 en Selectos.  Además, ubicaron 270 productos expirados en Pueblo de Plaza Las Américas; 263 en Amigo de Rexville, Bayamón; 213 en Plaza Loíza de Norte Shopping Center y 163 en Amigo de Central Plaza. 
Un total de 10 de los 23 supermercados inspeccionados al azar en el citado operativo obtuvieron puntuación 4 o excelente en el parámetro de productos expirados. En esos casos los inspectores ubicaron menos de 50 artículos en caducidad mantenidos todavía en las góndolas. 
En el operativo realizado en la región de Ponce, del 24 al 25 de junio de 2014, se concedió puntuación 1, igual a deficiente a Walmart de Laurel, donde hallaron 173 productos expirados en góndolas. La misma calificación se otorgó a Selectos de Plaza Prado, en Santa Isabel, donde el DACO reportó 360 productos en caducidad. En el cash and carry El Comercio, los inspectores detectaron 267 productos expirados en góndola, en el establecimiento de Las Delicias y 221 productos en igual condición, en el local de la misma empresa en la calle Comercio.
En la región de Mayagüez, el DACO otorgó puntuación 1 o deficiente al detectar 360 productos expirados en góndolas del supermercado Econo de Plaza del Oeste, en San Germán, tras un operativo realizado del 14 al 15 de mayo de 2014. Además, otorgó la misma calificación al supermercado Selectos en Moca, donde los inspectores ubicaron 168 productos expirados 

Recogen casi 42,000 gomas en San Juan en campaña de prevención del zika

También se han recogido 95 millones de libras de escombros desde que se declaró la epidemia 

martes, 12 de abril de 2016 - 9:01 PM
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En San Juan se recogieron 41,867 gomas como parte de los esfuerzos para evitar la propagación del virus del Zika. (Archivo / GFR Media)
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, repasó esta tarde los esfuerzos de su municipio para combatir la propagación del virus del Zika, que incluyen el recogido de 41,867 gomas en 68 gomeras de la capital desde el 2 de marzo.
El recogido de gomas es crucial en la campaña contra el zika en la medida en que se eliminan potenciales criaderos del mosquito Aedes Aegypti, que transmite esta enfermedad al igual que el chikungunya y el dengue.
Las gomas son enviadas al vertedero de Toa Baja. En dos depósitos, el ayuntamiento ya ha gastado $100,000, informó la ejecutiva municipal.
El personal de recogido de basura en San Juan también ha cargado con 95 millones de libras de escombros desde que se declaró la epidemia. El recogido de escombros se ha redoblado particularmente en las ocho comunidades enclavadas alrededor del Caño Martín Peña, indicó la alcaldesa.
El Departamento de Salud ha reportado 436 casos de zika en la Isla. De este total, 60 son embarazadas, un grupo de alto riesgo ante la posibilidad de que sus crías puedan nacer con microcefalia. Tan recientemente como ayer, un grupo de médicos en Río de Janeiro, Brasil, afirmó haber comprobado la relación entre el virus del zika y la microcefalia.
En Puerto Rico no se han reportado casos de recién nacidos con esta condición que impide el crecimiento normal del cerebro.
“El Departamento de Salud de San Juan y el Departamento de Salud han establecido su protocolo para atender las embarazadas que consiste en hacerse pruebas de zika tanto en el primer trimestre como en el segundo”, dijo Cruz en conferencia de prensa en el estacionamiento del Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey.
También se han diseñado carteles dirigidos a estudiantes de las tres escuelas del municipio, de las 25 “adoptadas” que pertenecen al sistema central de educación y los Colegios Universitarios en San Juan.

