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martes, 29 de abril de 2014

Seguro el pago de la deuda pública

Seguro el pago de la deuda pública

La secretaria de Hacienda deja la puerta abierta en el caso de las corporaciones
 
Por Joanisabel González/ joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
Melba Acosta, secretaria de Hacienda. (Archivo)
A solo horas de que el gobernador,  Alejandro García Padilla, anuncie recortes que rondarán hasta el 15% del presupuesto actual, hay una partida intocable: el pago de la deuda pública.
Eso aseguró la secretaria de Hacienda,  Melba Acosta Febo, quien planteó que la administración García Padilla trabaja para que el Gobierno opere “según los medios que posee”.
Sin embargo, la funcionaria dejó la puerta abierta en el tema, particularmente, cuando se trata de las corporaciones públicas.
Las expresiones de Acosta Febo surgieron durante una plática con un grupo de inversionistas en Río Grande, quienes le cuestionaron acerca de una posible reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico. Los inversionistas participaban de la Cumbre de Inversión que organizó la firma del multimillonario John Paulson.
“Creo que los rumores acerca de una reestructuración de la deuda vienen mayormente por las firmas legales y financieras que hemos contratado”, dijo Acosta Febo.
La semana pasada, este diario reveló la contratación de 13 firmas especializadas en la reestructuración de deuda o reorganización de entidades perdidosas por parte del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). La lista revelada por este diario -con una erogación de fondos públicos que, a la fecha, excede $5.5 millones- descansa en la información que ha provisto el BGF en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.
La funcionaria explicó que la contratación de las firmas se dio antes de que se acudiera al mercado con la transacción de $3,500 millones en obligaciones generales.
“Contratamos algunos asesores financieros para analizar nuestros números, para hacer proyecciones y ayudarnos a entender antes de que fuéramos al mercado; para estar seguros de que podíamos pagar la deuda que estábamos emitiendo”, explicó Acosta Febo en relación a la emisión de bonos que se vendió  el mes pasado.
 Entre las firmas contratadas por el BGF figura Millstein & Co., cuyo fundador trabajó la reestructuración de la deuda de la aseguradora American International Group (AIG) para el Tesoro estadounidense. Cleary Gottlieb Steen & Hamiltom fue la firma de abogados que asesoró a Grecia durante su crisis de deuda soberana y representa a Argentina en el litigio que mantiene con los bonistas tras declarar el impago de su deuda hace varios años.
“Sí, estas firmas han trabajado en reestructurar (deuda) en otras partes del mundo. Ahora mismo, no he estado involucrada en conversaciones acerca de reestructurar nada, pero ciertamente, estamos mirándolo todo”, indicó.
La contadora y abogada reconoció que en la Legislatura se radicó un proyecto de ley para crear las condiciones legales que permitan renegociar la deuda de las corporaciones, pero insistió en que  no ha participado en ninguna reunión a esos efectos.
Acto seguido, hizo una distinción entre reestructurar operaciones y renegociar la deuda.
Manifestó que algunas de las firmas asesoran a corporaciones públicas para que estas modifiquen sus operaciones y regresen a la rentabilidad. Ello permitirá que estas entidades no dependan de subsidios gubernamentales.
Hace unas dos semanas, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dijo a este diario que recibía apoyo de un asesor contratado por el BGF -FTI Consulting- y su director ejecutivo,  Juan F. Alicea, aseguró que descarta renegociar la deuda.
“Todo el mundo está diciendo que Puerto Rico está reestructurando (deuda), no necesariamente”, indicó.
Tras la emisión de bonos vendida en marzo pasado, la deuda pública de Puerto Rico aumentó a $72,796 millones.
 La emisión, que fue la primera que se vendió tras la degradación crediticia a rango especulativo, incluyó el servicio a la deuda que debe pagarse por esa transacción en los siguientes dos años fiscales.
A partir de julio próximo, el servicio a la deuda de los GOs será de unos $833.9 millones, sin incluir el pago de la emisión de $3,500 millones que fue capitalizado. A esa cifra, se agregará el pago de la deuda de las corporaciones públicas para alcanzar unos  $3,674 millones.

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