(horizontal-x3)
Para la abogada, estos casos ejemplifican cómo aún no se sabe lidiar con delitos de esta índole, a pesar de que existen las herramientas legales. (GFR Media)
Aunque la Legislatura tiene ante su consideración varias medidas para penalizar el envío de datos íntimos o personales, lo cierto es que ya el Código Penal -enmendado en 2012- tipifica como delito tal acción, y más aún, el Senado considera desde el 2013 una pieza que de manera integral atendería el acoso cibernético, denunció la abogada experta en redes sociales, Julizzette Colón.
El acoso cibernético ha estado en la palestra desde el año pasado, a raíz de la divulgación de un vídeo en el que una mujer policía le práctica sexo oral a un agente y, más recientemente, por la divulgación, también no autorizada, de fotos íntimas de una mujer policía y de la hija de un funcionario electo. 
Para la abogada, estos casos ejemplifican cómo aún no se sabe lidiar con delitos de esta índole, a pesar de que existen las herramientas legales. Esto es así porque, cuando ocurre uno de esos incidentes, se escucha a legisladores que abogan por algún proyecto para penalizar el suceso. Además, indicó que desde hace tiempo el Estado ha debido establecer una política pública para atender de manera directa el acoso cibernético. 
“Es bien importante entender que nosotros, en vez de tener todas estas piezas separadas y aunque ya hay un articulado del Código Penal, que puede más o menos comprender una situación como esta, tiene que haber especificidad en la ley porque no se permite la aplicación de delitos por analogía. Estamos teniendo este debate por lo menos desde el 2013”, dijo la abogada. 
La necesidad urgente de una política pública contra el acoso cibernético, no sólo es patente por los casos recientes, sino porque resulta irónico que la Policía de Puerto Rico tenga una Unidad de Crímenes Cibernéticos.
“Y mi pregunta es, ¿dónde está el estatuto para procesar delitos cibernéticos?”, cuestionó Colón. 
“Esto es alarmante. Es preocupante”, aseguró. 
Dijo que es el momento idóneo para que el país se mueva hacia esa política. 
“Este es el momento para comprender que con relación al acoso cibernético, no a una modalidad aislada que puede ser este tipo de venganza pornográfica, como la quieren llamar. Necesitamos adoptar política pública con relación al acoso cibernético en todas sus modalidades. Aquí lo estamos viendo en el acoso de hombre y mujer. Ya tenemos legislación que atiende situaciones especiales como la Ley de Acecho, la Ley de Violencia Doméstica y el Código Penal. Nos falta una pieza de legislación integral”, reiteró. 
“Hay que entender que la conducta que queremos criminalizar ya la tenemos criminalizada. Lo que tenemos que hacer es incluir al nuevo medio”, añadió. 
En 2013 se radicó un proyecto de ley para combatir y erradicar el acoso cibernético o cyberbullying en Puerto Rico que fue de su autoría y lo sometió el presidente del Senado, Eduardo Bhatia. La medida, que de aprobarse, se llamaría “Ley para la Prevención y Manejo del Acoso Cibernético”, define el cyberbullying como toda conducta mediante la cual se utilizan medios electrónicos para enviar comunicaciones no deseadas a una determinada persona. El proyecto hubiese educado sobre el tema y el reto que representa el uso de la tecnología porque contenía un componente educativo para empleados públicos y estudiantes de escuela pública. Pero la medida aparece en primera lectura en la Legislatura desde mayo de 2013. 
Paralelo a esto, el país ya cuenta con el Código Penal que tiene una sección completa que penaliza el envío de información íntima sin el consentimiento de una parte y con el fin de que sea divulgada a gran escala, recordó Colón. Se refiere a la Sección de los Delitos contra el Derecho a la Intimidad que en sus diez artículos atiende, al menos, algunos delitos que se pueden configurar con el envío de imágenes, datos o comunicaciones personales.
En el Artículo 171, llamado Violación de Comunicaciones Personales, se tipifica como delito el envío de cualquier comunicación o documentos -incluso mediante el uso de aparatos electrónicos- “con el propósito de enterarse o permitir que cualquiera otra se entere”. El delito es sancionado con una pena de reclusión de tres años.
El Artículo 172 sobre Alteración y Uso de Datos Personales en archivos prohíbe el uso o alteración de datos de carácter personal o familiar que “se hallen registrados en discos o archivos informáticos o electrónicos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado”. Esta conducta, establece el Código Penal, también será sancionada con reclusión por un término fijo de tres años. Mientras, el Artículo 173 Revelación de Comunicaciones y Datos Personales está vinculado directamente con el Artículo 171 y también conlleva una pena de tres años fijos. 
El desconocimiento sobre este tema ha sido patente en los casos que han trascendido recientemente, dijo Colón. Una mujer policía fue suspendida luego de que alguien publicara en las redes sociales diversas fotos de ellas mientras se masturbaba. Posteriormente, se dieron a conocer las fotos de la hija del alcalde de Corozal, Sergio Torres, en las que se ve a la menor posando desnuda. Previamente, sacudió al país el vídeo de una mujer policía mientras le practicaba sexo oral a su compañero de trabajo. 
En ese entonces, el legislador popular Ángel Matos abogó por la aprobación de un proyecto de su autoría a días de que trascendiera todo el escándalo por la publicación del vídeo entre los dos oficiales de la Uniformada. Su proyecto, denominado “Ley Contra la Venganza Pornográfica en Puerto Rico” y presentado en febrero del años pasado, busca tipificar como un delito menos grave a cualquier persona “que intencionalmente o con conocimiento publique cualquier tipo de comunicación electrónica, fotos, vídeos o audios de material explícito consentido, sin la autorización ni consentimiento de su cónyuge, excónyuges, la persona que cohabita o ha cohabitado y la que sostiene o ha sostenido una relación consensual íntima, indistintamente de su orientación sexual o identidad de género”. La medida aún no ha sido aprobada. 
Ahora, también hay proyectos de la autoría de los representantes María Milagros Charbonier, Luis Vega y Manuel Natal para atender el manejo de fotos, vídeos o información íntima como mecanismo de venganza o sin la autorización de los implicados. 
“Es ver que hay una discusión en la palestra y es querer ser el salvador del momento sin mucha ponderación”, sentenció Colón en torno a la acción del legislador. 
“Están bienvenidos los proyectos y la legislación, pero que no sean oportunistas y que le hagamos un bien al país”, dijo.