Mal parado el bienestar de menores en la Isla

Estudio encuentra que se mantiene un panorama que afecta el desarrollo de niños, niñas y jóvenes 

martes, 12 de abril de 2016 - 4:34 PM
Por ELNUEVODIA.COM
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El estudio resaltó que la economía sigue afectando el desarrollo de la juventud en Puerto Rico. (Archivo GFR Media)
Por tercer año consecutivo, un estudio reflejó que el bienestar de los niños en Puerto Rico está muy mal aspectado y fue objeto de una calificación de “D”.
Al actualizar el "Indice de Bienestar", el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) encontró que el 57% de los menores de edad en Puerto Rico siguen viviendo bajo el nivel de pobreza, informó la organización en comunicado de prensa.
Después de analizar los resultados de 27 indicadores en 52 jurisdicciones de Estados Unidos, el estudio ubicó a Puerto Rico en la posición número 17, siendo la primera posición la peor.
Este resultado representa un empeoramiento en comparación con los resultados del año 2013, cuando Puerto Rico quedó en la posición 36.
El estudio resaltó que la economía sigue afectando el desarrollo de la juventud en Puerto Rico.
“Que Puerto Rico tenga una 'D' en el bienestar de la juventud no es aceptable", sostuvo Gloriann Sacha Antonetty, directora de comunicaciones del Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ), en declaraciones escritas.
"La población por la que trabajamos se enfrenta a condiciones que limitan sus oportunidades de desarrollo. Viven en ambientes donde impera la pobreza, la inseguridad y no tienen acceso a una educación y cuidados de salud básicos y esenciales de calidad”, agregó. 
La Isla se ubicó en la peor posición en 10 de los 27 indicadores. 
Además de que el 57% de los menores en Puerto Rico vivan bajo el nivel de pobreza, otros hallazgos presentan que la mortalidad infantil es de nueve por cada 1,000; la tasa de nacimiento en mujeres entre 15 y 19 años es de 49%, infantes con bajo peso al nacer es de 12% y que un 29% de los estudiantes no ha realizado actividad física recientemente.
Asimismo, se observó que un 20% de los menores vive en un hogar donde uno de sus progenitores está desempleado o fuera del campo laboral; un 52% proviene de familias monoparentales y el 12% de los estudiantes no fueron a clase por sentirse inseguros en la escuela o en el camino tienen que tomar para llegar.
“Por tercer año consecutivo hemos estado monitoreando las estadísticas y en este ejercicio, principalmente podemos observar la gran disparidad que existe en nuestros niños, niñas y jóvenes, principalmente en el área de economía", señaló Caridad Arroyo, líder de estadísticas del IDJ.
"Siendo la primera posición la peor, Puerto Rico está en el lugar número 17 de 52 jurisdicciones. En el nivel de pobreza estamos peor que Misisipi que es el estado más pobre de los Estados Unidos”, añadió.
Mientras, el "Índice de Bienestar" además destacó que dentro del total de menores que viven en familias monoparentales, el 82% de esas están encabezadas por mujeres como jefas de familia.
"Y aunque la mediana de ingreso familiar es de $20,500, las mujeres jefas de familia sólo tienen una mediana de ingresos de $9,170. El nivel de pobreza en las mujeres jefas de familia es de 70% en comparación con un 33.7% en matrimonios", indicó Arroyo. 
"Estos datos y otros que hemos observado como parte de los esfuerzos del Instituto demuestran que existe una disparidad de ingresos por género a través de todos los niveles educativos en Puerto Rico", abundó. "El hombre gana más que la mujer, aún con la misma educación y mientras aumenta el nivel educativo más grande es la brecha en la mediana de ingresos entre géneros”.
En su comunicado, el IDJ presentó algunas estrategias para atener el panorama que surge del estudio.
Describió su propuesta como un enfoque de "Dos Generaciones".
Por un lado, sugiere proveer a las madres y padres múltiples vías para adquirir trabajos dignos, con beneficios que apoyan a las familias y los ayuden a alcanzar estabilidad económica.
Asimismo, propone asegurar el acceso a programas educativos de calidad para niñez temprana y experiencias enriquecedoras en nivel elemental.
De igual manera, plantea que se debe equipar a los padres para apoyar a sus hijos emocional y socialmente para que sean ellos quienes aboguen por servicios esenciales de calidad para sus hijos en las áreas de salud y educación.

Estudiantes de la UPR cabildean en contra de junta de control fiscal

Viajan a Washington para presentar cómo afectaría el proyecto a la universidad 

martes, 12 de abril de 2016 - 4:33 PM
Por ELNUEVODIA.COM
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(AP)
Un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico partió hoy a Washington D.C. con el propósito de cabildear en contra del proyecto denominado “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act” (Promesa) que anticipan sería detrimental para las futuras generaciones del País. 
“Nuestra tarea principal en este viaje es oponernos a la junta de control fiscal y presentar cómo esta afectaría a la Universidad de Puerto Rico”, indicó en comunicado de prensa María de Lourdes Dávila Andino, quien es estudiante de Educación Elemental con concentración en Español del Recinto de Cayey. 
Junto con Dávila Andino, completan la delegación Melissa Villanueva, representante estudiantil de la UPR en Arecibo, y los presidentes de los Consejos Generales de Estudiantes de los recintos de Río Piedras y Humacao, Guillermo Guasp Pérez y José R. Jiménez Castro. 
Guasp Pérez expuso que el grupo también quiere expresar la voz de la juventud ante la legislación federal que se desarrolla en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal. 
“La oposición al proyecto Promesa se justifica también por las medidas para reducir el salario mínimo federal de menores de 25 años, así como el éxodo de jóvenes de todos los estratos sociales que se produciría de aprobarse una medida como esta que sería en detrimento de la economía puertorriqueña. Es por esa razón que propondremos que las medidas se enfoquen en garantizar las herramientas para el desarrollo económico y social de la Isla como puede ser la eliminación de las leyes de cabotaje”, destacó Guasp Pérez quien es estudiante de Economía en el Recinto de Río Piedras.
De igual forma, Villanueva indicó que parte de la preocupación de la delegación juvenil es que quienes pagarían por esas decisiones sería la juventud del País. 
“La propuesta que quieren aceptar algunos líderes políticos del País es que la juventud puertorriqueña se someta a una junta de control fiscal que limita la gobernanza democrática y efectiva y los servicios básicos de educación, salud y seguridad por sus malas decisiones. Nuestra voz de oposición va a estar representada en las vistas que tenemos”, indicó la estudiante de Administración de Empresas con concentración en Gerencia.
Finalmente, el presidente del Consejo General de Estudiantes de UPR-Humacao, José R. Jiménez Castro, destacó que objetarán la disparidad en la asignación federal en programas de salud a Puerto Rico que “tienen el efecto de tratarnos como ciudadanos de segunda categoría a nivel de Estados Unidos”.
Durante su estadía en la capital de los Estados Unidos, los estudiantes se proponen solicitar a los congresistas que no se apruebe del proyecto y asistir a la vista pública sobre este que se celebrará mañana, miércoles, 13 de abril de 2016.

Farmacias urgen reglamentación para los intermediarios

Reclaman que los Administradores de Beneficios de Farmacia limitan el acceso de los medicamentos a los pacientes 

martes, 12 de abril de 2016 - 1:21 PM
Por ELNUEVODIA.COM
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(GFR Media)
La presidenta de la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico (Afcpr), Idalia Bonilla, reiteró hoy el reclamo de su grupo para que la Cámara de Representantes y el Senado tramiten legislación para regular a los Administradores de Beneficios de Farmacia (PBMs) “que operan sin reglamentación como intermediarios manejando los beneficios y procesando las cubiertas de medicamentos para las aseguradoras”. 
Las farmacias de la comunidad han resaltado que los PBMs les pagan medicamentos por debajo del costo de su compra a las droguerías, conllevando pérdidas y procesos de apelación onerosos que afectan su operación diaria. 
“Las acciones de los PBMs son insostenibles porque al no estar regulados, establecen protocolos que están retrasando o negando el despacho de medicamentos, dilatando servicios y limitando el acceso de los medicamentos a los pacientes”, indicó Bonilla en comunicado de prensa.
Apuntó, además, que los PBMs están creando redes cerradas que limitan el acceso de los pacientes a sus farmacias. 
“Aun cuando las farmacias de la comunidad tienen los medicamentos disponibles, los PBMs están enviando las recetas a otros lugares provocando que los pacientes tengan que esperar días y semanas para comenzar sus terapias. Esta situación empeora cuando el paciente se ve obligado a esperar a que le lleguen sus medicamentos por correo,” explicó la farmacéutica y dueña de farmacia de comunidad. 
La asociación alega también un trato discriminatorio en los procesos de contratación individual entre las farmacias y los PBMs, “los cuales son unilaterales e injustos para las farmacias, afectando a las farmacias de la comunidad”.
Asimismo, rechaza la alegación de que los PBMs negocian tarifas que mantienen los costos de los medicamentos más bajos al denunciar que los PBMs retienen para sí los descuentos, rebates y beneficios concedidos por los manufactureros de medicamentos, encareciendo el costo de medicamentos.
Un proyecto se encuentra ante consideración de la Comisión de Salud en la Cámara de representantes con el propósito de crear la Ley para Disponer Prácticas Comerciales Transparentes entre los Administradores de Beneficios de Farmacia (PBM, por sus siglas en inglés), y para otros fines relacionados. Fue presentado el 6 de julio de 2015 por el representante José Aponte Hernández y desde que apareció en la primera lectura de la Cámara el 17 de agosto de 2015, no ha avanzado en el trámite legislativo. 
Según se indicó en la comunicación, en Puerto Rico hay tres PBMs que controlan un 75% del mercado: MC21, Abarca Health y PharmPix. De todos los componentes del sistema de salud, los PBMs en el país son los únicos que no están reglamentados.
En Estados Unidos, se mencionó, al menos 32 estados han establecido legislación para regular y uniformar las auditorías a las farmacias por parte de los PBMs. Algunos de estos son Alabama, Arkansas, Connecticut, Iowa, Kansas, Maryland, Mississippi, South Dakota y Vermont.
En Puerto Rico, hay unas 750 farmacias independientes que les brindan servicios a miles de pacientes en toda la Isla.

Anuncian ponentes de audiencia sobre junta de control fiscal

Representantes del Tesoro y de la firma de inversiones Nueveen están entre los invitados a deponer ante el Congreso 

martes, 12 de abril de 2016 - 1:16 PM
Por ELNUEVODIA.COM
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El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, el republicano Rob Bishop, presentará esta tarde la legislación sobre la junta de control fiscal. (Archivo / AP)
WASHINGTON – Antonio Weiss, consejero del Secretario del Tesoro; el director gerente de la firma de inversiones Nueveen, John Miller, y el exalcalde de Washington, Anthony Williams, estarán mañana entre los ponentes de la audiencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el proyecto que impondría una junta federal de control fiscal sobre el gobierno de Puerto Rico.
Los profesores Simon Johnson, economista del Massachusetts Technology Institute (MIT), y Andrew Kent, de la Escuela de Derecho de Fordham University, también tienen previsto declarar.
La lista de invitados incluye además al abogado Susheel Kirpalani- del bufete Quinn, Emanuel, Urquahart y Sullivan de Nueva York-, y al vicepresidente para Asuntos Legales y Públicos del Centro para Libertad Individual, Timothy Lee. 
Del grupo, solo Lee, cuya organización mantiene una campaña de publicidad en contra de que se permita la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, no ha confirmado su asistencia.
La sesión, prevista para las 10:00 a.m., es la audiencia formal en la que los miembros del Comité de Recursos Naturales podrán escuchar puntos a favor y en contra de la legislación que presentará esta tarde el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop. 
La sesión de votación de la medida comenzaría en la tarde del miércoles, aunque probablemente limitada a la presentación de las declaraciones de los miembros del comité. La votación formal se prevé que ocurrirá el jueves.